Constituido el segundo Gobierno Rajoy -al que deberíamos añadir sus doce meses en funciones, en los que no ha permanecido estrictamente como tal- parece conveniente considerar las nuevas exigencias que la situación demanda.
Porque a nadie se le escapa que no vamos a vivir en el escenario de la habitual política gobierno-oposición, o no al menos en lo que se refiere al partido del que quien suscribe es diputado. Y no sólo por el pacto para la investidura que firmó Ciudadanos con el PP, que también, sino por la responsabilidad del partido de Rivera en la gobernabilidad de España, dadas las urgentes reformas que nuestro país necesita.
Porque ambas cuestiones -gobernabilidad y reformas- están indisolublemente ligadas. A pesar de que el PP ha carecido de voluntad de cambio, más allá de una política de ajustes que hundieron a la clase media española y nos trajeron la dudosa aportación del populismo, la responsabilidad de Ciudadanos consistirá en que el Gobierno en minoría cumpla con el programa pactado con él y defina políticas reformistas en los puntos en que no se han pactado cuestiones concretas.
Seguramente que la tentación de Rajoy se centrará en la aprobación del techo de gasto y los Presupuestos. Y que condene al Parlamento a la inacción provocada por su veto a la aprobación de medidas que tengan contenido económico. Una vez que disponga de los presupuestos, Rajoy podría concentrarse en el congreso de su partido y pensar si ha llegado la hora del designio de su sucesor o de si ese nombre deberá esperar aún, porque los designios de su presidente son siempre inescrutables. Y después esperar.
Esa es la tensión principal que presidirá la legislatura, la de las reformas o los retardos a las mismas por aquello del "ahora no toca". Unida a la que ya está viviendo el PSOE contra sí mismo y contra los de Podemos. Y que Rajoy bien pudiera aprovechar en su propio beneficio, al precio eso sí de desarticular finalmente a la socialdemocracia española y entregar toda la oposición al populismo. Nada de eso se podría descartar en el momento presente.
En todo caso, el terreno de juego es ese y hay que jugar el partido. Una competición compleja, en la que los jugadores rivales son acreditados maestros en el arte del regate corto o de retroceder el balón al terreno propio confiando en que transcurra el tiempo y el arbitro señale el final del partido. Habrá sin embargo quien condene a Ciudadanos antes incluso de que empiece a jugarse, convendría que esperen y nos ofrezcan al menos el beneficio de la duda. Franquear la defensa del Gobierno no será tarea fácil, pero tampoco la política lo ha sido nunca. Introducir una señal por la cual los valores presidan nuestra acción política tiene su importancia.
En la escena internacional, por ejemplo, la reclamación de los derechos humanos en nuestras relaciones con terceros países debería formar parte del protocolo básico de nuestra política: demandar la abolición de la inhumana condena al bloguero saudí, Raif Badawi -diez años de prisión y mil latigazos-, la vinculación de las relaciones comerciales con Cuba a un respeto de ese país a las libertades civiles y a la acción de su disidencia o nuestro apoyo a la solución del contencioso saharaui desbloqueando una situación no resuelta desde el alto el fuego entre Marruecos y el Frente Polisario del que se acaban de cumplir 25 años... por no referirme al lamentable espectáculo de los entretejidos intereses de algunos dirigentes políticos españoles con la dictadura de la antigua colonia española de Guinea Ecuatorial.
Algunos países de la UE a los que España debería intentar parecerse consideran que la política exterior no debe disociarse de la interior. Y si proclamamos el respeto a las libertades en el ámbito nacional no deberíamos mirar hacia otro lado cuando esos valores se conculcan en el ámbito exterior. Claro que tampoco la democracia española constituye un modelo equiparable al de nuestros socios del norte, por aquello de la coherencia entre las malas políticas: la corrupción interior y exterior no constituye novedad entre nosotros.
Ciudadanos está de acuerdo en que la política internacional española es una cuestión de Estado y a que debe encontrarse un consenso básico entre las principales fuerzas políticas, no todas, porque el populismo no parece excesivamente propiciador de acuerdos. Pero ese consenso no puede ser el producto de un compromiso tácito basado en la mera sucesión de gobiernos PSOE y PP sin que se modifique el paradigma general de actuación.
Si Ciudadanos entra en ese consenso -y el Gobierno lo necesita sin duda- será a través de la introducción de la idea de los valores en nuestro trabajo exterior. Una sugerencia que este segundo gobierno Rajoy debería atender si pretende mantener la estabilidad también en este terreno.
Fernando Maura es diputado nacional de Ciudadanos.