‘Operación Lezo’: el final de la escapada

Suelen decir nuestros expertos que en España no puede hablarse de corrupción sistémica porque, básicamente, los funcionarios y altos cargos no perciben sobornos a cambio de la prestación de servicios públicos, como la educación, la sanidad o la seguridad, a diferencia de lo que ocurre en otros países donde entregar un sobre a un médico o un profesor -y no digamos ya a un policía- facilita bastante las cosas. Pero también admiten que la corrupción política está profundamente enraizada en nuestras Administraciones Públicas e instituciones en sus tres niveles: estatal, autonómico y local.

Es una corrupción conectada con la financiación irregular de los partidos y con el clientelismo que caracteriza nuestra vida política y en gran parte económica, de manera que el reparto caciquil de prebendas en forma de cargos públicos, contratos y subvenciones a favor de los próximos -a veces directamente de los familiares y amigos- se considera una forma aceptable de gobernar. Y lo que es peor, lo sigue siendo pese a todas las declaraciones formales de repulsa, a las modificaciones normativas para combatirla y a la indignación social generada por el descubrimiento de que esta manera de gestionar implica el despilfarrado sistemático del dinero público y favorece el enriquecimiento personal de una serie de políticos y empresarios muy relevantes en España. Personajes que, por lo que vamos viendo, hablan y actúan como una pandilla de gángsters.

La razón es sencilla: es muy difícil que personas que sólo saben gobernar de una manera entiendan que su tiempo político ya se ha acabado, por mucho que todavía consigan ganar elecciones y no se hayan enriquecido directamente con una corrupción que han tolerado o ignorado como un mal menor a cambio de conseguir (o comprar, porque la línea es bastante fina) apoyos, lealtades, votos y lo que hiciera falta para alcanzar y mantenerse en el poder. Esperanza Aguirre ha necesitado tener a su delfín encarcelado sin fianza para captar por fin el mensaje. Y es que, como decía Orwell, ver lo que está delante de nuestros ojos requiere un esfuerzo constante.

Porque seamos claros: las andanzas de Ignacio González, ex presidente de la Comunidad de Madrid por la gracia del dedo de la lideresa, eran perfectamente conocidas por una parte muy importante de la sociedad madrileña. Es más, incluso para los muy crédulos o los muy sectarios -que suelen ser los mismos- los indicios estaban ahí para cualquiera que quisiera verlos. Las sospechas nacían de un tren de vida personal y familiar difícilmente compatible con la percepción durante muchos años de un sueldo público, de la obsesión por la seguridad y el control, del mantenimiento de una corte de fieles incondicionales (colocados siempre estratégicamente en cargos institucionales, empresas públicas y en entidades supuestamente privadas como CEIM, pero capturadas a base de dinero público) de las relaciones con medios de comunicación poco escrupulosos y, por supuesto, de la necesidad de controlar a los jueces y fiscales que podían investigarle y encarcelarle.

En ese sentido, quizá el último favor que Ignacio González ha hecho a la democracia española, si podemos llamarlo así, ha sido poner de relieve la importancia de la independencia y la imparcialidad del fiscal anticorrupción y del fiscal general del Estado -cuya situación, por cierto, sería insostenible en un país serio-, así como la imposibilidad de encomendar en este momento la instrucción de los delitos a los fiscales por muchas razones técnicas que pueden invocarse sin acometer primero una reforma a fondo del Estatuto del Ministerio Fiscal que garantice que se investigan todos los delitos, incluidos los que puedan resultar incómodos para el Gobierno de turno.

Efectivamente, lo que nos demuestra insistentemente la realidad es que, en una democracia de baja calidad, los jueces (sobre todo los jueces de base) son los únicos que pueden acabar con una organización de tintes mafiosos tejida durante años y años al amparo del poder, en este caso el del PP de las mayorías absolutas en la Comunidad de Madrid. Algo similar ha sucedido con la antigua CDC en Cataluña y su famoso 3% o con el PSOE de los ERE en Andalucía. Afortunadamente los jueces han respondido a la necesidad de actuar como lo que son: la última trinchera del Estado de Derecho. Una trinchera en la que por fin se ha estrellado la impunidad de la que parecía disfrutar el ex presidente González, y de la que dan testimonio no sólo sus conversaciones privadas sino también lo burdo de algunas de las operaciones de saqueo que van siendo conocidas, al menos desde un punto de vista jurídico y económico. Porque, por lo que se sabe, podemos decir que no estamos ante métodos particularmente sofisticados para inflar contratos y cobrar comisiones.

