Uno de los problemas más arraigados en la Universidad española es el bajo nivel de competencia existente entre sus centros y profesorados. Apenas hay incentivos que permitan distinguir de forma sistemática entre prestigiosos y mediocres investigadores / docentes. Tampoco existen penalizaciones relevantes por parte de los poderes públicos que recorten radicalmente los presupuestos de aquellos departamentos con productividad científica insuficiente. Sin embargo, dado su desafortunado carácter asambleario, lo que sí existen son incentivos que favorecen comportamientos estratégicos por parte de colectivos interesados en perpetuar sus privilegios mediante el apoyo cautivo de sus colegas en situación precaria.
Podría argumentarse que el diagnóstico previo es exagerado ya que la archiconocida endogamia de nuestra universidad ha disminuido significativamente a consecuencia de la introducción de los concursos de acreditación pública y la obtención de sexenios de investigación con niveles de exigencia relativamente elevados. Sin embargo, se está volviendo a las andadas a través de dos nuevas vías de endogamia encubierta cuyas consecuencias pueden ser muy dañinas.
En primer lugar, nos encontramos con los contratos laborales ordinarios que se utilizan crecientemente como un sustituto perfecto de los antiguos mecanismos de funcionarización favorecedores de la perversa endogamia. Actualmente, ausentes los incentivos de nuevas contrataciones competitivas, resulta más sencillo para muchos departamentos contratar a sus propios licenciados, integrándolos en sus mediocres programas de doctorado con el objetivo de que algún día alcancen la acreditación en las agencias autonómicas. En un sistema sin penalización a la falta de competitividad, se les ofrecen a estos jóvenes contratos laborales indefinidos (si bien muy mal remunerados) a cambio de generar deudas no perecederas a través de sus votos cautivos. Además del mecanismo de selección adversa (los mejores alumnos suelen dejar la carrera académica), son muy perjudiciales los casos en que, con ocasión de la jubilación de algún catedrático o profesor titular, no se sacan dichas plazas a concursos abiertos y competitivos, cubriéndose la carga lectiva de los jubilados mediante este tipo de contratos. Ello genera una ausencia preocupante de rotación en el profesorado y una incapacidad generalizada de contratar doctores procedentes de los mejores programas de posgrado nacionales y, sobre todo, internacionales. Por plantear una pregunta concreta: ¿en qué universidad española encuentra trabajo un buen doctorando reciente en Economía o Empresa que no quiera abandonar España? Si, por los motivos que sean, no recibe una oferta de aquellos pocos departamentos que actúan abiertamente frente a la endogamia no contratando a sus propios doctores (los más destacados: Autónoma de Barcelona, Carlos III de Madrid y Pompeu Fabra), su destino inevitable será convertirse en carne de cañón para perpetuar la endogamia en sus mediocres departamentos de procedencia.
Un segundo mecanismo de la nueva endogamia son los nuevos grados asociados a Bolonia. El mecanismo de propuestas de estos grados ha permitido a los dirigentes de los departamentos / universidades impulsar estudios con un reparto de materias favorable a sus grupos afines. Por contra, a menudo se ha castigado a aquellos otros grupos minoritarios más competitivos y menos entregados a la causa, los cuales reciben menor presupuesto en un sistema donde el número de alumnos disponibles determina más del 70% de la financiación obtenida. Esto tendrá consecuencias perniciosas sobre la formación de nuestros universitarios.
Resulta imprescindible adoptar medidas urgentes para corregir este peligroso rumbo. Entre ellas: 1. Introducir mecanismos claros de premio y castigo que permitan la discriminación real entre los profesores universitarios de acuerdo con estándares internacionales de calidad; 2. Penalizar en muchas disciplinas la contratación de profesorado formado en la propia institución; 3. Limitar el número máximo de años que un profesor pueda estar como contratado antes de obtener la acreditación como titular; 4. Eliminar un gran número de programas de doctorado que no alcancen unos mínimos reconocidos de calidad; 5. Implementar incentivos a la movilidad del profesorado, eliminando las trabas burocráticas; 6. Fomentar los rankings de departamentos y no de universidades (los campus de excelencia no tienen sentido), y 7. Eliminar los precios públicos de los másteres, introduciendo una competencia mucho más directa entre departamentos, permitiendo financiarse a los mejores sin depender de dinero público.
La necesidad de un mejor capital humano la reconocemos todos. Pero resulta lamentable que la institución llamada a formar a nuestros universitarios sea incapaz de trabajar con el mejor capital humano disponible por oscuros motivos e intereses corporativos. Ponerse a ello desde los estamentos públicos es más sencillo de lo que se transmite. Se necesita la firme voluntad de hacerlo. En su ausencia, la creciente competencia mundial en educación superior, en la que participan algunos de nuestros departamentos, acabará con la mayoría de nuestras universidades. Ya lo demostró Darwin con las especies.
Por Juan J. Dolado, profesor de la Universidad Carlos III de Madrid, y Gonzalo Rubio, de la Universidad CEU Cardenal Herrera.