Los ingleses lo llamaron Welfare State, un Estado que se preocupara por el bienestar de los ciudadanos y no sólo por el mantenimiento del orden interno y la seguridad exterior. Aunque sus orígenes y primer desarrollo fueron una respuesta al crecimiento del capitalismo y a las desigualdades sociales generadas por la industrialización, el impulso definitivo llegó con el final de la Segunda Guerra Mundial, asociado a los beneficios sociales y derechos civiles que las democracias ofrecieron a la ciudadanía tras varios años de crisis y sacrificios. Inglaterra estableció en 1946 un amplio sistema de seguridad social, de pensiones y de subsidio de desempleo, y un servicio nacional de sanidad, gratuito, financiado básicamente a través de impuestos.
Esas medidas fueron copiadas por la mayoría de los Estados europeos occidentales y nórdicos, símbolo de la universalización de los derechos políticos y sociales. En Estados Unidos, sin embargo, la sanidad para todos se convirtió desde los años treinta en fuente de conflicto, en caballo de batalla, a veces sangriento, que acompañó a los principales periodos de cambio y reformas del siglo XX.
El primer intento de completar la construcción de ese Estado benefactor y social en Estados Unidos lo llevó a cabo Franklin D. Roosevelt, quien lanzó un programa de acción federal que prometió pensiones, vivienda y sanidad para millones, para "el tercio de la nación" más desprotegido. El plan chocó con la resistencia de los hombres de negocios, mientras que a partir de 1938, en el segundo mandato de Roosevelt, una coalición de demócratas conservadores del sur y de republicanos anti-New Deal vetaron en el Congreso las iniciativas más reformistas, antes de que la guerra mundial cambiara decisivamente el rumbo de la política y de la economía.
Tampoco cosechó frutos el segundo intento, ya en la posguerra, justo en el momento en que el Estado de bienestar se afianzaba en las democracias más avanzadas. Después de su victoria en las elecciones de 1948, Harry S. Truman llevó al Congreso un nuevo programa de reformas, el Fair Deal lo llamó, que incluía un servicio nacional de sanidad. No encontró los votos suficientes y los poderosos intereses de la American Medical Association lo bloquearon. El republicano Dwight D. Eisenhower, que ganó las elecciones en 1952 y 1956, nombró a varios millonarios en su primer gobierno. Uno de ellos, Sinclair Weeks, ministro de Comercio, le dijo en 1953 a la Asociación Nacional de Fabricantes que "el clima favorable a los negocios", a las empresas, había sustituido claramente "al socialismo de los últimos años".
Eran tiempos de guerra fría, de anticomunismo, de retirada para el sindicalismo más combativo. En vez de luchar por derechos y beneficios para todos los trabajadores, la mayoría de los sindicatos trataron de proteger los intereses de sus miembros más veteranos y negociaron planes de pensiones y de sanidad para ellos, una especie de "Estado de bienestar privado" para los afiliados, que eran muchos, millones, pero que dejaban fuera de esos beneficios a muchos más, a los trabajadores peor pagados y con menos seguridad laboral.
El movimiento por los derechos civiles de los años sesenta abrió de nuevo las puertas a las reformas y ese nuevo impulso lo protagonizó Lyndon B. Johnson, el presidente que tomó las riendas tras el asesinato de John F. Kennedy en noviembre de 1963. Después de las elecciones de 1964, Johnson gozó de una amplísima mayoría para decretar un nuevo y ambicioso programa federal de seguridad social para los mayores (Medicare) y los pobres (Medicaid). El éxito de ese programa requería, no obstante, cambios estructurales y un fuerte compromiso de políticos y grupos financieros que nunca llegó.
La guerra en Vietnam, los conflictos raciales y los grandes temas morales planteados por el feminismo y las luchas de las mujeres empujaron a muchos votantes a la derecha y al abstencionismo. No es una casualidad carente de significado que en su campaña para la reelección de 1972, el republicano Richard Nixon, que había subido al poder con una estrecha victoria frente a un Partido Demócrata dividido, señalara a los activistas negros y a las "madres del Estado de bienestar" como las causas de los problemas de Estados Unidos. Comenzó a configurarse una nueva derecha, que se negó en redondo a que los impuestos se utilizaran en gastos sociales. Cuando Bill Clinton alcanzó la presidencia, en enero de 1993, tras 12 años de dominio ultraconservador, su plan de seguro médico universal chocó con la oposición frontal de las grandes compañías aseguradoras.
Barack Obama quiere ahora dejar atrás ese legado de frustración para millones de ciudadanos que carecen de seguro médico y de servicios sociales básicos. Es un plan ambicioso, que, en sus propias palabras, "proporcionará más seguridad y estabilidad a esos que ya tienen seguro médico. Y proporcionará seguridad a quienes no la tienen". Como les dijo a los congresistas en su discurso del pasado 9 de septiembre, él no es el primer presidente en intentarlo, en asumir los riesgos, pero está decidido a ser el último. Sería una auténtica revolución legal. Obama contra la historia.
Julián Casanova, catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad de Zaragoza.