Nuevos modelos de partido

Uno de los debates más interesantes que se está produciendo estos días –con vistas al Congreso de Ciudadanos en marzo– versa no sobre candidatos, estrategia o ideología (por mucho que desde dentro y desde fuera del partido se intente presentar así) sino sobre algo, a mi juicio, mucho más interesante: el modelo de partido. De ahí que lo que se esté discutiendo sean los estatutos del partido. Recordemos que los estatutos de un partido son las reglas que estas organizaciones se dan a sí mismas y que deben respetarse por todos desde los afiliados de base pasando por los cuadros y los cargos al presidente o presidenta. Digamos que es algo parecido a la Constitución; nadie está por encima de ella, aunque haya sido democráticamente elegido: lo que puede hacerse es modificarla por los procedimientos legalmente establecidos si se cuenta con la mayoría suficiente. Lo que no es posible sostener a estas alturas que los partidos políticos son como asociaciones privadas y que pueden dotarse de los estatutos que quieran. Lo cierto es que para la doctrina política y constitucional son organizaciones de base privada pero cualificadas por la relevancia constitucional de sus funciones, en cuanto que son esenciales para el buen funcionamiento de la democracia liberal representativa.

Según el art. 6 de nuestra Constitución, los partidos expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son el instrumento fundamental para la participación política, por lo que establece que su estructura interna y su funcionamiento sean democráticos. El TC ha señalado que esta exigencia no solo supone una carga impuesta a los partidos, sino que se traduce en un conjunto de derechos subjetivos y de facultades atribuidas a los afiliados, tendentes a asegurar su participación en la toma de decisiones y en el control de su funcionamiento interno. Pues bien, un grupo de personas, entre las que me encuentro, promovimos hace algunos años el denominado Manifiesto de los cien, precisamente, para denunciar que los partidos españoles funcionaban muy deficientemente por falta de democracia interna, participación de sus afiliados, contrapesos internos (los famosos checks and balances) y rendición de cuentas. Pedíamos congresos a fecha fija, órganos de garantía no controlados por la ejecutiva, participación efectiva de los afiliados y evitar la selección de los candidatos por el aparato, que en un sistema de listas bloqueadas y cerradas propicia de forma inevitable el caudillismo al ser el líder y su entorno quienes deciden quien sale y quien no sale en la foto, como bien explicaba Alfonso Guerra.

La iniciativa no llegó muy lejos, pues aunque se nos dieron buenas palabras ningún partido, o para ser más exactos, ninguno de sus líderes, estaba dispuesto a ceder poder y renunciar al control. Sí que arraigó el sistema de primarias, que al final han venido a reforzar los hiperliderazgos, en contra de lo que se pretendía. En todo caso, nuestros partidos clásicos eran y son partidos netamente presidencialistas, en los que la participación interna, los contrapesos y la rendición de cuentas brillabany brillan por su ausencia. Sencillamente, los viejos partidos se demostraron incapaces de emprender un proceso de renovación interna.

Quizás lo más interesante es que, cuando finalmente surgieron nuevos partidos, el modelo no cambió mucho. Con independencia de ideologías o estrategias o incluso apariencias, lo cierto es que los nuevos partidos también terminaron siendo partidos cesaristas en los que el líder tenía el poder absoluto y las voces disidentes acababan fuera. Es interesante también destacar que con este modelo no les ha ido demasiado bien, aunque sin duda Podemos haya podido disfrazar sus pobres resultados gracias a su entrada en el Gobierno de coalición. Pero no es el caso de Ciudadanos.

La pregunta del millón es, claro está, si no hay otro modelo posible para un partido político en 2020. La contestación tiene que ser rotundamente positiva. No solo hay espacio para un tipo de partido con más participación, contrapesos y liderazgos inclusivos (por usar una expresión de moda), sino que es justamente lo que necesitamos si queremos afrontarmejor la profunda crisis de las democracias liberales representativas. El grito de «no nos representan» no puede referirse ya a la oferta política, que nunca ha sido tan variada, sino a la demanda. Toca innovar en los modelos de partido, que no en vano proceden del siglo XX, ya se trate de partidos de masa, partidos de clase, catch all parties o cualquiera de las otras clasificaciones que habitualmente usan los politólogos. Partidos diseñados casi exclusivamente para alcanzar el poder van a tener que abrir paso a otro tipo de partidos que, para conseguirlo, van a tener que ofrecer algo distinto: más inclusión, más participación, más dinamismo, más ideas. En el siglo XXI tenemos que innovar también en la adecuación de los partidos políticos a las nuevas necesidades y exigencias de sus afiliados, cargos y electores. Y, si los plebiscitos son un instrumento favorito de los populismos, conviene evitarlos en un partido de centro liberal.

