Objetivos arbitrarios y peligrosos

¡Ya tenemos los datos oficiales del déficit del 2011: ¡8,51% del PIB! El Estado gastó 91 millardos (miles de millones) de euros más de los que ingresó. Una auténtica barbaridad si tenemos en cuenta que la recaudación fue de unos 160 millardos. Para que se hagan una idea, es como si una familia que cobra 16.000 euros al año se gasta 25.100: poner 9.100 euros en la Visa cuando sólo ganas 16.000 es una locura… y eso es lo que está haciendo el Estado español. La primera conclusión es, pues: ¡señorías, se están ustedes pasando!

Sigamos. Según los datos presentados por el ministro Montoro, de los 91 millardos de déficit total, 55 corresponden a la Administración central, 32 a las comunidades autónomas (CC.AA.), 4 a los entes locales (ayuntamientos y diputaciones) y 1 a la Seguridad Social. La segunda conclusión es, pues: quien más se está pasando es la Administración central, responsable de 55 de los 91 millardos de déficit total.

¿Pero cómo? ¿La noticia no fue que el culpable del déficit en España eran las autonomías? ¿Cómo se puede decir eso si el 60% del déficit corresponde al Gobierno central? Pues muy fácil: no se habla del déficit que tiene cada uno, sino de su “desviación respecto al objetivo”. A laAdministración central se le pone un objetivo laxo de 51,5 millardos (4,80% del PIB) y como finalmente su déficit es de 55 millardos (5,1%del PIB), se dice que “solamente” se desvió en 3,5 millardos (0,30% del PIB). En cambio, a las CC.AA. se les impone un techo restringido de 14 millardos (1,3% del PIB) y dado que tuvieron 31 (2,94% del PIB), se concluye que su desvío fueron unos escandalosos 17 millardos (1,64% del PIB). 17 millardos de desvío autonómico frente a sólo 3,5 de desvío central y ¡alehop! ¡Ya se puede decir que “el problema son las autonomías”… para regocijo de los que quieren recentralizar el Estado!

La pregunta es: ¿pero quién decide que la Administración central pueda tener un déficit de 4,8% y las CC.AA. sólo del 1,3%? Respuesta: ¡el propio Gobierno central! ¿Es esa decisión razonable? Supongo que sí. Al fin y al cabo, el Gobierno central es cuatro veces más “importante” que las comunidades, por lo que parece justo que se le permita un déficit cuatro veces superior. Ydigo que es cuatro veces más importante porque su gasto total (principalmente defensa e infraestructuras) es cuatro veces mayor que el de las CC.AA. (principalmente sanidad y educación), ¿no? ¡Pues no!: quizá les sorprenda saber que el Gobierno central tiene sólo el 21% del total de los gastos del Estado mientras que las autonomías gastan el 35% (los entes locales el 13% y la seguridad social el 30%). Es decir, el Gobierno central, que sólo tiene que hacer frente el 21% de los gastos, se permite a sí mismo tener ¡el 80% del déficit!

Si, como parece razonable, dejáramos que cada administración tuviera un déficit proporcional a su importancia global en el conjunto del Estado (y haciendo que la suma de todos los déficits sea del 6% impuesto por Europa), entonces el Gobierno central tendría un objetivo de déficit del 1,25% del PIB (el 21% de 6) o 13,5 millardos. Dado que, según Montoro, el déficit del Gobierno central fue de 55 millardos, su desviación sería de 41,5 millardos: doce (repito, ¡doce!) veces superior a los 3,5 que anunció Montoro. Por el contrario, las comunidades tendrían un objetivo de 2,14% (23 millardos) y su desviación sería solamente de 0,8% (8,5 millardos): menos de la mitad de la cifra que dio Montoro.

Bajo este criterio, pues, la Administración central también sería responsable de la mayor parte del desvío… para regocijo de los autonomistas.

Yo no sé si el criterio que acabo de proponer es razonable, aunque pienso que al menos es tan razonable como el que se sigue ahora. Pero en cualquier caso, lo que está claro es que cuando se sugiere que “la mayor parte del desvío respecto al objetivo es culpa de las autonomías ynodel Gobierno central”, se hace basándose en un objetivo arbitrariamente impuesto por el propio Gobierno. Y el problema de creerse las lecciones derivadas de un criterio arbitrario es que las consecuencias pueden ser peligrosas. Todos estamos de acuerdo en que hay que racionalizar el gasto y eliminar el despilfarro en todas las administraciones. Pero la realidad es que unos tipos de gasto se pueden posponer para cuando vuelvan las vacas gordas sin crear demasiados perjuicios y otros no. Por ejemplo, se puede posponer la compra de un avión militar o la construcción de una carretera. No se puede posponer el momento en que un enfermo es atendido o que un niño va a la escuela. Si, utilizando criterios arbitrarios, se sigue obligando a las CC.AA. a recortar más que a la Administración central, acabaremos recortando más la educación y la sanidad (responsabilidad de las autonomías) y menos la defensa y las infraestructuras (responsabilidad de la administración central). Y eso podría no ser bueno.

España se enfrentaba a un grave problema fiscal pero el Gobierno de Zapatero nunca pareció darse cuenta. En lugar de establecer unos objetivos de déficit justos, racionales y eficientes teniendo en cuenta el daño que cada tipo de recorte causa a unos ciudadanos que están gobernados por todas (repito, ¡todas!) las administraciones, implantó unos objetivos que parecían estar pensados para demostrar que él hacía los deberes y los demás no. El PP deberá ser más serio. Y podría empezar cambiando aquello que tan frívolamente impuso Zapatero: unos objetivos arbitrarios y peligrosos.

Por Xavier Sala i Martín, Columbia University, UPF y Fundació Umbele.

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