Recuerdo que, en una reunión del grupo parlamentario del PSOE después de las elecciones andaluzas del 2 de diciembre de 2018, le dije a Pedro Sánchez que debíamos reflexionar seriamente sobre unos resultados en los que Vox consiguió 10 diputados autonómicos. Yo pensaba que, en parte, eran fruto de su enorme irresponsabilidad al convertir la moción de censura de junio de aquel año en una investidura, manteniéndose después en el Gobierno con el apoyo del secesionismo.
Haber traspasado las líneas rojas que le habíamos planteado en aquel ya histórico Comité Federal de enero de 2016 tenía consecuencias. ¿Cómo no las iba a tener que el PSOE, un partido nacional y artífice en gran medida de un Estado autonómico dentro del mantenimiento estricto de la unidad nacional, diera la llave de la gobernabilidad de España al independentismo catalanista?
La reflexión se hizo en La Moncloa, pero en la dirección contraria a la que yo reclamaba: la de ver a Vox como una oportunidad. Y en las elecciones de abril de 2019 eso se transformó en estrategia de campaña. Así es como se convirtió a media España en facha. O sanchistas o fascistas.
En el recién celebrado debate de investidura, las palabras que más pronunció el candidato a presidente fueron ultraderecha, facha y franquista. Guardó silencio cuando la portavoz de EH Bildu negó el carácter democrático del Estado y llamó franquista a la Corona y cárcel de los pueblos a la Constitución, pero situó en la ultraderecha a quien pidió la palabra para defender a la más alta institución del Estado de los ataques de una diputada convicta, condenada por colaboración con ETA.
Guardó silencio cuando Gabriel Rufián, con su tono habitual, enumeró como amenazas las condiciones de su apoyo a la investidura: mesa de negociación entre iguales para hablar del conflicto político y poder negociar de todo: autodeterminación, amnistía y consulta. Pero señaló como ultraderechistas a los que calificaron este acuerdo de rendición del Estado al separatismo y claramente contrario a nuestra Constitución.
Llegando más allá de lo imaginable, el candidato describió una resolución de la Junta Electoral Central como «artimaña jurídica de las tres derechas», olvidando que la democracia tiene reglas que no pueden quebrarse, y que defender la imparcialidad de las instituciones democráticas es una de ellas.
La estrategia del futuro Gobierno de PSOE y Unidas Podemos es clara. O estás con esta coalición –con el populismo, dependiendo del independentismo– o estás con la ultraderecha.
Profundizar la división y el frentismo y resucitar las dos Españas es causar a nuestro país un destrozo democrático de enormes consecuencias. Seamos conscientes de la dimensión de este error y rectifiquemos a tiempo.
Viviremos tiempos difíciles y complejos los próximos años. Aquel que necesita dividir una sociedad para ganar unas elecciones podrá vencer, pero difícilmente podrá gobernarla. A Sánchez le sucederá eso, pero no será por el bloqueo de la oposición, sino por el de sus aliados. Igual que para negociar la investidura ha habido más imposición de Junqueras –dueño de la gobernabilidad de España desde su celda– que diálogo, tampoco lo habrá de aquí en adelante para dejarle gobernar. Lo que tendremos será extorsión y chantaje a los intereses generales de todos los españoles.
No nos engañemos: sólo si el PSOE de Pedro Sánchez accede a algunas de las exigencias del separatismo podrá avanzar este Gobierno de coalición. Si lo hace, habrá un cambio de nuestro modelo territorial, y eso chocará con la oposición de todos los que creemos en nuestro modelo constitucional actual.
Es fundamental el reconocimiento del legítimo derecho a manifestar en democracia estas posiciones sin calificaciones gruesas: que los argumentos sustituyan a los insultos es esencial para no seguir cavando trincheras y sí trabajar por la convivencia. El PSOE ha elegido unos socios de gobierno que, políticamente, a muchos no nos gustan; y tiene algunos aliados que, moral y éticamente, no nos parecen aceptables. Pero es el Gobierno democrático y legítimo.
Por eso, hoy más que nunca, necesitamos aglutinar un centro político amplio que propicie un diálogo abierto, inclusivo, entre los demócratas que defendemos la Constitución del 78 y la unidad de nuestra nación. El nuevo Ejecutivo y sus aliados deben saber que preservaremos con firmeza constitucional la unidad de España y que no nos dejaremos acomplejar por aquellos que quieran identificarnos por ello con la extrema derecha.
Nuestra primera lealtad está con la Constitución. Los que defendemos que nuestra nación se sustenta en los derechos democráticos de los ciudadanos y no reconocemos otra identidad que no sea la cívica, democrática y constitucional no somos fascistas, somos demócratas.
Los que defendemos nuestro estado autonómico bajo los principios de lealtad y cooperación, y no como un enfrentamiento de tensión continua entre sus partes, no compartimos que solo puede haber una autonomía plena cuando el Estado se convierta en un ente residual hasta el vaciamiento total del Estado en su territorio. No admitimos los pactos bilaterales con el Estado que permitan que una comunidad autónoma blinde lo que considere que es suyo, porque eso es decidir lo que es de todos.
No somos fascistas, somos demócratas.
Pensamos que lo importante es impedir que el respeto a la diversidad cultural se utilice para justificar un tratamiento desigual entre españoles. No existe ninguna diferencia que deba convertirse en privilegio. No aceptamos una legitimidad alternativa al principio democrático, porque no existe una doble legitimidad, democrática y territorial. En las sociedades democráticas, los titulares de los derechos son las personas, no los territorios. No existe el derecho de autodeterminación de los pueblos ni el derecho a decidir sobre ello. Y todo referéndum de autodeterminación es inconstitucional, así como toda consulta que pretenda ampararlo o blanquearlo.
No somos fascistas, somos demócratas. No estamos de acuerdo en que, desbordando el concepto constitucional de nacionalidad cultural, se califique a España de Estado plurinacional. Un Estado plurinacional está formado por naciones iguales, y España es una nación formada por ciudadanos libres e iguales.
Lo importante, frente a los nacionalismos identitarios y excluyentes, es proteger la Constitución y la unidad de España, porque es lo que mejor asegura la igualdad de los ciudadanos y sus derechos. La garantía de un Estado de bienestar solvente es una nación fuerte.
No somos fascistas, somos demócratas.
Por eso no permitiremos que cualquier nacionalismo identitario y totalitario se apropie de nuestra bandera y de los símbolos que son de todos. Y en la defensa de la unidad nacional y de nuestro sentimiento nacional no caben los que desprecian la democracia y desconocen muchos de los derechos que la Constitución de 1978 reconoce para todos los españoles.
Soraya Rodríguez es diputada de Ciudadanos en el Parlamento Europeo.