Había transcurrido un mes desde la aprobación de la resolución rupturista del 9-N y el letrado mayor del Parlament lo advirtió. El Estado había reciclado la doctrina para proseguir con su estrategia de anestesiar el desafío soberanista judicializándolo. Cuando el abogado del Estado quisiera cortocircuitar el despliegue de la hoja de ruta, recurriría a la sentencia del Tribunal Constitucional que anulaba la resolución. El letrado lo advirtió. Las leyes del proceso constituyente serían vulnerables. Se ha cumplido su advertencia.
El conflicto, con la inquietante amenaza de inhabilitación de la presidenta Forcadell, lo ha activado la Comissió d’Estudi del Procés Constituent. Ya que el verano es tiempo de lecturas plácidas, he extendido la toalla en la web del Parlament para tragarme el papeleo de una comisión que, para decirlo rápido, ha establecido el procedimiento que se seguirá para elaborar la Constitución de la República Catalana.
Inspirada en la resolución del 9-N, la comisión arrancó el 28 de enero. En la sesión constitutiva su presidenta, la malograda Muriel Casals, leyó un punto del reglamento para aclarar la función de una comisión de estudio: el análisis de cualquier asunto que afecte a la sociedad catalana. Pero Casals, a las claras, fijó su aspiración: conseguir que la Mesa del Parlament, aparte de tomar nota de sus trabajos, les diese una tramitación específica. Es lo que el TC quiso impedir. Porque, aunque no sea una comisión legislativa, la tramitación podría no ser, según el TC, ni mucho menos inocua: “El informe y las conclusiones pueden dar lugar a una nueva declaración política o al inicio de decisiones concretas en orden a la consecución de un proceso constituyente de secesión de España” (copyright Brigada Aranzadi).
La comisión se ha reunido once veces. La mayoría de las sesiones han consistido en la exposición de académicos –casi todos favorables a iniciar el proceso constituyente– y un debate posterior a partir de las preguntas formuladas por los portavoces de los grupos que han participado. No han participado ni Ciudadanos ni socialistas. Para intensificar el extrañamiento, en esta comisión, que tenía una trascendencia potencial capital, el representante popular asistió sólo para reiterar que nada de lo que estaban haciendo tenía sentido alguno.
Lo más interesante ha sido el debate entre Catalunya Sí que es Pot y el bloque de Junts pel Sí y la CUP. Aunque todos los grupos presentaron conclusiones propias, el 18 de julio el bloque soberanista presentó las que habían transaccionado entre ellos, las que se aprobarían. Cuando al día siguiente los comunes propusieron el redactado alternativo de uno de los puntos, que abría la posibilidad de una salida al pleito territorial que incluía la reforma constitucional como alternativa, el convergente Corominas, sobrado, fue tajante: “Nosotros entendemos superados consideraciones como la reforma constitucional y otros aspectos, plurinacionalidad, etcétera”. La continuidad establecida entre la resolución del 9-N y las conclusiones de la comisión de estudio ha sido clara. Lo han explicitado la Abogacía del Estado o Anna Gabriel cuando el 27 de julio el pleno del Parlament decidió tramitar las conclusiones.
El diálogo de sordos entre Madrid y Barcelona vuelve a pendular entre la amenaza punitiva y la provocación insurreccional. Se deja de hacer política, se quiere hacer historia. Pero la dinámica de choque institucional, que genera la tensión que recalienta el proceso, desvía la atención del aspecto que me parece más bestia: la influencia determinante, ahora y aquí, de una fuerza antisistema en esta legislatura crítica. Tumbaron el candidato a presidente, bloquearon la aprobación de los presupuestos, impiden la acción legislativa. Pero, a pesar de su actividad desestabilizadora, se les quiere seducir. Por eso han liderado las conclusiones de la Comisión. Releídas se podría convenir que Lluís Rabell, como si perorase en la taberna, tuvo razón. “Esto es sólo para indepes convencidos, para daros placer. Si os dais placer, os dais placer, el onanismo es una actividad legítima. En política, sin embargo, es muy peligrosa”. Pero Rabell, centrado en el asunto de la unilateralidad, no denunció un punto de las conclusiones que es directamente revolucionario.
No me refiero al acuerdo sobre la necesidad de que el proceso constituyente deba incorporar “desde el principio la perspectiva de género” (¿no sería más democrático apelar a la igualdad?). El punto en cuestión es el noveno, copia el séptimo de las conclusiones de la CUP y lo podría firmar un discípulo de Robespierre. El punto, totalitario, define las atribuciones de la Asamblea Constituyente que tutelará el proceso de elaboración de la Constitución. Sus decisiones, se lee, no podrán ser impugnadas por poder alguno y serán de cumplimiento obligatorio para personas físicas, jurídicas y poderes públicos. La separación de poderes queda liquidada y, si es así, ¿quién podría impedir que el proceso constitucional impusiese una purga trabucaire?
Jordi Amat, escritor.