Ocho años de reforma laboral

Tal día como hoy hace ocho años, el Consejo de Ministros aprobaba la reforma laboral (Real Decreto-ley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral). España afrontaba una profunda crisis económica y social. La economía había destruido más de tres millones y medio de puestos de trabajo en los cuatro años precedentes y el número de parados superaba los cinco millones de personas. En las elecciones de noviembre de 2011 los españoles dieron a Mariano Rajoy una amplia mayoría para abordar con urgencia la situación. Desde ese momento se inicia una amplia agenda reformista en materia de política económica, de la que la laboral fue una componente central. El esfuerzo responsable de la sociedad española, sumado a la flexibilidad que introdujo la reforma en el nuevo marco de relaciones laborales, la consolidación fiscal, la reestructuración del sistema financiero y otras reformas para la competitividad, y las medidas de liquidez al sistema productivo, impulsaron la recuperación económica, la intensa creación de empleo y una mejora sostenida de los indicadores de situación social. Ahora, es momento de completar la recuperación, abordando con responsabilidad el presente escenario de desaceleración y afrontando con inteligencia los importantes desafíos que tenemos por delante en materia de digitalización, demografía y cambio climático, entre otros.

Días después de las elecciones generales de 2011, antes incluso de ser investido presidente, Rajoy convocó a los interlocutores sociales para pedirles que alcanzaran antes de la festividad de Reyes un acuerdo para reformar el mercado de trabajo. Superado el plazo, y sin acuerdo, el Gobierno ultima y aprueba el texto de la reforma. Unos días antes, y en paralelo, los sindicatos y la patronal alumbraron un importante pacto de rentas a tres años. En aquellos días de enero y febrero de 2012, interlocutores sociales y Gobierno sentaron las bases del cambio estructural del mercado de trabajo español que propició la recuperación económica y social experimentada desde 2014. Tras su tramitación como proyecto de ley, y con las aportaciones de los distintos grupos parlamentarios y el respaldo de cuatro de ellos (CiU, UPN, Foro Asturias y PP), las Cortes aprobaron en junio de 2012 el texto vigente hasta hoy.

Con todo ello nacía una nueva cultura del empleo en España, un modelo de flexiseguridad que pretendía dar flexibilidad a las empresas para adaptarse a las situaciones económicas adversas evitando cierres de negocio o despidos, y aportar seguridad para los trabajadores para que mantuvieran su empleo. Además, la norma reguló por primera vez el teletrabajo, reconoció el derecho a la formación de los empleados, limitó el encadenamiento de contratos temporales para facilitar el empleo estable y ponía en marcha un nuevo contrato para empresas de menos de 50 trabajadores que incentivaba la contratación indefinida, especialmente, para jóvenes, mujeres y parados de larga duración.

¿Y cuáles fueron las consecuencias? Hoy España acumula seis años consecutivos de crecimiento económico que, por primera vez en nuestra historia, ha sido compatible con superávit exterior y baja inflación. Un crecimiento sano y equilibrado que supone un cambio real en la economía española, que permitió recuperar altas dosis de competitividad y, con ello, converger en renta y, sobre todo, en empleo con los países más avanzados de la OCDE.

Los datos confirman que, desde la aprobación de la norma, las empresas eligieron mantener empleos y el despido pasó a ser el último recurso ante situaciones de dificultad. Y, en contra de lo que en ocasiones se afirma, la norma no ha debilitado la negociación colectiva. Al contrario, ha servido para dinamizarla permitiendo adaptar el contenido de los convenios colectivos a las necesidades de cada empresa y sector, otorgando a las empresas y a los representantes de los trabajadores en las mismas –más de 260.000– una amplia libertad para seleccionar el nivel de negociación. Son los comités de empresa, los delegados de personal, las secciones sindicales y el empleador los que libremente deciden si someten las relaciones laborales a la regulación sectorial o se rigen por un convenio de empresa. Porque son ellos quienes mejor conocen las necesidades de la empresa y el instrumento convencional más adecuado para su gestión. Además, como acreditan los datos del Ministerio de Trabajo, la tasa de cobertura de la negociación colectiva se muestra prácticamente invariable antes, durante y después de la crisis. Lo que sí ha supuesto la reforma es una amplia renovación de muchos de esos convenios y adaptación de sus condiciones a la realidad. Así, esta nueva cultura del empleo en España contribuyó desde su aplicación a limitar el impacto en materia de empleo, evitando la pérdida de 900.000 empleos adicionales desde 2012, y hubiera podido evitar la destrucción de cerca de dos millones de empleos de haber contado con dichos mecanismos de flexibilidad desde 2008, según BBVA Research.

