La Comisión Europea ha autorizado a Alemania a incrementar la proporción de los ingresos recaudados por las subastas de derechos de emisión de CO2 que se destinan a financiar ayudas compensatorias para las industrias en sectores en riesgo de deslocalización por fuga de carbono.
El porcentaje máximo permitido por las directivas comunitarias, hasta ahora del 25%, podría elevarse hasta el 75%. El Gobierno alemán destinará 27.500 millones de euros a rescatar a sus industrias.
Una prueba, otra más, de la enorme hipoteca energética contraída por los alemanes durante las últimas décadas. También de que el exitoso modelo alemán es en realidad el resultado de una política industrial con acceso a materias primas baratas y subvenciones de todo tipo más que de unas factorías extraordinariamente productivas en comparación con las de sus vecinos europeos.
La autorización se produce pocos días antes de que el precio de cotización del gas haya superado por primera vez los 200 euros por megavatio hora desde el mes de marzo. Y un mes después de que el Gobierno de Olaf Scholz anunciara el rescate de Uniper, la principal empresa importadora alemana de gas y, a su vez, el principal cliente de la rusa Gazprom. El rescate de la compañía se llevará a cabo con una inyección de 267 millones de euros, más otros 7.000 millones en créditos avalados por el Estado alemán.
La magnitud de las ayudas industriales solicitadas por Alemania da cuenta de la gravedad de las perspectivas que afronta su economía. Su dependencia del gas ruso, hasta hace bien poco fomentada activamente por las autoridades, se ha convertido ahora en su mayor debilidad. La inflación alemana ha escalado hasta el 7,5% en el mes de julio. Su balanza comercial se ha desplomado de un año para otro un 70%.
Las circunstancias externas tampoco contribuyen a mejorar el horizonte. El Banco Central Europeo, cada vez más presionado, está volviendo de manera brusca a la ortodoxia monetaria de hace una década. Tras una primera subida de tipos de 0,5 puntos ha anunciado ya otra para la vuelta del verano.
Diferentes estimaciones, entre ellas las del Fondo Monetario Internacional, estiman que el PIB alemán podría caer hasta en un 5% en el escenario más adverso. Los resultados de una encuesta de Bloomberg sobre las expectativas económicas para el próximo año estimaban una probabilidad del 55% de que Alemania entrase en recesión y del 45% de que lo hiciese la Unión Europea.
Las posibilidades de una recesión alemana que arrastre al resto de Europa, y por tanto a España, son muy reales. Nuestra única esperanza para minimizar este riesgo pasa por reducir la dependencia del gas.
En ese esfuerzo colectivo se encuentran ahora mismo inmersos tanto la Comisión Europea, que hace poco aprobó el plan Reducir el consumo de gas para un invierno seguro, como los Estados miembros, que en las últimas semanas han comenzado a desplegar sus diferentes planes de contingencia. Su cometido no es otro que reducir y ahorrar energía para, indirectamente, disminuir el consumo de gas, así como para aumentar el nivel de reservas con vistas al próximo invierno.
La Comisión propuso inicialmente un objetivo único del 15%. Tras diversas negociaciones, se redujo hasta el 7% para algunos países con circunstancias específicas (entre ellos España y Portugal, dando lugar a una nueva excepción ibérica).
Con ese esfuerzo se pretenden lograr reservas de al menos el 80%. Una cifra que parece elevado, pero que debe ser puesta en perspectiva: ante un corte total del suministro, los niveles almacenados permitirían un abastecimiento de tres meses.
La misión no es sencilla. En España, el peso del gas, más aún el procedente de Rusia, es mucho menor que en Alemania. Según el Gobierno, además, el suministro está garantizado durante todo el invierno. Un escenario que, en principio, ofrece un mayor margen de maniobra para abordar reformas dirigidas a reducir el consumo y liberar capacidad, sobre todo en GNL, para otros países europeos.
