¿“Nunca más” en Kenia?

A medida que en Kenia se aproximan las elecciones generales del 4 de marzo, se mantienen frescos en la memoria los recuerdos del derramamiento de sangre que empañó la polémica elección presidencial del año 2007. La votación terminó en un enfrentamiento entre el presidente entrante Mwai Kibaki, quien se declaró como ganador, y el candidato de la oposición, Raila Odinga, quien desestimó la votación indicando que la misma fue manipulada. Los enfrentamientos étnicos subsiguientes cobraron la vida de más de 1.200 personas y desplazaron a otras 250.000.

La violencia sólo terminó después de que el ex Secretario de las Naciones Unidas Kofi Annan ayudara a negociar un acuerdo de reparto de poder según el cual Kibaki retuvo la presidencia y Odinga se convirtió en el primer ministro. Cuando se firmó el acuerdo, muchos keniatas declararon que tal violencia étnica cargada por tintes políticos “nunca más” iría a consumir a Kenia. Sin embargo, menos de tres meses antes de las próximas elecciones, pocos aún confían en que este tipo de violencia no se repita – especialmente teniendo en cuenta que el gobierno de Kenia no ha tomado medidas para prevenirlo.

Esto no es sorprendente, si se tiene en cuenta el deficiente historial de Kenia en cuanto a enjuiciar los crímenes de guerra. En el período previo al primer proceso eleccionario pluripartidista de Kenia en el año 1992, los enfrentamientos étnicos causaron cientos de muertos y el desplazamiento de un estimado de 300.000 personas. La violencia étnica también empañó las elecciones del año 1997. No obstante, a pesar de que muy pocos niegan que fueron los políticos quienes incitaron e incluso coordinaron la violencia, ningún político fue llevado ante la justicia.

La violencia en el año 2007 fue única en el sentido de que no comenzó en las ciudades más pequeñas, los pueblos o en las zonas rurales, sino que en la capital, Nairobi, lo que llevó a Kenia a una parálisis y la convirtió en foco de atención internacional. Estados Unidos envió al entonces secretario de Estado adjunto Jendayi Frazer para que intervenga – esta fue la primera vez que se envió a un oficial estadounidense de alto rango para mediar en un conflicto africano.

Pero cada vez queda más claro que las declaraciones de los keniatas sobre que esto “nunca más” va a ocurrir fueron nada más que una expresión de alivio. Ahora bien, se tienen que tomar medidas para evitar la reanudación de la violencia; se debe responsabilizar a los políticos que incitaron y financiaron el derramamiento de sangre.

A pesar de no haber llevado a cabo una investigación de las causas fundamentales que originaron el conflicto, la Corte Penal Internacional ha acusado a cuatro funcionarios keniatas de alto nivel por crímenes contra la humanidad: el vice primer ministro Uhuru Kenyatta, el ex secretario del gabinete Francis Muthaura, el ex ministro de Educación William Ruto, y al ejecutivo de radiodifusión Joshua Arap Sang. Se desestimaron los cargos contra otros dos funcionarios, contra el ex comisionado de policía Mohammed Hussein Ali y contra el ministro de industrialización Henry Kosgey; sin embargo, los cuatro restantes deben enfrentar el juicio que comenzará en abril de 2013. Hasta entonces, sin embargo, la vida continúa – esto incluye que uno de los acusados, Kenyatta, se encuentre compitiendo por la presidencia.

Ya que se consideró que la anterior constitución de Kenia era en parte responsable de la violencia, se adoptó una nueva constitución con el apoyo del 67% de la población en el año 2010. Pero una constitución actualizada no puede transformar al instante a la sociedad y la política de un país.

De hecho, la antigua constitución de Kenia sustentaba legislación, que si se hubiese hecho cumplir, hubiese abordado algunos de los factores que alimentan la violencia. Por ejemplo, la Ley de Gestión Ambiental y Coordinación de 1999 (Environmental Management and Coordination Act of 1999) estipula que cada keniata tiene derecho a vivir en un medio ambiente limpio. Si se viola este derecho, los ciudadanos pueden solicitar que los tribunales obliguen a los infractores a desistir de dichas violaciones, y a pagar por la reparación de daños. Pero, como el alto grado de contaminación del río Nairobi demuestra, nunca se hizo cumplir la ley.

Más de dos años después de que se adoptó la nueva constitución, poco ha cambiado. Las causas fundamentales de la violencia de 2007 – pobreza incontrolable, significativa desigualdad de ingresos, corrupción generalizada, insuficiente seguridad interna, y una tasa de desempleo superior al 40% – se mantienen.

Además, los keniatas han hecho pocos esfuerzos por mejorar las relaciones entre los grupos étnicos. Sólo este año en los enfrentamientos étnicos en el distrito del río Tana murieron más de 100 personas. Y el nivel y tono del debate político – por ejemplo, en los grupos de Facebook creados por los candidatos presidenciales y sus partidarios – causan preocupación. Muchos de los participantes hacen afirmaciones simplistas y etnocéntricas como, “los kikuyos nunca más deben llegar al poder” (Kenyatta es un miembro de la dominante tribu Kikuyu).

Del mismo modo, cuando los ladrones de ganado recientemente mataron a decenas de agentes de policía en el norte de Kenia, los medios de comunicación describieron a los sospechosos en términos de su origen Turkana, en lugar de llamarlos por lo que son: criminales. A menos que todas las personas turkana sean ladrones de ganado y homicidas, ¿cómo estos estereotipos pudiesen hacer prosperar la causa del periodismo profesional, y mucho menos pudiesen promover la tolerancia en Kenia?

La única parte de la nueva Constitución que los keniatas se han apresurado a aplicar se relaciona directamente con las elecciones. El próximo año, además de elegir a un presidente y a los miembros del parlamento, los votantes elegirán a senadores, gobernadores de condados y a otros líderes políticos. Además, por primera vez, se necesitará una segunda vuelta si ninguno de los candidatos logra en la primera vuelta de las elecciones presidenciales el 50% de la votación nacional y el 25% de los votos en 24 condados.

Si bien estas reformas – que dan poder a los ciudadanos mediante el establecimiento de gobiernos locales semi-autónomos – son cruciales, la motivación subyacente es la creación de más puestos legislativos. En Kenia, dichos puestos se traducen en riqueza instantánea para los ganadores. De hecho, si se tiene en cuenta que los legisladores de Kenia son algunos de los políticos mejor pagados del mundo, ya que ganan salarios con montos que multiplican en varias veces aquellos de sus homólogos en países mucho más ricos, dichos políticos están dispuestos a hacer cualquier cosa – incluso incitar a la violencia – para ser elegidos.

Hay muy poca duda sobre que las nuevas prebendas sólo beneficiarán a los más ricos de Kenia. Mientras tanto, nada se ha hecho para aplacar la miseria de los millones de keniatas pobres que son propensos a prestar atención a la exhortación de un político para matar. Ya que tan sólo faltan tres meses para el día de las elecciones, los ciudadanos simplemente pueden esperar que la nueva constitución haya creado las suficientes vacantes electorales como para satisfacer la sangrienta lujuria por el poder de sus políticos.

Juliet Torome, a writer and documentary filmmaker, was awarded Cinesource Magazine’s first annual Flaherty documentary award. Traducido del inglés por Rocío L. Barrientos.

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