Supongamos que los principales estrategas políticos del mundo se volvieran a reunir en Bretton Woods, New Hampshire, para diseñar un nuevo orden económico global. Naturalmente estarían preocupados por los problemas de hoy: la crisis de la eurozona, la recuperación global, la regulación financiera, los desequilibrios macroeconómicos internacionales y demás. Pero abordar estas cuestiones exigiría que los líderes reunidos se elevaran por encima de ellas y consideraran la solidez de los acuerdos económicos globales en general.
He aquí siete principios lógicos de gobernancia económica global sobre los que podrían llegar a un acuerdo (los analizo con más detalle en mi nuevo libro, The Globalization Paradox).
1. Los mercados deben estar profundamente incorporados a los sistemas de gobernancia. La idea de que los mercados se autorregulan recibió un golpe mortal en la reciente crisis financiera y se la debería enterrar de una vez por todas. Los mercados requieren que otras instituciones sociales los respalden. Se basan en tribunales, marcos legales y reguladores para establecer e implementar reglas. Dependen de funciones estabilizadoras que ofrecen los bancos centrales y la política fiscal contracíclica. Necesitan el compromiso político que la tributación redistributiva, las redes de seguridad y el seguro social ayudan a generar. Y todo esto es válido también para los mercados globales.
2. Para el futuro previsible, la gobernancia democrática quizá se organice básicamente dentro de comunidades políticas nacionales. El estado nacional vive, si no del todo bien, y sigue siendo esencialmente la mejor alternativa. La búsqueda de gobernancia global es algo absurdo. Es improbable que los gobiernos nacionales cedan un control significativo a instituciones trasnacionales, y las reglas armonizadoras no beneficiarían a sociedades con necesidades y preferencias diversas. La Unión Europea puede ser la única excepción para este axioma, aunque su crisis actual tiende a demostrar que es así.
Con demasiada frecuencia derrochamos la cooperación internacional en objetivos excesivamente ambiciosos, produciendo en definitiva resultados débiles que son el denominador común más bajo entre los principales estados. Cuando la cooperación internacional sí “tiene éxito”, genera reglas que o son ineficaces o reflejan las preferencias sólo de los estados más poderosos. Las reglas de Basilea sobre los requerimientos de capital y las reglas de la Organización Mundial del Comercio sobre los subsidios, la propiedad intelectual y las medidas de inversión tipifican este tipo de extralimitación. Podemos mejorar la eficiencia y legitimidad de la globalización respaldando y no entorpeciendo los procedimientos democráticos en casa.
3. Prosperidad pluralista. Reconocer que la infraestructura institucional medular de la economía global debe construirse a nivel nacional libera a los países para desarrollar las instituciones que más les convienen. Estados Unidos, Europa y Japón produjeron cantidades comparables de riqueza en el largo plazo. Sin embargo, sus mercados laborales, la gobernancia corporativa, las leyes antimonopólicas, la protección social y los sistemas financieros difieren considerablemente, y siempre hubo una sucesión de estos “modelos” –uno diferente cada década- a los que se ungía con el gran éxito a ser emulado.
Las sociedades más exitosas del futuro dejarán espacio para la experimentación y permitirán una mayor evolución de las instituciones. Una economía global que reconoce la necesidad y el valor de la diversidad institucional alentaría y no sofocaría esa experimentación y evolución.
4. Los países tienen derecho a proteger sus propias regulaciones e instituciones. Loa principios previos pueden parecer inocuos. Pero conllevan fuertes implicancias que chocan con la opinión general de los defensores de la globalización. Una de esas implicancias es el derecho de los países individuales a salvaguardar sus elecciones institucionales internas. El reconocimiento de la diversidad institucional no tendría sentido si los países no tuvieran los instrumentos a su disposición para forjar y mantener –en una palabra, “proteger”- a sus propias instituciones.
Por lo tanto, deberíamos aceptar que los países puedan propugnar reglas nacionales –políticas fiscales, regulaciones financieras, normas laborales o leyes de salud y seguridad de los consumidores- y que puedan hacerlo levantando barreras en la frontera si fuera necesario, cuando el comercio ostensiblemente amenaza las prácticas domésticas que cuentan con un amplio respaldo popular. Si los impulsores de la globalización tienen razón, el clamor por protección no cundirá por falta de evidencia o apoyo. Si están equivocados, habrá una válvula de seguridad destinada a asegurar que los valores en pugna –los beneficios de economías abiertas frente a los réditos derivados de implementar regulaciones domésticas- sean escuchados de manera apropiada en los debates públicos.
5. Los países no tienen derecho a imponerles sus instituciones a los demás. Utilizar restricciones al comercio o a las finanzas transfronterizos para defender valores y regulaciones en casa es muy diferente de usarlas para imponer esos valores y regulaciones a otros países. Las reglas de la globalización no deberían obligar a norteamericanos o europeos a consumir bienes que son producidos con métodos que la mayoría de los ciudadanos en esos países consideran inaceptables. Pero tampoco deberían permitirles a Estados Unidos o a la UE usar sanciones comerciales u otras presiones para alterar las reglas del mercado laboral, las políticas ambientales o las regulaciones financieras de países extranjeros. Los países tienen derecho a la diferencia, no a una convergencia impuesta.
6. Los acuerdos económicos internacionales deben establecer reglas para administrar la interacción entre instituciones nacionales. Basarse en los estados nacionales para que proporcionen las funciones de gobernancia esenciales de la economía mundial no implica que debamos abandonar las reglas internacionales. El régimen de Bretton Woods, después de todo, tenía reglas claras, aunque eran limitadas en su alcance y profundidad, Una discusión general completamente descentralizada no beneficiaría a nadie.
Lo que necesitamos son reglas de tráfico para la economía global que ayuden a los vehículos de diferente tamaño, forma y velocidad a navegar uno junto al otro, en lugar de imponer un auto idéntico o un límite de velocidad uniforme. Deberíamos esforzarnos por alcanzar una máxima globalización que sea coherente con un espacio para la diversidad en los acuerdos institucionales nacionales.
7. Los países no democráticos no pueden contar con los mismos derechos y privilegios en el orden económico internacional que las democracias. Lo que les otorga atractivo y legitimidad a los principios previos es que se basan en una deliberación democrática –donde ésta realmente ocurre, al interior de los estados nacionales-. Cuando los estados no son democráticos, este andamiaje colapsa. Ya no podemos suponer que sus acuerdos institucionales reflejan las preferencias de sus ciudadanos. De manera que las no democracias tienen que actuar con reglas diferentes, menos permisivas.
Estos son los principios que los arquitectos del próximo orden económico global deben aceptar. Más importante aún, deben comprender la máxima paradoja que cada uno de estos principios resalta: la globalización funciona mejor cuando no se la empuja demasiado lejos.
Dani Rodrik, profesor de Economía Política en la Escuela de Gobierno John F. Kennedy de la Universidad de Harvard y autor de One Economics, Many Recipes: Globalization, Institutions, and Economic Growth.