Obtener la paz en Colombia será difícil, pero no imposible

Una guerrillera del Frente 36 de las FARC descansa después una excursión en el estado de Antioquia, Colombia, en enero de 2016. (Rodrigo Abd/AP Photo)
Una guerrillera del Frente 36 de las FARC descansa después una excursión en el estado de Antioquia, Colombia, en enero de 2016. (Rodrigo Abd/AP Photo)

Las imágenes circularon el 29 de agosto: en ellas, líderes disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) anunciaron la creación de una nueva guerrilla. Esta decisión se tomó, explicaron, debido a supuestos incumplimientos por parte del gobierno de Colombia a los acuerdos de paz firmados en La Habana en 2016.

Cuando se anunció el acuerdo, después de cinco años de negociaciones en Cuba, el mundo entero aplaudió: un conflicto sangriento de más de 50 años, llegaba a su final. El gestor del proceso, el expresidente Juan Manuel Santos, recibió el premio Nobel de la Paz. Sin embargo, casi desde su firma, el resultado dividió al país. De hecho el 2 de octubre de ese año, poco más del 50% de los colombianos rechazó el acuerdo en un plebiscito.

El panorama se oscureció aún más cuando Iván Duque fue elegido presidente en 2018. El mandatario, apoyado por Álvaro Uribe Vélez, expresidente y opositor de la negociación, prometió revisar varios apartados de lo firmado —en especial la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), un mecanismo que investiga y juzga a los involucrados en el conflicto— y retomar las fumigaciones de cultivos ilícitos de coca con glifosato. Un año después de su elección, ha logrado diluir mucho de lo acordado.

“La globalidad del acuerdo, sobre todo en los temas estructurales que ya no son problema de un gobierno sino una hoja de ruta de cambio para Colombia, está totalmente paralizado”, me dijo Humberto de la Calle, jefe del equipo negociador del gobierno en Cuba y excandidato presidencial (perdió frente a Duque), unos días antes de la difusión del video.

De la Calle lidera, junto con exministros y congresistas, el movimiento Defendamos La Paz que convocó las marchas del pasado 26 de julio, en la que 30 000 personas se reunieron en Bogotá y otras ciudades para pedir que se implemente una reglamentación fundamental para el futuro del país. Es bien sabido que el acuerdo de paz no solo implica la tregua, sino una ruta política y económica de los años venideros.

En un principio se planteó que la ejecución de los proyectos del llamado posconflicto duraría 15 años. Parece un plazo exagerado, pero el atraso es notable y el balance de lo que se ha logrado es preocupante.

¿Qué tan alarmante es el futuro de la paz?, pregunté a De la Calle: “Sin duda hay complicaciones, aunque no hay que perder de vista lo que ha significado para el país la ausencia de víctimas o la pacificación de ciertos territorios. Sigo creyendo que vamos a salir adelante y, aunque el momento no es apocalíptico, se debe mantener la presión de la sociedad y de la comunidad internacional para que el gobierno acelere”, fue su respuesta.

La analista política e internacionalista Laura Gil me dijo que las marchas seguirán siendo importantes, pero que además hay un movimiento que está trabajando en todo el país.

Una de las consecuencias más atroces de la oposición a la paz es el aumento de asesinatos selectivos. Según un extenso reportaje de The Nation, cerca de 130 excombatientes y 400 líderes sociales han sido asesinados en los últimos 18 meses.

Hace un par de semanas, un bloque de parlamentarios presentó un informe sobre cuánto ha avanzado la implementación. Según la revista Semana, 57% de las normas requeridas aún están en trámite en el Congreso, y para algunos congresistas el gobierno de Duque no ha tenido la voluntad política suficiente ni ha destinado los recursos necesarios para que avancen. Uno de los puntos centrales era una muy necesaria reforma política. Pero esta parece, por ahora, una utopía.

Cuando se terminaron las negociaciones en La Habana, se entendía que el posconflicto sería una de las partes más difíciles. En cada extremo del espectro político, los acuerdos tienen enemigos mortales. Detrás de esto está una realidad comprensible: muchos colombianos no están dispuestos a perdonar a los ex líderes de las FARC.

A las pocas horas de la publicación del video, el presidente anunció que su gobierno ofrece una recompensa de poco menos de un millón de dólares por información que lleve a la captura de cada uno de los rebeldes. Y dijo que este no era el nacimiento de una nueva guerrilla sino la consolidación de una organización mafiosa. Casi al mismo tiempo, se señaló que existe la posibilidad de excluir de la JEP a los disidentes, para que sean investigados por la justicia ordinaria.

Sin embargo, esta disidencia es una minoría y 90% de los excombatientes sigue con lo acordado, de acuerdo con Rodrigo Londoño, ahora director del partido de las FARC, quien aseguró que nada va a cambiar.

Nadie pensó que un conflicto tan largo se terminaría, mágicamente, con la firma de un documento. Era ingenuo creer que este tipo de tropiezos no se darían en el camino de la implementación de la paz, sobre todo porque el dinero del narcotráfico sigue permeando y financiando el crimen organizado en Colombia.

Los nubarrones negros que se posan sobre el futuro son pesados. Este es, sin duda, el peor momento que ha vivido la paz desde su firma. Pero es muy posible que no esté herida de muerte: habrá que ver si Colombia logra superar esta tormenta o si está condenada a una guerra eterna.

Felipe Restrepo Pombo es un periodista, editor y autor colombiano. Su libro más reciente es la novela Formas de evasión (2016).

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