¡Oa, oa, oa… Mariano a la Moncloa!

Quousque tandem abutere, Zapatero, patientia nostra? Lo ocurrido esta semana con la sentencia de Estrasburgo es la gota que desborda el vaso, pues no hay ningún español con dos dedos de frente que no piense que, como ha dicho la presidenta de la AVT, el Gobierno de la cuarta economía del euro «podía haber hecho mucho más» por evitar una ignominia así.

Es cierto que la doctrina Parot implicaba una interpretación discutible del sistema de liquidación de condena, pero ni el Tribunal Supremo ni el Constitucional, con eminentes juristas en sus filas, entendieron que eso vulnerara la irretroactividad de las normas penales. ¿Cómo es posible entonces que el Estado español pierda una votación en la que se jugaba tanto por un humillante 17-0, 16-1 o 15-2, según los apartados de la sentencia?

Esto sólo puede deberse a que todos los jueces del Tribunal Europeo tengan una especial inquina hacia España, o a que no se les haya transmitido con suficiente insistencia y claridad la trascendencia de su decisión. ¿A qué bufetes especializados o equipos de lobistas se ha contratado? ¿Cuántas delegaciones judiciales españolas han visitado Estrasburgo en estos meses críticos en los que se estaba cocinando la sentencia de la Gran Sala? ¿Cuántas giras ha realizado el presidente del Gobierno por los países con representantes en ese tribunal? ¿Cuántas reuniones han celebrado los titulares de Exteriores y Justicia con sus homólogos para hablar en concreto de este asunto?

Especialmente escandalosa resulta la conducta de Luis López Guerra, representante español en el Tribunal que, cual nuevo híbrido de Bellido Dolfos y el conde don Julián, ha apuñalado por la espalda a la nación y ha abierto las puertas a la invasión de nuestra dignidad por las hordas proetarras. La infame guerra de Luis López –tan comprensivo en su momento con los GAL como para merecer que le hagan patrono de la Fundación Felipe González– ha consistido en ir captando a sus compañeros hasta conseguir la destrucción del escudo que protegía la memoria de las víctimas del escarnio al que ahora están siendo sometidas.

Se comprenderá que si el juez español intrigaba contra España, poco o nada cabía esperar del desenlace. Fue un gravísimo error nombrarle –a no ser que se hiciera precisamente para eso– pues personificaba el falso progresismo que tanto daño ha causado a la seguridad jurídica desde la llegada de la democracia; pero lo verdaderamente imperdonable es no haberle recusado ahora.

El argumento era bien sencillo: López Guerra formaba parte del poder ejecutivo como secretario de Estado de Justicia cuando se mantuvieron reuniones con ETA en las que la banda exigió la derogación de la doctrina Parot. Según mis noticias, alguien con muy profundo conocimiento de las normas del Tribunal de Estrasburgo propuso al Gobierno, en fecha nada lejana, que procediera a esa recusación y la medida fue desdeñada.

¿Está en condiciones el Gobierno de desmentirlo? Si el presidente no comparece inmediatamente en el Parlamento y demuestra lo contrario, explicando todas sus gestiones e iniciativas, habrá que atribuirle una desidia culpable e incluso dolosa en esta decisiva encrucijada. Habrá que pensar que, en el fondo, en Estrasburgo ha ocurrido lo que el presidente deseaba y que, por mucho que se reúna ahora con las víctimas, esta sentencia es la que encaja en la hoja de ruta pactada para comprar el adiós a las armas a los terroristas. Como bien acaba de explicar Mayor Oreja, ETA no está derrotada; sólo se encuentra «agazapada», a la espera de que la excarcelación de Arnaldo Otegi le permita lanzar su asalto al poder.

¿Sigue pensando a estas alturas el líder del PP que, tal y como aseguró en noviembre de 2011, avalando lo acordado por el presidente del Gobierno, no se pagó «precio político» por el fin de los atentados? Esta sentencia cruel y detestable no es sino la última llamarada de una caravana de horrendas antorchas, que incluye ya las candidaturas de Bildu, la legalización de Sortu, la excarcelación de Bolinaga por decisión del Gobierno y la absolución del delito de colaboración con ETA de los policías que ejecutaron el encargo del chivatazo del Faisán. La decisión del Fiscal del Estado de no recurrir el fallo de la Audiencia, pese a su raquítica arboladura jurídica e intelectual, es por cierto el mejor reflejo del ansia del Gobierno que le nombró por enterrar cuanto antes este episodio hediondo.

La única alternativa que cabe frente a la hipótesis de que el Gobierno haya contribuido con deliberada pasividad a la sentencia de Estrasburgo es su total incompetencia. No cabe descartarla, pues también contamos ya con una serie histórica formada por hechos tan recientes como la pérdida del puesto que siempre habíamos tenido en el comité ejecutivo del Banco Central Europeo, el fracaso en el propósito de conseguir como compensación la Presidencia del Eurogrupo y, por supuesto, la humillante eliminación a la primera en el tercer intento consecutivo de obtener los Juegos Olímpicos para Madrid. Ni siquiera el ingenioso gag de la «relaxing cup of café con leche», ideado in extremis por la alcaldesa, pudo paliar la desidia del Gobierno en la promoción de la candidatura durante los meses previos a la elección.

