Opacidad y falsedades en el debate del ‘cuponazo’ (y II)

Como decíamos el martes, el debate del cuponazo, además de bronco, estuvo plagado de opacidad, descalificaciones, falsedades y errores. A partir de aquí es bastante complicado para un ciudadano comprender lo que está pasando, o quizás no. Pero, en cualquier caso, algunos detalles son esenciales.

En primer término, lo que se debatía era la cuantía del cupo, que es el importe que paga el País Vasco al Estado por las competencias que no tiene transferidas, como prisiones o aduanas, así como su contribución a las cargas comunes como la Corona, la Defensa o el Servicio Exterior. En el debate no se abordaba, porque no se podía, la Disposición Adicional 1ª de la Constitución, o el sistema de concierto económico, que implica que en el País Vasco haya cuatro Haciendas.

Lo que se debatía, sustancialmente, era la disminución del cupo vasco en unos 300 millones de euros. Además, también se debatía, en lectura única, es decir sin posibilidad de tocar una coma, una ley fiscal, la del concierto económico. Esta ley determina que Hacienda, la foral o la estatal, cobra cada uno de los impuestos.

Uno de los puntos clave que hace que el cuponazo sea injusto es el ajuste de IVA. Este ajuste, diga lo que diga Montoro, viene establecido en la Ley del Cupo y siempre sale favorable al País Vasco, aunque los expertos que nombra el propio Gobierno consideran que debía ir en dirección contraria. En los últimos años, este ajuste ha sido superior al cupo líquido, lo que ha hecho, en la práctica, el cupo negativo.

Ello pone en cuestión la solidaridad interterritorial, e incluso el cumplimiento del artículo 138 de la Constitución. Esta disposición constitucional no sólo consagra el equilibrio económico adecuado entre territorios, sino que dispone que las diferencias entre Estatutos y territorios, no pueden suponer, en ningún caso, privilegios económicos y sociales.

Los datos arrojan luz sobre este punto: la financiación del País Vasco, a igualdad de competencias, según los datos oficiales del Ministerio de Hacienda, fue de 4.654 euros por habitante, frente a los 1.883 euros de Madrid o los 2.016 euros por habitante de media de la financiación del régimen común. Esto hace que en Sanidad o en Educación pública, por ejemplo, el gasto por habitante en el País Vasco sea el más elevado de España. Pero eso no se debe exclusivamente a los impuestos de los contribuyentes vascos; ésa es otra falsedad más de todo este debate.

Así, según también datos oficiales del Ministerio de Hacienda de 2014, Madrid y Cataluña, como comunidades ricas, aportan 19.205 y 9.892 millones de euros respectivamente a la solidaridad. Incluso la Comunidad Valenciana, con una renta per cápita inferior a la media, aportó 1.735 millones. Sin embargo, el País Vasco, segunda comunidad más rica, recibió de los demás españoles 3.387 millones de euros, lo que supone más de un 30% de todo el presupuesto de la comunidad autónoma. Como parecía que todo esto no era bastante, mediante las leyes del cuponazo, el Estado reconocía una deuda de 1.400 millones de euros con las instituciones vascas, y disminuía el cupo (ya negativo) en 300 millones al año.

Todo esto, el reconocimiento de deuda y los “cálculos” del nuevo cupo, se deriva de los acuerdos de la Comisión Mixta del Concierto Económico, que preside Cristóbal Montoro. Bien, estos acuerdos no han sido publicados por el Gobierno, pero tampoco están en el expediente que se llevó al Congreso de los Diputados. Éste es el nivel de opacidad.

Ahora bien, este acuerdo no es injusto ni opaco para el portavoz del PP, Javier Maroto, porque Podemos lo votó a favor. No señalaré aquí que esta sea una afirmación falsa, pero que el criterio de justicia del PP sea lo que Podemos vota a favor no deja de ser curioso. Lo que sí resulta incierto, por ser suave, en las afirmaciones de Maroto, es sugerir que votar no al concierto económico es inconstitucional y contrario a aplicar las leyes, o que Ciudadanos no está a favor de aplicar el artículo 155 de la Constitución en Cataluña para devolver la voz a los catalanes. Es una lástima que el criterio de voto obligatorio a favor del cupo y el concierto no estuviese vigente en 2007, cuando el PP se abstuvo, y eso que era un acuerdo menos favorable al País Vasco.

Los argumentos absurdos continuaron con el portavoz socialista, Pedro Saura. Según el dirigente socialista murciano, Ciudadanos no tenía derecho a oponerse al cupo vasco, porque había votado favorablemente a los Presupuestos. En el estado de ingresos de los Presupuestos del Estado se incluye como ingreso el cupo vasco, el vigente, no el del cuponazo que todavía no se había aprobado. Pero el estado de ingresos de los Presupuestos es una estimación que incluye la recaudación por IRPF, Sociedades, IVA… Votar a favor del Presupuesto no es considerar justa cualquier disposición que afecte a los ingresos del Estado. Ciudadanos sólo pactó y dio su acuerdo a un presupuesto que, a diferencia de los que aprobaba el PSOE, estaba bien calculado, y que hará que por primera vez vayamos a cumplir los objetivos de déficit.

Podríamos seguir, pero el resumen final son infinitas descalificaciones a Ciudadanos, a Albert Rivera y a mí. Eso sí, argumentos escasos y casi ninguno relacionado con lo que se venía a debatir, es decir, la fijación del cupo vasco, si era correcta o no. Por descontado, los datos, alguno de los cuales están reflejados en estos artículos, sólo los aportó Ciudadanos y no los cuestionó nadie.

Ciudadanos se quedó solo en este debate, no esperábamos otra cosa. Sin embargo, más allá de los argumentos empleados por unos y otros, conviene no dejarse llevar a engaño. Hoy estamos más lejos de una reforma de la financiación autonómica para las demás comunidades. El informe de los expertos, que tanto el Gobierno como el PSOE y Podemos despreciaron, señalaba que para que la propuesta fuera factible era necesario que las comunidades forales incrementasen su aportación a la financiación territorial, y ahora la disminuirán. Nada es gratis, y todo será más difícil, pero Ciudadanos seguirá trabajando para mejorar la financiación de los servicios públicos de todos los españoles.

Francisco de la Torre Díaz es diputado de Ciudadanos e inspector de Hacienda.

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