El pasado 23 de noviembre se reunieron en Santiago de Compostela los presidentes de las ocho comunidades autónomas representantes de la España vaciada: las dos Castillas, Galicia, Aragón, Asturias, La Rioja, Cantabria y Extremadura. Un encuentro insólito en el clima político actual (con cinco representantes del PSOE, dos del PP y el cántabro Revilla), pero no tan insólito por lo que al tema se refiere. Las comunidades más afectadas por la despoblación y el envejecimiento (todas las reunidas en Santiago salvo Cantabria y Extremadura) ya habían firmado tres años antes la Declaración de Zaragoza, que contenía una serie de reivindicaciones comunes a todos los territorios. Entonces, como ahora, se trataba de un encuentro por encima de adscripciones partidistas. Y entonces, como ha ocurrido ahora, el objetivo final era el de fijar posiciones con vistas a la negociación de la reforma de la financiación autonómica.
La cumbre de Santiago es un paso más en la articulación de alianzas con vistas a la negociación de una nueva LOFCA, que el Gobierno ha anunciado sin ponerle fecha concreta. La de la negociación autonómica es una de las patatas más calientes para un Ejecutivo. Tanto es así que Rajoy nunca quiso abordarla, a pesar de que durante su mandato caducó la última reforma, aprobada en 2009, cuya vigencia expiraba el primero de enero de 2014. Desde entonces han pasado casi ocho años y ningún Gobierno se ha atrevido a abrir esa carpeta. Ciertamente, en este tiempo se han producido cuatro elecciones generales, una moción de censura exitosa y un terremoto en el sistema de partidos, además de una sacudida existencial del propio modelo autonómico a raíz del procés independentista.
No es posible saber cuándo tiene previsto el Gobierno abrir formalmente la negociación de la nueva LOFCA. El calendario parecería propicio, una vez aprobado el presupuesto, pero los adelantos electorales no ayudan.
Lo que es evidente a estas alturas es que el escenario sobre el que se negociará la nueva financiación no tendrá nada que ver con el de 2009, y la reunión de Santiago es una prueba de ello, pero no solo. La negociación de 2009 es una muestra de las alianzas tradicionales, con Cataluña ejerciendo de rompehielos. Hoy en día, esas alianzas parecen superadas, en parte por la emergencia de nuevos ejes, como el de la despoblación, y el liderazgo catalán ni está ni se le espera.
La alianza del sur entre Andalucía, Extremadura y Castilla-La Mancha, que históricamente enarbolaba la solidaridad como principio rector del sistema, sufre hoy por el cambio de color en el Gobierno andaluz, lo que debilita el frente común que las tres autonomías habían mostrado siempre. La suma de Extremadura a la coalición de la España vaciada podría obedecer a la necesidad de ésta de encontrar una nueva alianza que sustituya a la anterior.
Tampoco sigue en pie la tradicional coalición del levante, en este caso por la dimisión de Cataluña, actor fundamental en las negociaciones anteriores y que ahora pretende negociar exclusivamente de forma bilateral con el Gobierno central. Este cambio ha obligado a Ximo Puig a emprender una gira de visitas a otras comunidades (Andalucía entre ellas), con la intención de recabar apoyos y forjar una nueva alianza con vistas a la negociación.
Ahora mismo sólo parece consolidada la coalición de la España vaciada, que responde al resurgimiento de la reivindicación rural frente a las áreas urbanas. Las coaliciones tradicionales, tanto la del sur como la del levante, han desaparecido. Y emerge en este nuevo escenario un actor principal que parece no tener ningún interés en sentarse a la mesa: Madrid. Convertido en el centro del debate por su política agresiva de dumping fiscal y su papel de ariete opositor al Gobierno central, la comunidad de Díaz Ayuso es la menos interesada en que la negociación pueda llegar a buen puerto, ya que cualquier nuevo acuerdo de financiación va a tener que abordar el papel de Madrid como aspiradora de recursos e inversiones, principalmente de esa España vaciada.
Madrid tradicionalmente ha estado ausente en los debates sobre la financiación territorial, protagonizados por las alianzas del sur y del levante, representantes de los dos polos de discusión. Ahora Madrid es literalmente el centro de la discusión y le es imposible ponerse de perfil. Su salvación sería que la negociación no se llegase a producir o, si se produjera, que no acabara en acuerdo. Es relevante que el Gobierno madrileño no haya hecho ningún movimiento de acercamiento a otras comunidades. Paradójicamente, puede que le acabe salvando el Govern independentista catalán. Sin el concurso de Cataluña todo el mundo entiende que no podrá haber acuerdo para una nueva financiación. La insistencia en la bilateralidad de Aragonès y los suyos no sólo deja a la Comunidad Valenciana sin aliados, sino que podría acabar siendo providencial para los intereses de Díaz Ayuso.
Oriol Bartomeus es profesor de Ciencia Política en la Universitat Autònoma de Barcelona.