Obsolescencia y modernidad

La reforma del sistema financiero impulsada por el presidente Barack Obama y anunciada el 17 de junio parte de una diagnosis aguda y precisa de la crisis: tienen que regularse no solo los bancos que formalmente lo son, sino todas las entidades financieras que actúan como tales y, en consecuencia, se otorga a la Reserva Federal la capacidad de controlar cualquier sociedad que sea «importante para el sistema financiero». Esta regulación obligará a todas las entidades financieras de cualquier tipo a constituir reservas genéricas para cubrir potenciales pérdidas y a mantener suficiente liquidez.

La reforma va directamente contra la posibilidad de que los préstamos sean vendidos con fuertes comisiones, trasladando el riesgo íntegramente del vendedor al comprador sin responsabilidad para aquel. La práctica de los últimos años ha sido esta, pero ahora se obliga al vendedor a mantener una parte del préstamo que vende, lo cual reducirá la irresponsabilidad en las transacciones financieras, causa no menor de la crisis actual y se elimina la posibilidad de empaquetar productos financieros que circulaban por los mercados, más en base al incentivo de las comisiones de venta que al interés del comprador por el producto.

Los principios de esta nueva regulación impiden la repetición de abusos hasta ahora posibles por una laxa regulación que se ha visto superada por la creatividad del mercado y por un largo periodo de intereses bajos, que ha facilitado hasta el extremo el endeudamiento irresponsable. Falta aún limitar los incentivos a los gestores de los bancos y definir más detalladamente el mecanismo de la creación de provisiones para moderar la especulación que nos ha llevado a la crisis. Esta nueva regulación se pone en marcha cuando se han inyectado tres billones de dólares en el sistema financiero occidental –2,2 billones, EEUU–, evitando la quiebra de la que el mundo estuvo cerca en octubre pasado. Hay que recordar ahora que fue EEUU el que inició esta actuación, que ha sido, después, seguida por el G-20, con ayudas indirectas y medidas fiscales con un coste de cincobillones de dólares.

La reestructuración de las grandes compañías automovilísticas, General Motors y Chrysler, hará posible que la separación entre lo que es insalvable y lo que debe constituir el núcleo de estas nuevas compañías refundadas, más pequeñas y recapitalizadas, pueda hacerse en poco tiempo y, por tanto, permitiendo la continuidad de unas empresas que ahora no eran viables y a las que se ha facilitado ayuda financiera, condicionada esta al cambio de los gestores, que han sido la razón de su obsolescencia.

En España parece que es necesaria una recapitalización de ciertas cajas de ahorros y eventualmente una reestructuración del sector. El nuevo marco referencial todavía es bastante indefinido, y los fondos oficiales están justo ahora disponibles después de ocho meses de incertidumbre. Las cajas son entidades esenciales para canalizar el ahorro y para financiar proyectos empresariales, principalmente de la pequeña y mediana empresa, o sea, de la actividad más importante de nuestra economía y, por tanto, meritan un tratamiento específico que no han recibido con la necesaria velocidad. Esto ha tenido efectos directos sobre la actividad de las empresas.

La reestructuración de las grandes constructoras y promotoras en crisis –Martinsa Fadesa es un ejemplo– está aún en los inicios, porque la definición de las cantidades que debe la compañía ha sido una actuación que se ha prolongado meses, debido a que el mecanismo se basa prioritariamente en resolver todas las impugnaciones individuales de los acreedores, en lugar de comprobar las deudas significativas y agrupar las menores en un fondo común, sobredotado, a asignar con posterioridad, lo cual habría hecho que una cuestión que dura meses se hubiese resuelto en pocas semanas, sin paralizar las operaciones de la compañía, paralización que ha afectado negativamente su valor y por tanto perjudica a los acreedores a los que se quería defender por una legislación garantista pero que resultaba ineficaz.

El contraste entre cómo actúan los gobiernos de Estados Unidos y Europa, y por extensión de España, respecto de las medidas para corregir los daños de la crisis y prevenir su repetición es radical por la diferencia de velocidad en la definición, comunicación y movilización de las medidas. La razón puede deberse a la indecisión para llevar a cabo los cambios estructurales necesarios y a la falta de una legislación orientada a resolver ágilmente los problemas graves más que al reglamentarismo de resolver los detalles antes de formalizar las soluciones, como si estas fuesen independientes del tiempo y de las consecuencias que su retraso implica sobre la economía.

Es un lugar común que Europa es fruto de la filosofía griega, la ley romana y la religión cristiana, pero la llegada de la revolución industrial pone a prueba estos valores, porque aparece la necesidad de garantizar la igualdad de los hombres en derechos y deberes y la necesidad de la competencia por el progreso económico, ideas que proceden de la Revolución francesa y que fueron recogidas por la Constitución americana. Este es el ideario y los valores que tiene EEUU y menos los europeos, excesivamente anclados en el formalismo legal y el corporativismo procedente del pasado. Las consecuencias son evidentes y se ponen de manifiesto en tiempo de crisis y de necesidad de cambio.

Joaquim Coello, ingeniero.