Nuevas políticas migratorias de la UE y el grupo B5

La guerra de Siria ha sido objeto de numerosos estudios, ensayos e investigaciones, intentando desvelar las razones y causas que han llevado inevitablemente a la misma.

En el pasado mes de febrero, EEUU y Rusia llegaron a un acuerdo para tratar de conseguir una tregua; el 9 de marzo la ONU convocó a través de sus representantes en Ginebra al presidente sirio Bashar al Assad con los llamados grupos de la oposición, con el objeto de consolidar dicha tregua. Para ello se excluyeron al Estado Islámico y al Frente al Nusra, por motivos más que obvios, y refrendados por las  actuaciones del último sobre la sitiada ciudad de Alepo y en la provincia de Latakia, en un intento de desestabilizar nuevamente todo el proceso que ya había sufrido ataques en al menos nueve ocasiones durante el mes de abril.

El 20 de junio se celebró el Día del Refugiado. Una de las consecuencias directas ha sido la ya tratada migración forzada, que siguiendo diferentes rutas, buscan el centro de la UE en mayor porcentaje. Durante el año 2015 se produjo una corriente migratoria a través de la llamada “ruta griega” de cerca de 160.000 personas, de las cuales casi 45.000 lograron atravesar la frontera de FYROM, haciendo un total de 870.000 personas las que lograron llegar hasta las islas griegas.

Según los datos publicados de FRONTEX en el año 2016, a través de la ruta Mediterránea del Este, el número de cruces ilegales entre los meses de enero y marzo alcanzaron la cifra de 153.082 migrantes, de los cuales 75.019 eran sirios, 38.518 eran afganos y 24.596 iraquíes. Por la ruta Circular de Albania a Grecia, las cifras fueron para el número de cruces ilegales de 831, de los cuales 826 eran albaneses, 2 de FYROM y 1 de Serbia.

Desde los comienzos de la llamada “crisis de los refugiados”, la fractura política en el seno de la UE se hizo patente entre sus miembros a la hora de abordar el problema de la gestión de los refugiados llegados a las fronteras empleando las distintas rutas de acceso.

Precisamente en esta zona de claro interés geoestratégico, como es la zona de los Balcanes, coexistían una serie de países que habían vivido trayectorias políticas muy diferentes desde hace tres décadas, perteneciendo a organizaciones internacionales de seguridad contrapuestas e incluso los que existían al margen de todas ellas.

No obstante lo anterior, Bulgaria en 1996, inició lo que se conoció como el proceso de Cooperación en el Sureste de Europa, una auténtica “red de redes” tras la convocatoria en Sofía de la I Conferencia Ministerial, lo cual llevó a la conformación del Grupo de Visegrado, aquel que estableció lazos entre sus miembros y sobre todo un sentimiento identitario en la región de los Balcanes y entre sus miembros; Polonia, Hungría y Checoeslovaquia. A ello le sucedió el Cuarteto de Visegrado, tras la amistosa separación entre la república Checa y Eslovaquia.

Pero abundando en el deseo político de conformar un compacto grupo de países con base regional y trayectorias similares, se ideó el grupo Balcanes 5 (B5), pensando en países como Rumanía, Bulgaria, Grecia, Eslovenia y Croacia, un grupo que establecía como requisitos básicos para la adhesión al mismo la pertenencia simultánea a la UE y a la OTAN.

Aquí podemos encontrar una de las respuestas a una de las fracturas que se produjo en la UE a consecuencia de la guerra de Siria, la respuesta política de cada uno de los países y en concreto la de ese B5 y en general de la mayor parte de los países del bloque del Este.

La UE mediante la Convención de Dublín abordó qué Estado era responsable de la tramitación de una solicitud de asilo así como asegurar que al menos un Estado sería responsable de la tramitación, aquel en el que el solicitante llegaba por primera vez. Ya en aquellos tiempos, la realidad superaba las expectativas, y muchos solicitantes de asilo lo hacían en diferentes países. Para evitar estas prácticas se generó el Reglamento nº 343/2003, Dublín II, derogado a su vez por el Dublín III. Obviamente, y de nuevo los datos supra expuestos, demostraron que los países limítrofes de la orilla mediterránea soportaban las avalanchas migratorias con mayor intensidad, amén de la imposibilidad de seguir con los protocolos para establecer de entre los refugiados quien tenía realmente derecho al asilo, lo que se traducía en el descontrol de rutas de irregulares que se dirigían principalmente hacia Alemania y Suecia.

La UE intentó abordar el problema estableciendo cuotas de reparto entre los Estados miembros, excluyendo a Italia y Grecia, por razones que pueden parecer lógicas, y ya en esos primeros momentos hubo reticencias a dichas políticas por parte de países del Este que no compartían el reparto obligatorio.

Tras ello, en un nuevo impulso, la UE decidió establecer nuevas cuotas a tan sólo 22 de los 28 Estados miembros, excluyendo esta vez a Grecia, Italia, Hungría, Reino Unido, Dinamarca e Irlanda.

Hungría destacó por sus medidas draconianas ante la afluencia de refugiados: levantamiento de obstáculos, material antidisturbios, etc., así como las declaraciones de su primer ministro Viktor Orbán criticando a la UE por su gestión de la crisis de los refugiados y apoyándose en la Constitución del país para incidir en su responsabilidad de defenderla frente amenazas externas que no era incompatible con las demandas de asilo en un flujo de refugiados “razonablemente ordenado”.

El cierre de la frontera húngara con Croacia, llevó a desviar las corrientes migratorias hacia Eslovenia, provocando nuevos desastres administrativos y humanitarios, que ahondaron el desorden fronterizo compartido entre aquellas, Serbia, Hungría y Austria. Rumanía por su parte reforzó la frontera con Serbia, aunque no recibía una presión migratoria en aumento y sus seis centros de acogida tan sólo se hallaban ocupados entre un 20 y un 30%.

En un intento de aplacar los flujos migratorios incontrolados, las fracturas políticas, el ascenso de grupos identitarios a resultas de todo ello, los problemas logísticos y humanitarios, los actos de vandalismo y las amenazas ligadas al terrorismo, la UE decidió abordar el problema mediante la distribución automática de refugiados; puesto que con esta nueva opción, cuando un Estado que tramita las solicitudes de asilo se ve desbordado al llegar a un determinado límite asumible determinado por el asignado por la Agencia Europea de Asilo, EASO, lo que se hará efectivo cuando un país reciba más del 50% de ese nivel, se activará una fórmula de reparto automático controlado por dicha Agencia.

Para apuntalar esta medida, se estableció una penalización económica de 250.000 euros por cada refugiado rechazado en los países no colaboradores y que deberán abonar a aquellos que sí lo hagan.

La medida, que pretende ser efectiva y disuasoria, bien tiene entre sus miras la actitud poco colaboradora del bloque de países del Este; aquellos que fueron introducidos en la UE tras serlo en la OTAN, de una forma que hoy se ve algo acelerada, tomando como base su evolución política y sus sistemas político-económicos poco transparentes.

Tal vez, los objetivos estratégicos defensivos contaron más que la verdadera aptitud para la entrada en la UE, al margen de la ampliación de nuevos mercados; tal vez, no hubo ninguna prospectiva sobre movimientos migratorios incontrolados, o si la hubo no se consideró o no se quiso considerar como uno de los fenómenos que podría dar al traste con el proceso de integración europea; y tal vez, el grupo B5 no debería fijarse como objetivo primordial su relación cuasi-bilateral con Bruselas.

Jorge Garris Mozota, Comandante de Ingenieros. Doctor en Historia

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