OPA bajo la suprema justicia

Por José García Abad, presidente del Grupo Nuevo Lunes y editor del semanario El Nuevo Lunes (EL PERIÓDICO, 25/04/06):

La OPA por antonomasia, o mejor dicho, las dos OPA energéticas en presencia han alcanzado el máximo nivel judicial. El Tribunal Supremo ha suspendido cautelarmente una importante decisión del Gobierno: la autorización de la oferta pública de adquisición formulada por Gas Natural a los accionistas de Endesa, por lo que no podrá llegar a los propietarios de esta compañía. Tampoco podrán considerar otras propuestas, como la ya formulada por la compañía alemana E.ON, hasta que el alto tribunal no adopte una decisión firme.
En términos formales, el pleno de la Sala de lo Contencioso no ha entrado en el fondo del asunto, pues se trata de una mera cautela, una precaución para evitar perjuicios irreversibles a la eléctrica española. Así lo justificará el auto que dictará el pleno de la Sala de lo Contencioso en los próximos días, como una razonable decisión meramente precautoria. Así se justifica también el Gobierno quitando hierro a una decisión que es un palmetazo en los nudillos del Gabinete y de forma especialmente dolorosa en los del ministro de Industria, José Montilla, y en los del presidente, que ha seleccionado este asunto para conducirlo personalmente.
Sin embargo, la decisión del Tribunal Supremo trasciende la inocuidad aparente de una suspensión provisional, pues en este caso lo formal –paremos la operación para evitar efectos irreversibles– puede tener consecuencias más irreversibles de las que trata de conjurar; el tiempo necesario para que el Supremo decida sobre el fondo del asunto, que se sitúa en torno a los dos años, puede frustrar la operación e invalidar la decisión del Gobierno que, como tal, es política –quiero decir discrecional– y no jurídica. Es fácil, pues, que la forma se convierta en el fondo, ya que el tiempo de espera es un factor determinante en las operaciones del mundo financiero que tienden a la instantaneidad; el mero transcurso del tiempo puede determinar que un negocio sea un éxito o un fracaso. El embarazo industrial al que se refería Salvador Gabarró, el presidente de Gas Natural cuando la gasista puso su semen en la eléctrica, habría degenerado en un doloroso aborto.
Hay algo positivo en todo este asunto: se abre la posibilidad de negociación entre Manuel Pizarro, presidente de Endesa, y Ricard Fornesa, presidente de La Caixa y responsable máximo de la operación de su filial. Ambos se juegan mucho en el empeño. El primero, que se ha mostrado como un virtuoso de la obstrucción, ha ido de derrota en derrota –ha perdido todas las batallas jurídicas, en Madrid y en Bruselas– hasta la victoria que podría ser final tras las suspensiones decididas por la Audiencia Provincial y el Supremo.

SIN EMBARGO, no es el dueño de la compañía, aunque sea su legítimo representante. El infatigable aragonés salió a hombros de su junta de accionistas al conseguir que la alemana E.On hiciera subir el precio de las acciones en un tercio sobre lo que ofrecía Gas Natural, al tiempo que dejaba a ésta en entredicho por la parquedad de su oferta. Pero su victoria puede resultarle pírrica al impedir a los accionistas tomar decisiones sobre su patrimonio durante un largo periodo, un plazo que en la bolsa se acerca al infinito. Por su parte, Ricard Fornesa, que además de gasista es suministrador de agua, de servicios sanitarios y de tantos eficaces servicios en los que ha irrumpido La Caixa, es sobre todo el presidente de ésta, y una caja, como cualquier entidad financiera, es tan poderosa como vulnerable.
La OPA aparece tan judicializada como politizada, y de hecho en la decisión del Supremo y en su reñida votación se aprecian apriorismos políticos que no quitan legitimidad a la decisión pero que podrían explicarla. Y el terreno político es muy peligroso para una entidad cuyos clientes, en el fondo los dueños de una entidad sin dueños, no votan a un solo partido político. Así lo vio Fornesa con muy buen criterio, quien envió a su hombre más templado, Isidre Fainé, a la madrileña calle de Génova, la sede del PP, para pedir árnica a Mariano Rajoy.
Cuando todos pueden perder suele imponerse la paz o el compromiso sobre el abismo al modo del conocido chiste del dentista, el del paciente que agarrando al odontólogo por donde más duele le pregunta en el tono más convincente: “¿Verdad, doctor, que no nos vamos a hacer daño?”. Fornesa quiere la paz y Pizarro, que quiere el territorio, está dispuesto al pacto siempre que Gas Natural retire previamente la OPA. En la gasista se responde que todo acuerdo es posible pero que antes hay que pactar en qué condiciones se retira.

EL GOBIERNO está especialmente interesado en “una solución pacifica” que no le humille en exceso ni frustre el sueño de José Luis Rodríguez Zapatero de que las decisiones energéticas se tomen en Madrid o en Barcelona con preferencia a Berlín. Un pacto que garantice la españolidad de Endesa, que hoy Rodríguez Zapatero considera innegociable, y que sea aceptable por las partes en conflicto. Algunas armas tiene el Gobierno en su mano que ha comprometido al Boletín Oficial del Estado en una operación mercantil donde no está ajena la política.
De momento el Gobierno se siente apaleado. Hay pocos precedentes de que el Tribunal Supremo desautorice al supremo poder político y ninguno que yo recuerde respecto de una medida de política económica. No es frecuente que la Sala de lo Contencioso actúe con tanta celeridad. El auto de suspensión se enmarca en un duro enfrentamiento entre el poder legislativo y el judicial que ha llegado a extremos escandalosos con el desafío de Francisco José Hernando, presidente del Tribunal Supremo, al Congreso de los Diputados, el órgano de la soberanía popular.