Nuevo Gobierno, ¿viejos problemas?

Hace apenas un mes que en España se constituyó un nuevo Gobierno, tras el inesperado triunfo de la moción de censura contra el Gobierno presidido por Mariano Rajoy. Las causas que han propiciado la sorprendente caída del Gobierno sustentado por el partido con mayor representación en las Cortes Generales pueden ser muchas, pero no hay duda de que una de ellas, quizá la más importante, ha sido la sospecha, y para muchos la certeza, de que la corrupción en amplias parcelas del sector público ha alcanzado unos niveles intolerables que requieren unas actuaciones mucho más exigentes y rigurosas.

Fedeca, como representante de los altos funcionarios de la Administración del Estado, es esencialmente apolítica, pero hacemos un llamamiento al nuevo Gobierno para que evite buena parte de los errores cometidos por los anteriores en temas de Administración y de Función Pública, y aproveche para sentar las bases y trabajar para conseguir que esos mismos errores no se repitan en el futuro.

Son muchos los aspectos de esta Administración y de su Función Pública que necesitan de reformas o de ajustes para adaptarlas a lo que un país serio, moderno y desarrollado necesita, y así lo manifestamos de forma permanente desde distintos foros, con propuestas encaminadas a hacer de la Administración pública un espacio independiente y moderno. Sin embargo, la mayor parte de las reformas auspiciadas por Fedeca pueden resumirse en la necesidad de que nuestros dirigentes políticos comprendan, por fin, que cuentan con una Función Pública competente, en cuya profesionalidad pueden confiar plenamente, y que está totalmente al servicio de las políticas que en cada caso se decidan por los órganos a los que les corresponde su definición.

Los funcionarios no pretendemos suplantar a los órganos superiores de la Administración, no queremos legislar, ni definir políticas públicas. Pero, del mismo modo, entendemos que la función pública debe actuar y su personal debe ser seleccionado solo con criterios de independencia, imparcialidad y profesionalidad, evitando toda veleidad de considerar que la Administración Pública como un botín que el gobernante de turno puede utilizar donde ubicar a personas cuya principal cualidad haya sido la lealtad política y demás allegados.

Algunos de los primeros nombramientos del nuevo Gobierno no parece que hayan ido en la buena dirección, por cuanto pueden haber dado la sensación de que han primado más criterios de confianza personal o política, o incluso, de equilibrios territoriales, que criterios estrictamente profesionales. Sin embargo, mientras estos criterios queden circunscritos a los niveles políticos, a la alta dirección de la Administración Pública, desde Fedeca no hay nada que objetar, más allá de la opinión que cada uno de nosotros pueda tener sobre estos nombramientos, como cualquier otro ciudadano de este país. Insistimos, el ámbito político debe ser desempeñado por los políticos.

Por el contrario, nos ha alarmado mucho más el que el Real Decreto por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales excepcione de la obligación de que los titulares de un total de nueve órganos superiores sean funcionarios (ocho direcciones generales y un organismo autónomo), tal como exige la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público. Se trata de la misma situación que viene repitiéndose con cada cambio de Gobierno y que ya denunciamos en febrero de 2017, cuando el Gobierno anterior aplicó esta excepción a un total de 10 direcciones generales. Hubiéramos deseado que algo así, de nuevo, no se repitiera.

Resulta llamativo, una vez más, que muchas de las direcciones generales en las que, atendidas sus especiales características, en el año 2016 se entendió que no era posible que fueran desempeñadas por funcionarios, ahora resulte que sí lo es y ya no estén excepcionadas; y, por el contrario, direcciones generales que en aquél año no necesitaron de la excepción, ahora sí la requieran. Esto es una prueba más, por si alguien todavía tenía dudas, de que las excepciones no se imponen tanto por las especialidades del órgano, sino por la persona concreta que se desea que sea la titular del mismo. Como ya dijimos en 2017, “parece obvio que esta profusión de excepciones lo son en función de la persona intuitu personae y por la particular trayectoria política de sus titulares, y poco o nada tiene que ver con las funciones que van a desarrollar sus titulares”. Es un ejemplo de las peores tradiciones de clientelismo político que tanto han venido lastrando a nuestras administraciones públicas en el pasado y que tanto cuesta desterrar. Confiamos que todo esto no sea una muestra de cuál va a ser la actuación del nuevo Gobierno en temas de función pública, y que solo se trate de rémoras de vicios pasados que pronto van a desaparecer. Como decíamos al principio, esto no es lo que España necesita para seguir avanzando en la senda de la modernidad y de la eficacia.

Nuestro país necesita acometer con urgencia y de una forma decidida reformas de la Administración Pública, en que se den mayores niveles de calidad en la gestión, de eficacia y de racionalización de recursos, y en la que los gobernantes entiendan de verdad que una Administración Pública profesional e independiente, en la que la única injerencia que reciban de la política sea la de recibir las órdenes e instrucciones que emanen de los órganos superiores -dentro de los principios de legalidad y de competencia- es una garantía de una administración eficaz y verdaderamente al servicio del fin para el que existen, que es el servicio a los ciudadanos.

Como funcionarios con vocación de servicio público, nos ponemos una vez más a disposición del Gobierno de España y de nuestros máximos responsables, la ministra de Administración Territorial y Función Pública, y del Secretario de Estado de Función Pública, a quienes con mucho gusto presentaremos las propuestas y sugerencias de Fedeca en estas cuestiones, especialmente, la de la necesidad de aprobar de forma urgente un nuevo Estatuto del Directivo Público.

Jordi Solé Estalella es presidente de Cuerpos Superiores del Estado (Fedeca).

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