Esto es particularmente cierto en el caso de partidos nuevos, que carecen de una marca centenaria y cuyos votantes son más jóvenes y más críticos que la media. Si, además, su ideología es de centro liberal resulta complicado no defender dentro del partido los mismos valores que predicas para la sociedad: liberalismo, moderación, tolerancia, pluralismo, garantías, Estado de derecho. Por eso, me parece que la discusión sobre el modelo de partido de Ciudadanos, lejos de ser un debate técnico y árido sobre unos estatutos que pocos han leído, es realmente el debate de nuestro tiempo. ¿Qué tipo de partidos políticos necesitamos para consolidar la democracia liberal representativa frente a los populismos de todo signo? Pues, básicamente, el mismo que propusimos hace ya siete años sin ningún éxito. En ese sentido, bienvenido sea la discusión sobre los estatutos propuestos por la gestora de Ciudadanos.

Las líneas del debate deben centrarse en algunos aspectos que son muy relevantes: se trata de los derechos de los afiliados y sus garantías, de la distribución del poder dentro del partido (centralismo contra descentralización) y rendición de cuentas. En primer lugar, hay que garantizar claramente los derechos de los afiliados, entre ellos, el derecho a la libertad de expresión, a la crítica constructiva y a discrepar respetando los cauces formales para hacerlo. En ese sentido, llama la atención el extenso título dedicado al régimen disciplinario, lo que unido a algunas manifestaciones poco felices de algunos dirigentes estos últimos días hace pensar en un partido que intenta blindarse ante las críticas internas. Algunas infracciones de la extensa lista tienen que ver con las supuestas deslealtades al partido o con la simple libertad de expresión, lo que resulta preocupante. Máxime si tenemos en cuenta que Ciudadanos ha sufrido un descalabro descomunal tras un liderazgo carismático que no admitía oposición alguna e invitaba al disidente no a debatir sino a marcharse.

En definitiva, si la diversidad y la crítica son esenciales para el éxito en cualquier organización –y hay numerosos estudios que así lo ratifican– es sencillamente vital en una que, por definición, tiene que ajustarse continuamente a las circunstancias cambiantes y a las demandas de un electorado muy exigente. Además, hay que asegurar la existencia de contrapesos efectivos y de rendición de cuentas. Son imprescindibles los órganos de garantía independientes de la ejecutiva para velar por los derechos de los afiliados y cargos. Recordemos que el controlador no puede depender del controlado, tampoco en un partido político. En cuanto a la organización territorial y el sistema de votación, lo razonable es llegar a un equilibrio entre la necesidad de tener un partido cohesionado y eficiente, y la adecuación a las necesidades territoriales particulares. Dicho de otra forma, no necesitamos ni partidos cesaristas ni baronías, sino un partido capaz de adaptarse a la compleja realidad territorial del país al que aspira a gobernar.

Y, por último, hay que hacer mención a la necesidad de un liderazgo político muy diferente del que hasta ahora venimos sufriendo. Lo que yo llamaría un liderazgo inclusivo. El hecho de que nadie discuta ni dentro ni fuera del partido que debe de ejercerlo una mujer joven, capaz y preparada es en sí mismo una buenísima noticia. Pero, para alcanzar los resultados prometidos, necesita sencillamente otro modelo de partido. En definitiva, el enorme reto es demostrar que se puede liderar sin egos desmedidos, tolerando la discrepancia y la crítica, contando con todos y rodeándose del mejor equipo posible. Lo mismo que ha ocurrido en el sector empresarial, las mujeres pueden descubrir que no necesitan imitar a los hombres en unos modelos de liderazgo caudillista que tanto se parecen a los de los strong men populistas.

Elisa de la Nuez es abogada del Estado, coeditora de ¿Hay derecho? y miembro del consejo editorial de EL MUNDO.

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