Porque lo preocupante es que hablamos de empresas públicas con muchos empleados y que cuentan, al menos sobre el papel, con profesionales y asesores internos y externos para detectar operaciones internacionales rocambolescas y ruinosas como la compra en 2013 por parte del Canal de Isabel II (una empresa pública que se dedica, según su propia web, “a gestionar el ciclo del agua en la Comunidad de Madrid”) del 75% de una sociedad brasileña, Emissao Engenharia e Construcoes SA Ltda, pagando una cantidad desmesurada a través de una firma instrumental y depositando parte del dinero en una cuenta en la sucursal suiza del Royal Bank of Canada. ¿Cómo es posible que se puedan realizar este tipo de operaciones tan alejadas, por lo demás, del objeto social de una empresa pública sin que salten todas las alarmas?

Pues, sencillamente, porque en la cúpula directiva de estas empresas falta capacidad profesional y criterio, y sobra politización y enchufismo. Pero también porque falla algo más importante dentro de estas entidades: la ética y la responsabilidad de quienes sí tienen esa capacidad profesional y ese criterio. Es relativamente fácil convencer a alguien sin experiencia previa, sin formación adecuada y sin criterio profesional alguno, de la bondad de prácticamente cualquier proyecto que tenga las bendiciones de los que mandan pero hace falta también -y esto es muy importante- que el proyecto, por absurdo que sea, aparezca adecuadamente presentado y que cuente con los debidos avales técnicos y jurídicos. Por eso todos los altos cargos investigados o acusados lo primero que alegan es que las operaciones sospechosas habían pasado todos los controles, lo que en muchos casos hasta puede ser cierto. Pero eso sólo quiere decir que los controles no eran los adecuados, no que las operaciones no sean disparatadas en el mejor de los casos y fraudulentas, en el peor. Y, sobre todo, el que finalmente se pueda eludir la responsabilidad penal no quiere decir que no haya que asumir ninguna responsabilidad por los daños ocasionados al erario público por una gestión negligente o incompetente. Hay que insistir en esta idea: necesitamos gestores responsables y para eso nada mejor que exigirles efectivamente la responsabilidad política, administrativa o patrimonial que corresponda. Oportunidades no nos van a faltar.

También conviene recordar el destacado papel que en algunas de las operaciones dudosas que van saliendo a la luz han desempeñado abogados, asesores, consultores y auditores internos y externos, algunos de firmas muy relevantes y prestigiosas, pero que querían tratar bien a sus clientes. Lamentablemente, los clientes no eran los madrileños que acabamos pagando sus honorarios, sino los directivos que decidían contratarles. Convendría empezar a reflexionar sobre el conflicto de intereses que surge cuando quien nombra o contrata los servicios de asesores especializados busca un beneficio particular en detrimento de los intereses de la entidad o institución pública que gestiona. Un problema clásico de gobierno corporativo bien conocido en el ámbito privado, pero que conviene plantearse urgentemente en relación con las empresas públicas.

Quizá la mayor lección a extraer de esta historia es la del desprecio por nuestras instituciones que ha demostrado hasta su entrada en prisión quien tantos cargos institucionales ha ostentado. Efectivamente, Ignacio González quiso seguir controlando el Canal de Isabel II cuando ya era presidente de la Comunidad de Madrid, quiso presentarse como candidato autonómico a las últimas elecciones autonómicas, quiso presidir Caja Madrid, quiso elegir al fiscal anticorrupción. Todo eso sabiendo lo que podía suceder, y que, finalmente, ha sucedido gracias al esfuerzo de unos cuantos profesionales: jueces, fiscales, miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y otros muchos funcionarios que han conservado la suficiente dignidad y decencia para hacer bien su trabajo pese a todas las presiones. Lo que demuestra que el desprecio de González no estaba justificado y que tenemos servidores públicos decididos a evitar el hundimiento institucional y moral de nuestra democracia.

Elisa de la Nuez es abogada del Estado y miembro del Consejo Editorial de EL MUNDO.

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