Obama y los banqueros

Esta vez parece que va en serio. Aprovechando la fecha simbólica del 21 de enero, aniversario del inicio de su mandato, el presidente Barack Obama ha lanzado una reforma de la banca norteamericana que no se anda con paños calientes para prevenir que lo pasado no vuelva a ocurrir. Hasta ahora solo se habían aplicado medidas de regulación del sistema financiero que eran más simbólicas que reales, además del anuncio de un impuesto sobre los beneficios bancarios para recuperar las ayudas públicas a los bancos que estos todavía no hayan devuelto. Pero esta medida fiscal tenía pocas posibilidades de ser aprobada por el Congreso y el Senado. La reforma que ahora anuncia Obama tendrá también dificultades, pero la impopularidad de la que gozan los banqueros en EEUU hará difícil que los congresistas y senadores se opongan frontalmente a un cambio en profundidad del sistema financiero.

En efecto, la opinión pública norteamericana ve con indignación cómo Wall Street ha vuelto a sus prácticas de antes de la crisis repartiendo de nuevo bonus multimillonarios mientras el paro sigue creciendo y supera la barrera del 10%. Y después de la derrota demócrata en Massachusetts, donde han perdido el sillón en el Senado que Edward Kennedy había mantenido durante 30 años, Obama necesitaba una medida fuerte que acabase con su imagen de relativa complacencia con los banqueros.
Además, estos no han escatimado esfuerzos para irritar al presidente y a la opinión. Cuando Obama dijo aquello de «si estos tipos de la banca quieren guerra, la tendrán», estaba enlazando con un sentimiento ampliamente extendido de que la hipertrofia de los bancos es un problema y un factor de riesgo. De que sus prácticas desvían los recursos que deberían dedicar a su función primera de financiar la actividad económica, y dejan que sus directivos amasen fortunas que acaban siendo pagadas por los contribuyentes. Y de que cuando provocan una crisis el ciudadano medio de main street la paga en empleos perdidos, sueldos congelados, desahucios de casas y pensiones que se evaporan, mientras Wall Street sigue repartiéndose sueldos extravagantes.
Hasta ahora Obama había aceptado que los grandes bancos, esos que son «too big to fail» porque si se les deja caer arrastran consigo al conjunto del sistema económico, eran algo inevitable con lo que había que convivir, procurando regular sus actividades lo mejor posible. Ahora el enfoque cambia radicalmente. Si cuando son demasiado grandes no podemos dejarles caer, lo mejor es no dejarles crecer. Y para ello Obama propone tres grandes medidas cuyo mero enunciado ha provocado una onda de choque planetaria y hecho caer las cotizaciones de los bancos en todo el mundo, y muy especialmente las de los bancos europeos.
La primera es limitar la dimensión de los activos bancarios, toda una revolución en el país de los mastodontes financieros. La segunda, prohibir que especulen por su cuenta con los recursos de sus depositantes, algo habitual en EEUU. La tercera, prohibir que los bancos que recogen depósitos puedan tener fondos de inversión especulativos o financiarlos.
Ello implica dejar sin munición financiera a los fondos especulativos que invierten en la bolsa, algo que contribuyó enormemente al estallido de la crisis ya que casi todos pertenecen a bancos o son financiados por estos. Algunas voces advierten ya del riesgo que significa la desaparición de ese segmento de actividad financiera, pero más bien parece que la economía mundial puede vivir sin ella puesto que después de la crisis esos fondos han adelgazado en unos 600.000 millones de dólares sin que nada haya ocurrido.
La idea de fondo de la propuesta de Obama es clara y simplemente prohibir la especulación a los bancos que recogen el ahorro de los particulares. Algo que la izquierda europea, tan timorata en esto como en tantas cosas frente a los dogmas del neoliberalismo, nunca se ha atrevido a proponer. Y que incluso ahora se resiste a aplaudir, si por izquierda europea entendemos el Gobierno de Brown en el Reino Unido, cuyo ministro de Hacienda ya ha arrugado la nariz ante la propuesta de Obama.

La idea no es nueva. Ya se aplicó después de la crisis del 29 con la ley Glass Steagall, que había establecido una estricta separación entre las bancos de depósito y los de inversión. Esta ley fue derogada en 1999, en pleno furor de la desregulación, y el cambio que produjo tiene mucho que ver con lo que ocurrió después. Sin embargo, no se trata ahora de volver a una separación tan tajante, porque la realidad del mercado mundial es bien diferente de la de 1933, pero sí de imponer que los bancos de depósito hagan un uso prudente del dinero que recogen, lo que debe ser la primera protección del ahorro antes de que intervengan las garantías públicas.
Esta inesperada iniciativa puede devolver a Obama parte de su popularidad perdida. Falta le hace: hace un año, el 68% de los ciudadanos aprobaban los cambios que se proponía aplicar; después de haberlo intentado, solo le apoya el 48%. Con la ventaja de que los republicanos no tendrán fácil oponerse porque nadie querrá aparecer como amigo de los banqueros en año electoral.

Josep Borrell, presidente del Instituto Universitario Europeo de Florencia.