Basta ver cuál ha sido el nivel de asistencia a la última Cumbre Iberoamericana para comprender la actual falta de peso de España en el mundo. Como ocurría durante el franquismo, Gibraltar vuelve a ser nuestro principal asunto exterior. Entrada ya su segunda legislatura Obama sigue, no ya sin visitarnos, sino sin tan siquiera recibir al presidente del Gobierno en la Casa Blanca. Incluso puede que le hayan excluido –eso sí que sería una afrenta– de la lista de líderes espiados. Y parece que fue ayer cuando se nos permitía poner los pies encima de la mesa del G-7…

No es casualidad que esta notable pérdida de proyección internacional vaya acompañada del vertiginoso debilitamiento de nuestra cohesión interior. De las bromas sobre «la nación discutida y discutible» y «el Estatuto que venga de Cataluña» hemos pasado, sin solución de continuidad, a ese elocuente «no es prioritario» con que el ministro de Hacienda resumía la abulia gubernamental ante el desafío separatista. Las llamas se elevan ya sobre la colina del Capitolio y Nerón maúlla en la lira.

¿Cuántos años hace que venimos advirtiendo de la deriva hacia el desastre? ¿Cuántas veces hemos clamado para que desde el Gobierno se realizara una política de Estado en Cataluña, o, como mínimo, se obligara a la Generalitat a cumplir las leyes y acatar las sentencias de los tribunales en materia educativa y lingüística? El absentismo laboral, el autismo político de este presidente del Gobierno, tan antropológicamente optimista que cree que basta con negar la existencia de un problema para que desaparezca, ha llegado a tal extremo que Aznar se ha sentido obligado a darle el más notorio de los bocinazos, advirtiéndole que la «moderación», la «prudencia» y la «tolerancia» no sirven para la situación en la que estamos, y exigiéndole que ejerza el «liderazgo» con el que le han investido los españoles. Dos semanas después de tan serio aviso, en La Moncloa, a la hora de la siesta sigue sin escucharse ni el vuelo de una mosca, y ya es Canarias la que habla de independizarse de España.

Entre tanto, ningún nuevo sol de York derrite el invierno de nuestro descontento. Este año hemos alcanzado la máxima tasa de paro de la historia en un país desarrollado y la deuda pública camina imparable hacia la línea roja del 100% del PIB. Nuestro Gobierno manirroto sigue haciendo caso omiso a las advertencias que desde hace al menos cuatro años vienen reiterándosele desde la oposición –nadie puede empeñarse en gastar más de lo que ingresa– y el déficit público continúa estancado en un inasumible 7%.

Como no tiene ni la lucidez ni el coraje precisos para reformar las administraciones públicas y luchar contra la corrupción que todo lo encarece, el Gobierno ha elevado otro año más la presión fiscal en los presupuestos, llevando el paroxismo confiscatorio del socialismo mucho más allá de lo que preconizaba el programa de Izquierda Unida. La consecuencia de ello es que la atonía del consumo está impidiendo aprovechar el cambio de coyuntura internacional, y la consiguiente bajada de la prima de riesgo, para generar crecimiento y empleo. Muy pronto podremos decir que nada hay tan parecido a la recesión como esta escuálida recuperación.

Por todo ello no puedo por menos que concurrir con nuestros colegas de ABC y La Razón que, muy apropiadamente y siempre en providencial dueto, han tenido esta semana la valentía de cantarle las verdades al poder y responsabilizar a los sucesivos gobiernos de Zapatero de todas las «crisis de España». Sin cambiar una coma a su diagnóstico, me permitiría añadir que es esta tercera legislatura de Zapatero en La Moncloa la que está siendo más dañina de todas; pues si bien en la primera se debilitó la lucha antiterrorista y se puso la simiente del desbordamiento nacionalista; y en la segunda se adoptó una nefasta política económica antiliberal, es ahora cuando la contumacia en el error y la inacción frente a la gangrena están colocando a España en una situación límite.

Urge un golpe de timón, una rectificación profunda, un cambio de paradigma político, una nueva manera de ejercer el poder en España. Afortunadamente hay alternativa. Está en el programa electoral que el PP de Mariano Rajoy, curtido ya en dos legislaturas y media en la oposición, no ha tenido hasta ahora la oportunidad de desarrollar. Se trata de un proyecto regeneracionista aferrado a la defensa activa de la España constitucional. Y cuenta con un líder que promete ser implacable en la lucha contra ETA y todas sus mutaciones; se declara dispuesto a denunciar la superchería de las balanzas fiscales y defender las mismas cosas en Barcelona que en Madrid; dice estar decidido a barrer con firmeza sus propios establos para demostrar su «tolerancia cero» con la corrupción; y proclama que bajará los impuestos en cuanto llegue al poder para devolver a los españoles los recursos que les permitan retomar la senda de la prosperidad a través de la cultura del esfuerzo. Yo a ese tío le voto.

Necesitamos ese Gobierno de inmediato. España no puede permitirse seguir arrastrándose por el fondo del pozo de la mediocridad. El intervencionismo socialdemócrata, apuntalado sobre la ciega obediencia de un aparato partidista controlado desde la cúpula y especializado en tapar sus vergüenzas, esquilmar al contribuyente y eludir a la vez toda confrontación con quienes no dejan de dar pasos para destruir España, no da más de sí. Es innegable que, junto a sus muchos errores, el presidente del Gobierno también ha tenido notables aciertos y que su buen talante en medio de una sociedad crispada dejará una huella positiva para la convivencia democrática. Pero ha llegado la hora de dar por cerrada esta etapa y conceder una oportunidad a quienes plantean una enmienda a la totalidad contra gran parte de lo que ha venido haciéndose durante los últimos nueve años y medio. Es hora de escuchar la voz, el clamor que brota de la calle: «Oa, oa, oa… Mariano a La Moncloa».

España necesita unas elecciones anticipadas en las que EL MUNDO pedirá que ese programa tenga el respaldo de una mayoría suficiente, a ser posible absoluta, en el Parlamento. Personalmente siento tener que escribirlo pero no caben más ambigüedades: Zapatero, vete ya.

Pedro J. Ramírez, director de El Mundo.

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