Con tal finalidad, el Gobierno ha aprobado un plan de ahorro con una batería de medidas que pretenden disminuir el consumo de electricidad y con ello del gas. En el escaso tiempo en que este plan se ha aplicado (polémicas políticas un tanto fútiles aparte) la demanda de electricidad se ha reducido un 3,7%, según estimaciones del Gobierno.
En términos de gas, las medidas en vigor podrían reportar un ahorro de entre el 1 y el 3%.
Son cifras modestas, sobre todo considerando que el consumo de gas en lo que va de año casi se ha duplicado respecto al mismo periodo del año anterior. Muy probablemente habrá que tomar medidas de ahorro adicionales que, estas sí, incidan directamente en la demanda de gas. Empezando por el sector residencial, que acapara en torno al 20% del consumo de gas en España.
Además de promover una mayor eficiencia energética, por ejemplo mediante mejoras del aislamiento térmico de las viviendas, una opción eficaz sería impulsar la sustitución de calefacciones de gas por bombas de frío y calor, y de las calderas de gas por sus homólogas eléctricas, de forma combinada con la instalación de autoconsumo.
Pero la mayor parte del gas se destina a generación de electricidad (en centrales de ciclo combinado y de cogeneración en industrias intensivas en energía) y a usos industriales.
En el primer caso, la solución más eficaz pasa por acelerar el despliegue de las energías renovables, tanto a través de la construcción de plantas de generación como de instalaciones de autoconsumo.
No es justificable que exista un volumen de proyectos en trámite que multiplique casi por tres los objetivos previstos en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC). Un atasco que en buena medida obedece a la escasez de medios en las Administraciones competentes para la autorización técnica y ambiental de los proyectos.
Algo similar sucede con el autoconsumo, cuyo crecimiento este último año, aunque se ha disparado, no es superior (debido nuevamente a trabas y requisitos administrativos que coartan su despliegue). Por ejemplo, el que se limite arbitrariamente la distancia de la instalación al consumidor a 500 metros, mientras que en otros países como Francia y Portugal es de dos kilómetros.
En el plano industrial, la opción más deseable sería promover un consumo más eficiente energéticamente. Asumiendo que esta medida tiene un alcance limitado, promover un ahorro adicional sin afectar al nivel de actividad industrial pasa por sustituir el gas por otra fuente de energía. Idealmente, una de origen renovable, como el hidrógeno o el biogás. Si bien de manera inmediata la alternativa más viable, y por tanto más factible, sería hacerlo por otra de origen fósil, como el fueloil.
Supondría una clara regresión en términos climáticos, dado que cualquier alternativa fósil convencional será más contaminante que el gas. Pero, por paradójico que resulte, la crisis del gas puede hacer que tengamos que volver a quemar carbón.
Por ello, para minimizar el impacto negativo de esta circunstancia, cualquier sustitución debe estar estrictamente acotada en su alcance y duración y debe realizarse de manera condicionada a la activación de medidas de eficiencia energética y de sistemas de captura y compensación de carbono.
Pero por mucho que hagamos para reducir los efectos de una crisis originada por el gas, será también necesario desplegar medidas para contener sus efectos económicos y sociales. En este sentido, la respuesta dada a la pandemia de Covid-19 ofrece una experiencia que se puede replicar.
Por eso sorprende que la reacción del Gobierno para contener los efectos económicos y sociales de la crisis energética no haya sido más contundente. No se debería esperar más tiempo para poner en marcha los sistemas oportunos para la protección del empleo (en particular el nuevo Mecanismo RED, heredero de los ERTE extraordinarios aprobados durante la pandemia) con el fin de evitar que los mayores costes para las empresas y las industrias se traduzcan en pérdidas de puestos de trabajo.
En la misma línea, el Gobierno debería valorar la declaración de la crisis energética como causa de fuerza mayor para permitir la activación de las diferentes medidas y ayudas para trabajadores asalariados y autónomos que están condicionadas a esta circunstancia.
Ramón Mateo es director de beBartlet, gabinete de incidencia pública.