La ley reguladora del indulto sólo parece exigir razones de justicia, equidad o utilidad pública para los indultos totales. Sin embargo, puesto que todos han de motivarse, como medidas extraordinarias y excepciones a la separación de poderes que son, el TS, al menos desde 2013, ha extendido esa exigencia a todo tipo de indultos, añadiendo que han de derivarse coherentemente de los hechos que aparecen en el expediente, para así evitar casos de error material patente, de arbitrariedad o de irracionabilidad lógica. Es la única forma de controlar que no se cubra el expediente con razones falsas, absurdas o inventadas. Esos cajones justificativos –justicia, equidad, utilidad pública– son lo suficientemente amplios como para incluir un casuismo enorme y es muy fácil sortear la arbitrariedad, pero eso no impide que la sintamos reptar bajo los énfasis.
La utilidad pública no puede predicarse en el vacío, como si España fuese un Estado fallido, predemocrático o sin instituciones funcionales. Todos estamos sujetos a la ley, y a la búsqueda pacífica y ordenada de soluciones a los conflictos sociales. También la ley penal se justifica y debe aplicarse desde ese espíritu, como una forma de protección colectiva frente a los ataques más intensos. Los líderes secesionistas no paran de calificar a España de Estado autoritario que persigue a sus ciudadanos por sus opiniones políticas e impide violentamente el ejercicio de libertades básicas. Junqueras, en esa carta que se ha utilizado al parecer en el expediente como elemento favorable, afirma ser un preso político objeto de persecución judicial y repite que es favorable al mismo diálogo al que apelaba justo antes de cometer actos sediciosos. En resumen: los secesionistas son coherentes. Quieren «desjudicializar el conflicto» porque no quieren que se les aplique la «antidemocrática» ley española y el indulto es el primer paso. Es como si los indultados fueran los autores del indulto.
Pero ¿y el Gobierno? La utilidad del indulto la concreta en el mismo núcleo de la actividad delictiva: las consecuencias del ataque a las instituciones deben minimizarse porque los líderes condenados cuentan con peso político, respaldo electoral, valor simbólico o preeminencia, y para rebajar la tensión y encarrilar la solución por la vía del diálogo. Los condenados son indultados exactamente por las mismas razones que, según sus manifestaciones, legitimaron su gravísima conducta: el apoyo de millones y su liderazgo. Pero si los crímenes cometidos por esas razones desembocaron en una confrontación social y una crisis institucional gravísimas por desconocerse la legalidad constitucional, ¿cómo van precisamente esas razones a justificar un indulto?
Esta esquizofrenia —España es una democracia, la ley es democrática, no se discute la justicia de la sentencia, a la vez que se sostiene que es útil rebajar las condenas porque muchos millones creen que España no es una democracia, la ley no es democrática y la sentencia es injusta— alcanza su culminación en este argumento: el cumplimiento de penas privativas de libertad puede reforzar las lógicas de desafección, generando una falsa percepción de injusticia en quienes ven a sus representantes encarcelados y en quienes consideran que el castigo es excesivo. La percepción es falsa, pero se indulta a esos líderes. Es falsa, pero el Gobierno actúa como si fuera verdadera. Para responder a un gravísimo ataque contra la convivencia lo útil es reforzar los argumentos de sus principales responsables.
Este salto al vacío es un sinsentido. Solo se justificaría una medida así como forma de pacificación si los condenados admitiesen (sin por ello renunciar a sus ideas) que cometieron una ilegalidad contra un ordenamiento democrático y renunciasen formalmente a seguir de nuevo ese camino. El indulto, sin embargo, se concede pese a constantes afirmaciones públicas de lo contrario.
Y esto sin considerar lo más grave, que el Gobierno cuenta con los partidos de los indultados para mantenerse y prolongarse en el poder. Lo inexplicable encubre lo explicable, la alegada utilidad pública se mancha con la utilidad particular de los que indultan. No bastará para convertir judicialmente lo discrecional en arbitrario, pero esto, políticamente, es corrupción.
Tsevan Rabtan es abogado y autor de Atlas del bien y del mal (GeoPlaneta, 2017).