Con el triunfo arrollador del PP se configura un nuevo poder político en España con Rajoy al frente, que debe partir del profundo pesimismo social sobre la grave situación política y económica actual. Por supuesto que democráticamente corresponde a los nuevos representantes políticos dirigir el camino, encontrar el rumbo y las respuestas acertadas para la difícil salida de una situación de emergencia española y europea. Al menos en España hemos tenido la suerte de que en estas circunstancias el nuevo Gobierno lo han elegido los ciudadanos, lejos de cualquier representación tecnocrática como ha ocurrido en otros países europeos.
Esta legitimidad democrática y las propuestas políticas concretas que se derivan de la presentación de su programa electoral deben excluir también cualquier intento de Gobierno político de concentración, aunque el nuevo Ejecutivo debe ser consciente de que a pesar de su holgada mayoría y sus amplios márgenes de actuación política ningún poder político utilizando únicamente las estructuras y órganos políticos tiene capacidad para resolver una crisis española y europea de tan colosal dimensión. Tampoco limitando sus pactos al ámbito político de los diversos grupos y partidos, porque la complejidad y gravedad de la realidad actual, a la que se ha llegado bajo el impulso dominante de los mercados evidenciando la impotencia y el desfase de toda dirección política adecuada, ha puesto en evidencia la propia crisis de la política, de los partidos y del funcionamiento actual del sistema democrático que debe regenerarse a través de nuevas vías de participación ciudadana y de nuevos interlocutores sociales en la actividad pública-política, tarea nada fácil de conseguir ante el desprestigio actual de los políticos.
Se requiere un cambio profundo que debería comenzar por la transformación de las estructuras y actuaciones de los partidos que se han convertido en la práctica en meros mecanismos para conservar y conquistar el poder y toda la organización del Estado, cuando la plural y amplia realidad social actual desborda su capacidad política representativa y exige una nueva lectura del artículo 6 de nuestra Constitución garantizando su funcionamiento democrático interno y limitando el monopolio de su protagonismo e influencia política a favor de nuevas formas de participación ciudadana y de los diversos sectores sociales, cumpliendo así también el artículo 1 que reconoce a España como «Estado democrático y social».
Esta grave crisis es principalmente una consecuencia del funcionamiento actual del sistema democrático que demanda una nueva forma de hacer política y un nuevo pacto social entre los representantes políticos y los ciudadanos volviendo a recuperar la genuina raíz de la democracia y del desarrollo del poder político que no tiene su origen en los partidos políticos sino en los ciudadanos con la renovación del contrato mutuo de derechos y deberes exigibles recordando a Rousseau.
Lejos de la mercadotecnia de la campaña electoral es necesario recordar el compromiso de Rajoy en el sentido de «contar con todos piensen lo que piensen para liderar el cambio político. Que se sumen al cambio porque la tarea es dura y aspiramos a representar a todos». Ante esta invitación, con la esperanza que da la alta participación en las urnas, hay que convencer al mismo tiempo a los ciudadanos para participar en el desarrollo de la vida política, porque, como nos indica Antonio Machado, «sino otros lo harán por vosotros y, lo que es peor, contra vosotros».
En una sociedad moderna y desarrollada no debe ser difícil complementar la actuación de los partidos y ampliar la participación política a través de instituciones y asociaciones representativas intermedias, contando además de con sindicatos y empresarios, con representantes de colegios profesionales, de la universidad, del periodismo, de asociaciones de consumidores, etcétera. Sólo así se dará un contenido democrático permanente a la actuación del Gobierno y del Parlamento asegurando la paz social frente al legítimo descontento popular y haciendo realidad -citando ahora a Montesquieu- que la ley «sea la expresión de la voluntad general», legitimando así democráticamente el maltrecho Estado de Derecho actual y recobrando la credibilidad de la propia vida política, con la presencia de representantes en las instituciones públicas, pertenezcan o no a partidos, con la garantía de comportamientos éticos, una lealtad institucional más allá de su adscripción ideológica y una competencia y preparación adecuada.
Pasadas estas primeras semanas envueltas todavía en alerta máxima, lo que obligará al nuevo Gobierno a decisiones urgentes tomadas sobre la marcha, se debería poner en práctica una nueva política y un nuevo pacto social, que es exigible también a los demás partidos en la oposición. Especial dificultad tendrá en este nuevo panorama el PSOE cuya estrepitosa derrota evidencia la necesidad de un cambio profundo en la organización y en las personas que lo han dirigido y representado en la última etapa, incluida la campaña electoral. Su recuperación, previa una autocrítica hasta ahora inexistente, es, sin embargo, necesaria para el equilibrio del sistema democrático y la existencia de futuras alternativas de Gobierno.
Por Manuel Núñez Encabo, catedrático europeo Ad Personam Jean Monnet de Derecho de Ciudadanía, nombrado por la Comisión de la UE.