Objetivo, aniquilar al otro

Eu un artículo publicado hace años en este mismo periódico, Gregorio Peces-Barba, por entonces ya expresidente del Congreso de los Diputados y siempre una de las más claras cabezas del socialismo español, trazaba la nítida línea conceptual que marca la diferencia entre el adversario político y el enemigo político. Mientras los adversarios, reflexionaba Peces Barba, defienden posiciones discrepantes «de actitudes vitales, de ideas o de creencias», los enemigos «son los que están en contra, con mayor radicalidad que los adversarios, que tienen mala voluntad hacia otro, que le desean o si pueden le hacen mal, y que no descartan en el combate, si no es suficiente la injuria o la insidia, ni el uso de la violencia ni el de la fuerza».

Es difícil sustraerse a la tentación de hacer alguna consideración, por modesta que sea, acerca de la vigencia de la lucubración con que el profesor Peces-Barba alertaba acerca del odio como motor de las relaciones con el antagonista, cuando estas relaciones vienen determinadas no por un deseo racional de entendimiento constructivo sino por un empeño de consumación destructiva: «El fin es la aniquilación intelectual, y si es necesario la física», escribía quien supo afrontar con éxito la tarea de presidir unas Cortes cuya anchura ideológica iba desde Alianza Popular hasta Herri Batasuna.

Estos días son abundantes las noticias que hablan bien a las claras del odio como munición política. Un odio que ni siquiera puede aplacar la aniquilación –civil, moral o profesional– del contrario, es decir, un odio insaciable y hasta inhumano. Es una especie de ajuste de cuentas retroactivo, una suerte de inquina revanchista, empapada de esa perturbación cainita que no se sosiega sino con la eliminacion del contrincante. Casi siempre, el sustento (o el pretexto) del odio apela a vindicaciones seculares que es necesario satisfacer de una vez. Poco importa que estén o no justificadas, ni que para acreditarlas sea preciso superponer la ficción a la verdad histórica, o hacer dogma del mito. Se trata, en todo caso, de convertir al otro –es decir, al discorde– en enemigo indubitable y causal, origen y explicación de todos nuestros males. Una vez asumida esa proposición, resulta fácil desplegar la pancarta mesiánica y abrir el banderín de enganche para todo el que esté dispuesto a acudir al rescate de los derechos expoliados, ya sean linguísticos, ya fiscales, ya territoriales, ya patrimoniales.

La táctica adoptada por los secesionistas, tanto catalanes como vascos, y sus asociados responde exactamente a esas falacias. El eslogan España nos roba es, además de una consigna, un argumento. No importa que su contenido lo desmientan las cuentas públicas territorializadas ni que revele la insolidaridad radical de quienes lo vocean; lo importante es que incita al victimismo y, por consiguiente, al desquite. No hay que caer en el desmadre histórico para ver en ciertas acciones (quema de banderas de España y de fotos de Felipe VI, sistemática desobediencia al Tribunal Constitucional, prohibición al Ejército y cuerpos policiales de estar presentes en el Salón de la Enseñanza de Barcelona) y proclamas de los partidarios de la «desconexión» más de una similitud con quienes concibieron e impulsaron tesis xenófobas y operaciones étnicas de consecuencias espantosas. ¿Qué fue la Kristaltnacht alemana de 1938 sino el corolario homicida de un linchamiento incitado por una insistente campaña de intoxicación política?

No incurriremos en la exageración de afirmar que los ciudadanos de algunos territorios españoles están sometidos a políticas de «saneamiento racial» (expresión, por cierto, muy del uso del incalificable Sabino Arana), pero creemos que no es desorbitado hablar de las tareas de «limpieza ideológica» a las que están entregadas determinadas fuerzas políticas, algunas de ellas utilizando tribunas y fondos institucionales.

Las amenazas de las brigadas moradas de Pablo Iglesias contra periodistas poco complacientes y los linchamientos en las redes sociales forman parte de una estrategia de amedrentamiento con que determinadas formaciones políticas pretenden acallar a todo el que se atreva a levantarles la voz o, simplemente, a no comulgar con falacias como «la casta», «la trama» y otras ruedas de molino.

En ese propósito de eliminación del otro se inscribe asimismo la iniciativa de Podemos pidiendo que se elimine de La 2 de Televisión Española el programa dominical que emite la misa católica. Es una reclamación perfectamente coherente en quienes limitan el argumentario de su crítica a eslóganes tales como «Arderéis como en el 36» o «Vamos a quemar la Conferencia Episcopal», divulgados a voz en cuello por quien hoy desempeña la portavocía (no es broma) del Ayuntamiento de Madrid. Pero la coherencia en la demanda no la exime de ridiculez ni la libra de un tufo rancio que creíamos definitivamente arrumbado en el trastero de la Historia y que, en todo caso, es impropio de un partido que aspira a romper con la política de naftalina y dice estar dispuesto a «construir la Democracia» desde los cimientos. Porque si algo queda de verdaderamente anacrónico en la España actual es la figura del diputado vocinglero y comecuras (el jabalí republicano, en calificativo de Ortega) un espécimen que ya estaba apolillado hace un siglo y que hoy solo sirve para fantoche de mojiganga o como espantajo para gente asustadiza. Sin embargo, se equivocará quien equipare aquel furor que condujo a la muerte a muchos españoles, religiosos y laicos, por el mero hecho de profesar la fe católica con el que hoy se canaliza a través de las redes o de una propuesta en el Congreso. El de ahora no está instigado por un odium fidei sino por un odium in alterum. Lo que se busca es la supresión del pluralismo en cualquier ámbito de convivencia. También aquí, con el pretexto de conseguir «una televisión pública sin espacios que privilegien a determinadas confesiones religiosas» (sic en la proposición no de ley registrada por Podemos), el objetivo a batir es el otro.

Juan Soto, periodista y escritor.