Hasta el pasado 20 de enero, Sareb actuaba sometida a los principios de transparencia y de gestión profesional, con obligación de optimizar el valor de sus activos. A partir de dicha fecha (entrada en vigor del Real Decreto-Ley 1/2022) el mandato de Sareb es algo más complejo, ya que a los principios anteriores une los de sostenibilidad y utilidad social. «En cumplimiento del principio de sostenibilidad, Sareb elaborará estrategias de cesión de inmuebles a entidades públicas o a entidades no lucrativas, en las que ponderará la utilidad social de estos inmuebles dentro del objetivo de maximización del valor, de forma coordinada con los departamentos ministeriales competentes en la materia», dice el Decreto-Ley recién aprobado.
En otras palabras, Sareb ya no tiene obligación de conseguir en el mercado el máximo valor económico por sus activos, sino que puede cederlos (regalarlos) a entidades públicas o no lucrativas indefinidas, según una utilidad social que será determinada de forma difusa por distintos departamentos ministeriales.
Sorprende que, ante semejante cambio de régimen, lo que se ha destacado en los últimos días son una concepción y diseño originarios de Sareb aparentemente desastrosos. Se ha dicho que, durante los próximos años, de cada 10 euros que España reciba del fondo de recuperación, cuatro deberán ir destinados a repagar la deuda de Sareb. Y se ha pedido la comparecencia en sede parlamentaria de los responsables del diseño de Sareb para dar cuenta de su «catastrófica gestión».
Pues bien, conviene aclarar en primer lugar que la constitución y diseño de Sareb no fueron un capricho, sino una exigencia de nuestros socios comunitarios para acceder a la financiación que necesitaba el saneamiento de nuestro sector bancario.
No se olvide que en el 2012 el sector financiero español acumulaba más de 100.000 millones de euros de créditos dañados, y que la prima de riesgo superó los 600 puntos básicos. Todo ello debido a una política económica previa basada en negar la crisis y en permitir que una buena parte de nuestras entidades de crédito mantuviesen balances carentes de la más mínima credibilidad.
Por otro lado, la reclasificación por Eurostat de la deuda de Sareb como deuda pública no implicaba que debiera hacer frente a ella el Tesoro Público en su condición de avalista. Precisamente, Sareb dispone de una enorme cartera de activos destinada a hacer frente a dicha deuda, en una gestión que debería culminar el año 2027. Según cifras de cierre de 2020, Sareb disponía de más de 31.510 millones de activos para atender al repago de 34.918 millones de deuda avalada por el Estado.
Conviene recordar que, desde su creación en 2012 hasta cierre de 2020, con 19.271 millones de activos en que se ha reducido su cartera, Sareb ha disminuido la deuda avalada en 15.863 millones de euros y ha hecho frente al pago de 5.899 millones de euros de intereses. Es decir que la gestión, sin aportar grandes rentabilidades, ha sido equilibrada.
Añádase que no podían esperarse resultados milagrosos. Precisamente fueron transferidos a Sareb los activos más dañados en los balances bancarios, para permitir su digestión en un plazo más largo que el que podían permitirse las entidades transmitentes. Se fijaron prudencialmente 15 años, lo cual da idea de lo difícil de la gestión encomendada.
Queda prácticamente el 40% del plazo original, pero parecería que el activo remanente en Sareb debería valorarse ya a cero y tenerse en cuenta únicamente la deuda. ¿O quizás sea más cómodo valorarlo a cero para así poder cederlo (regalarlo), sin tener que rendir cuentas?
Se dice ahora también que el precio de transferencia de los activos fue demasiado elevado y que por ello la Sareb sólo ha podido gestionarse con pérdidas. Se argumenta que un recorte de valor cercano al 50% fue insuficiente y que debería haber sido mucho mayor: del 70% o, ¿por qué no?, del 100%. Parece olvidarse que el recorte del valor de los activos transferidos a Sareb se traducía automáticamente en mayores necesidades de capital de las entidades transmitentes y que eso sí iba directamente a la deuda del Estado, que recapitalizaba las entidades por medio del FROB gracias al préstamo obtenido del MEDE. Los ejercicios de recapitalización fueron un difícil equilibrio entre devaluación de activos, recorte de pasivos e inyección de capital. Todo ello fue calculado para causar el menor impacto posible en las cuentas públicas.
En cuanto al patrimonio neto negativo de Sareb, a cierre de 2020, superaba ligeramente los 10.500 millones de euros. Pero debe tenerse en cuenta que, de esa cantidad, casi 9.700 millones se deben a ajustes por cambios de valor: pérdidas no materializadas en las operaciones de gestión corriente, pero incorporadas al balance por pura prudencia valorativa (impuesta por el Banco de España). Además, del total de 4.100 millones de euros de pérdidas contabilizadas desde 2012, 2.330 lo fueron en 2015 también por deterioros de valoración que, en dicho ejercicio, fueron llevados a resultados. Pero todo ello no ha supuesto hasta hoy el desembolso de un solo euro por el Tesoro Público para hacer frente a la deuda avalada.
El Gobierno puede transformar Sareb en un instrumento de política social, y no de resolución bancaria. Pero en tal caso, no se puede achacar el consecuente impacto en las cuentas públicas al Gobierno que la sometió a una estricta disciplina financiera.
Y, por supuesto, habrán de tomarse todas las cautelas para asegurar que, so pretexto de política social y con alejamiento de la disciplina de mercado, no se pretende favorecer de manera poco confesable determinados intereses políticos.
Según el mandato que tenía hasta ahora, Sareb había hecho una digestión difícil, pero razonable, de los activos que en 2012 amenazaban al conjunto de la economía española. Habrá que ver lo que sucede a partir de ahora, pero de ello no habrá que pedir cuentas a los que diseñamos Sareb, sino a los que en adelante repartan sus activos sin tener obligación de velar por el dinero público. Dinero que, según algunos, "no es de nadie".
Miguel Temboury Redondo es abogado del Estado excedente. Fue subsecretario de Economía y Competitividad en el periodo 2011-2016.