Nuevo Gobierno, pensiones y Pacto de Toledo

Entre los asuntos urgentes que deberá abordar el nuevo Gobierno destaca, junto al ajuste fiscal exigido por la UE, qué hacer con las pensiones. Tanto para el Gobierno, que contempla con preocupación cómo, incluso en estos dos últimos años de crecimiento del empleo (más de 1,5 millones de nuevos ocupados desde el primer trimestre de 2014) se ha vaciado el fondo de reserva de la Seguridad Social. Como para la oposición, por la manifiesta voluntad de revertir la reforma de pensiones del anterior Ejecutivo.

En lo tocante a este asunto hay que ser muy cuidadosos, tanto sobre la cobertura del sistema como de sus perspectivas de medio y largo plazo. Sobre a quién deberían cubrir las cotizaciones de los ocupados, es inevitable que el Pacto de Toledo comience a discutir la financiación de las pensiones no directamente contributivas. Porque si las de viudedad, unos 21.000 millones, se financiaran con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, se liquidaría de un plumazo el déficit que arrastra anualmente el sistema (unos 17.000 millones). Pero esta financiación con impuestos es, hoy por hoy, más que problemática.

Pero sean cuales sean las medidas que se adopten de inmediato, los problemas del medio y, en especial, del largo plazo, son más serios. Y ello por que el gasto en pensiones tiende a crecer inevitablemente por efecto del aumento del número de pensionistas y el de la pensión media. En el primer caso, entre el 2005 y el 2015, aquellos han pasado de los 7,9 a los 9,3 millones (pensionistas de todas las edades); y, en el segundo, porque las nuevas pensiones son, en promedio, superiores a las que salen del sistema por defunción: en el mismo período, la media ha aumentado un 45,5%, desde los 609 a los 867 euros.

La reciente publicación de las proyecciones de población 2016-2066 del INE ayuda a entender a lo que nos enfrentamos. Aunque es cierto que el 2066 queda muy lejos, el horizonte del 2031, está a la vuelta de la esquina, y las expectativas para ese periodo son ya muy preocupantes. Permítanme resumir las que nos importan.

Primero, los nacimientos continuarán cayendo: en 2016-31 el 22% inferiores a los 15 años anteriores. Segundo, esa pérdida no sería el resultado de la disminución de la fecundidad, que se mantendría, sino de la reducción de mujeres en edad fértil (las de 15 a 49 años habrán caído un 17% en el 2031). Tercero, aunque el INE espera una inmigración positiva, menos nacimientos y más defunciones provocarán una pérdida moderada de población: un -1,2% en el 2031, unos 550.000 habitantes menos.

Pero, a efectos del debate sobre pensiones, lo realmente relevante es la distribución por edades de esa disminución. Dejando de lado la de los niños (unos 880.000 menos en el 2031), aquella pérdida refleja el colapso de un grupo crítico para el mercado de trabajo, el de 30 a 49 años, que retrocedería un insólito 29%, y pasaría de los 14,6 millones actuales a los 10,4 millones en el 2031. Estas contracciones se compensarán con un ligero aumento de 16 a 29 años (unos 440.000) y con las ganancias de los de 50 a 64 años (1,7 millones), que pasarán de aportar el 19,6% de esa población en el 2016 al 23,6% en el 2031. Y, en especial, por el extraordinario aumento de los de 65 y más años: desde los 8,7 a los 11,7 millones, un 35% más. De esta forma, el peso de los potenciales pensionistas (mayores de 64 años), hoy en el 18,7% de la población, aumentaría hasta el 25,6% en el 2031.

Y en el horizonte 2066 la situación empeora sensiblemente: pérdida de población de 5,4 millones, concentrada en niños (-2,4 millones) y adultos en edad de trabajar (-8,4 millones) y, parcialmente, compensada con el aumento de 65 y más años (5,4 millones). De cumplirse ese panorama, este último grupo significaría un insólito 35% de la población en el 2066.

Es cierto que en el muy corto plazo existen efectivos disponibles en el mercado de trabajo que parecería podrían mejorar la situación de la tesorería de la Seguridad Social. Pero no se alegren en demasía: una cosa es que haya parados o inactivos potencialmente ocupables, y otra, muy distinta, que tengan la cualificación y la experiencia adecuadas para los nuevos empleos. Además, en términos de la capacidad de generar recursos para el sistema, la situación puede ser peor de lo que podría esperarse, por el negativo impacto que tiene el creciente envejecimiento de la población sobre el crecimiento y la productividad.

En todo caso, buena suerte a la comisión del Parlamento que ha de rediscutir el Pacto de Toledo. La va a necesitar. La necesitamos todos.

Josep Oliver Alonso, UAB y EuropeG.

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