Oaxaca es el segundo estado mexicano en despenalizar el aborto. Pero eso no es suficiente

Protestantes marchan en Ciudad de México durante la marcha por el Día de la Mujer el 8 de marzo de 2019. (Rebecca Blackwell, File)
Protestantes marchan en Ciudad de México durante la marcha por el Día de la Mujer el 8 de marzo de 2019. (Rebecca Blackwell, File)

Este 24 de octubre, el Diario Oficial del Estado de Oaxaca publicó el decreto mediante el cual ese estado se convierte en el segundo del país en garantizar a las mujeres la interrupción legal del embarazo hasta las 12 semanas de gestación. La Ciudad de México (CDMX) fue la primera entidad en lograrlo en 2007. Tuvieron que pasar 12 años para que Oaxaca hiciera historia, devolviéndonos a las mexicanas la esperanza de que algún día el aborto sea legal en todo el país.

Oaxaca y la CDMX son la excepción que representa para nosotras el futuro y un referente para el resto del país, pues ponen de manifiesto que los derechos no se ponen a consulta y que es urgente hacer cambios en las leyes para que las mujeres puedan decidir sobre sus maternidades en un contexto en el que los grupos conservadores, antiderechos y religiosos ejercen tanta presión en la construcción de la política pública, lo cual pone en tela de juicio la laicidad del Estado.

Lamentablemente, la regla injusta permanece. En el resto de los estados de la República, la interrupción del embarazo se permite solo en casos de violación (bajo la Norma Oficial Mexicana 046, mejor conocida como NOM 046) y bajo algunas otras causales establecidas en cada uno de los códigos penales estatales.

En los hechos, que el aborto esté despenalizado únicamente en dos estados aumenta la desigualdad en el acceso y eleva los costos sociales y económicos para poder efectuar un procedimiento legal y seguro.

La desigualdad de acceso hace que haya mujeres que sí pueden tener una interrupción legal del embarazo y otras que tienen que viajar o sortear la incertidumbre de la clandestinidad. También, el aborto es un tema que tiene que ver con la desigualdad de clase y, por lo tanto, las mujeres que viven en situaciones de mayor vulnerabilidad social —de bajos recursos, marginadas, en situación de violencia, discriminación y menores de edad— están expuestas a un mayor riesgo de morir o sufrir un daño grave a la salud por un aborto inseguro. Sea dentro de un contexto legal o clandestino, las mujeres necesitarán abortar y el Estado tiene que garantizar servicios de salud de calidad que no permitan que arriesguen su vida y su salud en abortos inseguros.

Hablar de aborto es hablar de derechos humanos: del derecho a la salud, a la autonomía, a la privacidad y a vivir una vida libre de violencia. Criminalizar el aborto vulnera todos estos derechos. Además, es un tema de salud pública pues la penalización puede crear condiciones inseguras para las mujeres que deciden interrumpir un embarazo. La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que cada año en el mundo hay alrededor de 47 000 muertes como consecuencia de abortos inseguros. Al mismo tiempo, asegura que “cuando los abortos se realizan de conformidad con las directrices y normas de la OMS, el riesgo de complicaciones graves o muerte es insignificante". Por todo esto urge la despenalización en todo el país.

Afortunadamente, el debate sobre la despenalización del aborto está recobrando fuerza desde hace un par de años. Prueba de ello son las marchas que han tenido lugar no solo en la CDMX si no en el resto del país, en donde mujeres de todas las edades y las clases sociales están alzando la voz reclamando su derecho a interrumpir un embarazo que no desean.

Este es un gran paso, pero es solo el inicio. Nuestra esperanza es que este sea el inicio de un cambio integral que no solo beneficie a un grupo, sino a las mujeres de todo México.

Friné Salguero es antropóloga, feminista, y directora del Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir. Sofía Alessio es politóloga, feminista y coordinadora de REDefine Mx, red de jóvenes lideres por los derechos sexuales y reproductivos.

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