La reforma funcionó en el contexto de recesión. Y especialmente lo ha hecho en el de crecimiento facilitando que éste se traduzca rápida e intensamente en creación de empleo. Ya no es necesario crecer por encima del 2,5%, como ocurría hasta entonces, para generar empleo nuevo. Esta profunda transformación es la que ha hecho posible que se hayan creado más de tres millones de empleos desde la recuperación y lograr acercarnos a los 20 millones de personas trabajando en España en 2020 (19.966.000). No hay un crecimiento más social que ese. Y no hay crecimiento más inclusivo que el capaz de crear empleo en todas las provincias, sectores económicos y grupos de edad. Eso ha permitido alcanzar grandes hitos en nuestro país, como el referente al empleo femenino, por la intensidad de la creación de puestos de trabajo ocupados por mujeres, para alcanzar un máximo histórico de más de nueve millones de mujeres trabajando (9.158.300), o el que respecta al empleo joven, porque, aunque quede mucho por hacer, lo cierto es que la tasa de paro juvenil se ha reducido en más de 20 puntos.

Más allá de la incidencia de la norma laboral a la capacidad de nuestra economía para crear empleo, es necesario analizar con rigor otros aspectos que se refieren a la calidad del empleo creado. El marco de relaciones laborales debe favorecer la creación de más empleo, pero también la vigencia de mejores empleos. La evidencia empírica muestra que la recuperación ha venido acompañada de empleo de más calidad. La contratación indefinida, que se desplomaba, comenzó a crecer desde el principio consolidando el periodo de incrementos sucesivos de contratación indefinida más largo de la serie, seis años. Hoy, tras ocho años de vigencia de la reforma laboral, podemos afirmar que, con 785.000 ocupados menos, hay más asalariados con contrato indefinido que nunca (12.448.000). Tres de cada cuatro asalariados (el 74%) tiene un contrato indefinido, casi seis puntos más que antes de la crisis.

Pues bien, insisto, esto no hubiera sido posible sin el compromiso de todos los implicados. Las reformas no son otra cosa que herramientas que se ponen al servicio de los agentes económicos y sociales para convertirlas en ventajas y avances reales. Por eso, el giro en la economía española ha sido posible gracias al enorme esfuerzo de toda la sociedad: los trabajadores, las empresas, las pymes, los autónomos y, por supuesto, las familias españolas. Y si ese giro ha podido completarse es también debido a la fortaleza de nuestras instituciones y a la solidez de los elementos que componen la arquitectura de nuestra convivencia, como lo es el diálogo social.

Ocho años después, en los inicios de 2020, aparecen nubarrones en el horizonte en forma de desaceleración económica y freno al ritmo de creación de empleo, sumados a la incertidumbre por las tensiones geopolíticas y comerciales, el Brexit, o nuestro propio contexto político nacional. Una incertidumbre que viene a enfatizarse por las incógnitas que acompañan a los nuevos retos que están cambiando los procesos productivos globales, las relaciones comerciales, las propias sociedades y el empleo del futuro.

Ante estos nuevos desafíos deberíamos centrar todas nuestras energías y acciones en construir el futuro, más que en revisar el pasado; articulando nuevos consensos que favorezcan soluciones compartidas que preserven el crecimiento y la competitividad, fortalezcan el bienestar sin dejar a nadie atrás y, además, mantengan la confianza en España. Para afrontar este debate sería bueno no dejarse llevar por la ideología, sino guiarse por la razón y la experiencia empírica y para cambiar, sencillamente, aquello que no funciona. Es más sencillo acercarse a los acuerdos democráticos alejándose de la demagogia política.

En definitiva, la modernización del mercado laboral tras la reforma de 2012 supuso impulsar la creación de empleo, más allá del crecimiento económico, permitir que avance su calidad y abrir nuevas vías para que la negociación colectiva funcionase de forma efectiva como mecanismo de protección del empleo. Y no han faltado quienes han cuestionado las ventajas que ha supuesto, pero no conviene desmerecer sus avances ni el compromiso que empresas, sindicatos y patronal han demostrado en su aplicación para lograr que se tradujera en más y mejor empleo. Del mismo modo que no conviene olvidar los grandes hitos que quedan por recorrer en la recuperación del empleo, como lograr un nivel de ocupación convergente con la media de la Unión Europea, seguir avanzando en la incorporación de los jóvenes al mercado laboral o dedicando esfuerzos a la mejora de la calidad en el empleo. Es una tarea que nos exige altura de miras, sentido de Estado y sensibilidad social. Que nos demanda centrar nuestros esfuerzos no tanto en hacer cosas distintas, como en hacer las cosas mejor.

Fátima Báñez es ex ministra de Empleo.

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