Nuevos retos de la trata de personas

Dos nuevos casos de desarticulaciones de redes de trata de personas en tan solo dos semanas han vuelto a llamar la atención sobre este grave fenómeno delictivo. Grave, porque esta actividad criminal, al ser la más lucrativa –por delante del tráfico de armas y de drogas–, se desarrolla en el marco de organizaciones criminales con mucho poder y capacidad de corrupción, actuando a nivel global y poniendo continuamente a prueba la efectividad de los mecanismos represivos del Estado. Pero, sobre todo, grave, puesto que, al utilizar a sus víctimas como objetos de explotación económica, supone un atentado a la dignidad humana, lo que ha permitido hablar de la trata como la esclavitud del siglo XXI.

Las estrategias diseñadas hasta ahora han fracasado. El fenómeno nos plantea nuevos retos que deben afrontarse con la máxima urgencia. En primer lugar, urge diseñar un abordaje coordinado entre todos los agentes, públicos y privados, dedicados a luchar contra la trata. Hasta ahora los cuerpos de seguridad del Estado y las distintas oenegés han venido trabajando sin coordinar sus esfuerzos, creando grandes obstáculos. Entre ellos, que los diferentes agentes implicados hayan intervenido con absoluto desconocimiento de los recursos personales y materiales de los que disponía el resto; que se haya generado multiplicación de esfuerzos para abordar los mismos casos; que no se hayan coordinado adecuadamente las diferentes intervenciones policiales y asistenciales; que no se haya derivado correctamente a las víctimas o que no se haya dado una respuesta coherente por parte de todos los agentes concurrentes. En definitiva, la ausencia de un contacto formalizado entre todos ellos ha provocado una falta de eficacia en su labor, pero, sobre todo, un daño enorme a su finalidad última: ofrecer una asistencia integral a las víctimas.

Todos estos problemas se agravan en un contexto político-administrativo como el de Catalunya, donde conviven diferentes administraciones con competencias no siempre bien definidas y con distintos cuerpos de seguridad con competencia sobre aspectos parciales de abordaje de la trata.

Se trataría de construir redes y protocolos de colaboración entre todos ellos en la línea de lo que –en algunas iniciativas ya consolidadas en algunos territorios, como Venecia– se viene denominando trabajo multiagencial. Las mismas Naciones Unidas, en el Protocolo de Palermo, recomiendan que cada Estado considere la posibilidad de cooperar con organizaciones no gubernamentales y demás sectores de la sociedad civil con el objetivo no solo de luchar de forma más eficaz en la prevención y represión del fenómeno, sino de dotar a las víctimas de una verdadera protección integral, optimizando todos los recursos para ofrecerles un alojamiento adecuado, el asesoramiento e información necesarios y la asistencia médica y psicológica que requieren. Incluso el mismo convenio del Consejo de Europa sobre la lucha contra la trata de seres humanos –ratificado recientemente por España– obliga a adoptar medidas destinadas a instaurar o reforzar la coordinación en el ámbito nacional entre las diferentes instancias responsables de la prevención y de la lucha contra la trata. En este ámbito está todo por hacer, puesto que en este país no existe esta cultura de trabajo multiagencial, los cuerpos policiales son poco propensos a colaborar con los otros y se mira con recelo la labor de las oenegés. Sin embargo, alguna iniciativa, como puede ser la reciente constitución de la Xarxa Catalana sobre la Trata de Persones, que reúne a más de 15 entidades y a los Mossos d’Esquadra con ese fin, permite augurar que empezamos a ir por el buen camino.

El segundo reto es que esta labor de trabajo en red fije como objetivo fundamental la consideración de las personas objeto de trata como víctimas del delito y no como infractoras de la ley de extranjería. Nuestro sistema legal tiende a expulsar a estas mujeres y los permisos de residencia solo se otorgan si colaboran con la justicia en la denuncia de las redes. La protección de los derechos de las víctimas debe ser la guía del nuevo libro de ruta. La necesidad de una aproximación fundamentada en los derechos humanos ha sido sugerida por el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas y reiterada en muchos textos internacionales.

Interesa destacar en este punto que la perspectiva de derechos humanos es éticamente imprescindible por tratarse de víctimas de un crimen gravísimo, pero también porque –como concluyó la reunión del grupo de expertos sobre trata de mujeres y niñas, celebrada en Nueva York, en el 2002– en aquellos países en los que se está apostando por esta línea se ha demostrado que es mucho más efectiva para la prevención y persecución del fenómeno. Las víctimas colaboran más en los procesos y evitan su recaída en las redes cuando están asistidas y protegidas, especialmente en lo concerniente a un alojamiento seguro, asistencia médica y psicológica, permisos de residencia y asesoramiento legal.

Jaume Baucells, profesor de Derecho Penal de la UAB.