El título de este artículo está tomado de una campaña de Amnistía Internacional contra la pena de muerte. La sentencia de la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos por la que anula la denominada doctrina Parot,ha desencadenado una reacción en sectores de la sociedad española que revelan la existencia de un profundo arraigo de los instintos punitivos anclados en la ley del talión.
Lamentablemente no se trata de una erupción súbita de irracionalidad, sino del efecto contagioso del virus de la represión y de la venganza que sigue latente en nuestro cuerpo social. La experiencia nos ha enseñado que cuando salta a los medios de comunicación un acontecimiento como el que aborda la sentencia del Tribunal de Estrasburgo, la opinión pública reacciona de forma compulsiva, dejando un escaso margen para la reflexión y el debate sobre los intereses y valores en conflicto.
La controversia sobre los delitos y sus penas debe recuperar los valores de la Ilustración, manejando exclusivamente argumentos, extraídos de la racionalidad y del respeto a las leyes del Estado de derecho. Lo más preocupante es que la polémica carece, la mayor parte de las veces, de razonamientos basados en el análisis de las raíces del conflicto. Se pone en cuestión la esencia de los valores democráticos y del Estado de derecho con una virulencia y frivolidad que sorprende a los observadores neutrales de otras latitudes, alejados de la pasión colectiva que se exhibe en los foros y medios de comunicación.
Sería necio desconocer que algunas coletillas banales y sin sentido han calado en la vida cotidiana. Es frecuente escuchar: “En este país, asesinar sale gratis”. No faltan los que piden que asesinos y violadores “se pudran en las cárceles”. Cuando ya todo está consumado y no queda otro remedio que cumplir las pautas del Estado de derecho se rasgan las vestiduras afirmando que salen riéndose de las víctimas. El propio abogado del Estado que representaba a España ante el Tribunal de Estrasburgo, esgrimió como argumento que no es lo mismo asesinar a una persona que a 123. La aritmética puede volverse en contra de quien la utiliza con tanta simpleza.
Ante la pasión desatada tengo la sensación de que la pena de muerte, aplicada de forma rápida y efectiva, está perdiendo partidarios. Se admitiría, salvado el obstáculo constitucional, si fuese acompañada de una larga estancia en el corredor de la muerte, provocando el sufrimiento del reo ante la incertidumbre de su destino inmediato.
La última oferta, como novedad estrella de la enésima reforma del Código Penal, es la de la prisión permanente que, en absoluta contradicción con su naturaleza, se considera revisable. El proyecto de Código Penal ofrece esta alternativa y la considera como una pena indeterminada, contraviniendo frontalmente las reglas de la certeza del horizonte penitenciario que ha asumido toda la comunidad jurídica internacional y especialmente los países democráticos. Una pena indeterminada es, por su propia naturaleza, cruel e inhumana. No es el mensaje más adecuado para reforzar los valores constitucionales y de la civilización. Los valores superiores del ordenamiento jurídico que proclama nuestra Constitución, la libertad y la justicia, se resienten o resultan seriamente dañados por iniciativas legislativas de esta naturaleza. Ante el asombro de la mayoría de los especialistas hemos llegado, sin apenas discusión, al cumplimiento íntegro de penas de 40 años. Parece que la medida es insuficiente y excesivamente blanda. Los psicópatas asesinos y violadores se pueden contar con los dedos, lamentablemente el sadismo punitivo prolifera de manera alarmante.
Creo que ha llegado el momento de pensar por qué hemos alcanzado estas cotas de tensión que nos ha llevado a romper el clima que permitió nacer, con unanimidad parlamentaria, una Ley General Penitenciaria que nos recuerda, en su artículo tercero que los presos son seres humanos y como tales, titulares de derechos.
Los medios de comunicación tienen el deber de difundir los valores democráticos. Los partidos políticos asumen la obligación de fomentar el régimen de libertades y los principios democráticos. Tengo la impresión de que, en ambos bandos, algunos no han cumplido con estos objetivos. Me parecen muy graves y destructivas algunas manifestaciones de políticos y editoriales frente a la sentencia del Tribunal de Estrasburgo. No se puede fomentar la insumisión, el desprecio y hasta el insulto a instituciones que forman parte de nuestra estructura democrática. El portavoz adjunto del Partido Popular se ha permitido decir públicamente que los jueces de Estrasburgo no son conscientes del daño que han hecho la sociedad española. ¿Es consciente del deterioro que ocasiona al Estado de derecho y al sistema que nos hemos dado para regular nuestra convivencia?
Concepción Arenal pidió que a las puertas de las prisiones se pusiese un lema: “Odia el delito y compadece al delincuente”. Ahora, muchos piden sustituirlo por el que figuraban a la entrada del infierno de Dante: “Abandonad toda esperanza los que aquí entraréis”. Dante necesitó que alguien le guiase en la oscuridad del averno. Antes de llegar a ese extremo, es preferible no quedarse ciego dejándose llevar por la venganza.
José Antonio Martín Pallín es abogado, magistrado emérito del Tribunal Supremo y comisionado de la Comisión Internacional de Juristas (Ginebra).