Oportunidad para el pacto educativo

Utilizando la muletilla de Rajoy en sus discursos, podríamos decir que un pacto educativo en España es oportuno y conveniente. Es más, es necesario. Las razones son obvias y derivan de la realidad interna (de los vaivenes del sistema educativo porque cada partido ha querido elaborar su propia ley) y externa (porque lo habitual en casi toda Europa es fundamentar la educación en un pacto de Estado, al menos en sus principios básicos).

¿Es posible un pacto educativo en España? Empezaré diciendo que ya existe uno que, por ser básico, no es menos importante: el artículo 27 de la Constitución. Su redacción comportó no pocas complicaciones hasta conseguir expresar el consenso que los legisladores y la sociedad española quisieron para la educación al votar la Constitución. Estos principios deberían ser la línea roja que enmarcaría el pacto a acordar. Es más, cualquier ley educativa que se alejara del artículo 27 podría ser inconstitucional.

Diría también que ha habido un segundo pacto implícito, no reconocido como tal, pero subyacente a la elaboración de dos leyes educativas: la Loce (del PP, 2002) y la LOE (del PSOE, 2006), vigente con las importantes reformas introducidas por la Lomce (2013). Cuando el PSOE llegó al poder en 2004 se apresuró a derogar de manera inmisericorde la Loce para presentar su propia ley, pero sin recuperar totalmente la ley anterior, la Logse. Los socialistas impulsaron su nueva ley (LOE) habiendo incorporado reformas introducidas por el gobierno del PP en la derogada Loce.

Aquí tenemos otro punto de partida. Hay ámbitos de coincidencia, siquiera parciales, entre ambas leyes, (organización del currículum por cursos, repeticiones, cuerpos docentes, acceso a la dirección, reparto competencial del currículum, conciertos, etc.) un consenso implícito sobre el que fundamentar parte del pacto educativo.

Tanto la Constitución como las coincidencias Loce-LOE suman un amplio consenso parlamentario; la Loce recibió el apoyo del PP y de Coalición Canaria; la LOE, además del PSOE fue apoyada por Convergencia i Unió, Esquerra Republicana de Catalunya, Partido Nacionalista Vasco, Iniciativa per Catalunya Verds, Coalición Canaria y Eusko Alkartasuna. Es de suponer que los aspectos coincidentes Loce-LOE sigan teniendo un apoyo o sean un buen punto de partida para mejorarlos.

Habría que añadir algún otro tema, suscitado en el debate educativo con posterioridad a estas leyes, pero que podría gozar también de consenso, como sería el acceso a la función docente mediante unas pruebas selectivas similares al MIR sanitario. Sobre este punto se han manifestado a favor los grandes partidos y sería posible pactar su implementación.

Quedan otros temas en los que las coincidencias son difíciles, pero no imposibles. Quizás dependa de la metodología con que se pretenda buscar el pacto. En mi opinión, se debe desideologizar el debate educativo y entrar en aspectos técnicos que tienen relación directa con la calidad de la enseñanza. Sería muy necesario escuchar al profesorado, a quienes están en las aulas y saben mejor que nadie cuáles son los problemas reales. ¿Por qué no realizar una macroencuesta entre los docentes? Y escuchar menos a los expertos de despacho que pululan por las administraciones educativas y a cuyas ocurrencias debemos muchos de los desaguisados del sistema.

Con estas premisas se podrían alcanzar acuerdos en temas como:

1. La duración del bachillerato (actualmente de los más cortos de Europa). ¿Por qué no apostar ya por un bachillerato de tres cursos cuando las carreras universitarias se han acortado a tres?

2. La configuración del último curso de la ESO en vías opcionales hacia el bachillerato o la FP. Eso no es segregador como dicen algunos obsesionados con el modelo de la escuela comprensiva. En muchos sistemas europeos a los 15 años ya empiezan las diversificaciones. Ya hubo un intento de diversificar el 4º de la ESO en el último gobierno Zapatero.

3. Un sistema que ofrezca alternativas a aquellos alumnos que no quieren seguir enseñanzas académicas, dentro de un sistema inclusivo. En este sentido, la Formación Profesional Básica introducida en la Lomce es una medida positiva. El sistema ha de buscar tanto la equidad como la excelencia. Hasta ahora sólo se ha pretendido la primera en detrimento de la segunda. Tenemos un modelo muy equitativo, pero que iguala en la mediocridad.

4. Un estatuto de la función docente atractivo. Y, en lo que se refiere a la función pública, una doble carrera profesional: una ligada más a la gestión (cargos de dirección, inspección, con acceso por méritos) y otra más orientada hacia la investigación, la docencia y la didáctica (formación de profesores, jefatura de departamentos, cuerpos de catedráticos). Y, sobre todo, mayor respeto al profesorado, reforzando su autoridad en el aula.

5. Un equilibrio entre autonomía de centro y marco jurídico general, con mayor participación y potenciación de claustros, equipos docentes y departamentos didácticos, con una dirección profesional pero no autoritaria (como está sucediendo escandalosamente en el actual modelo aplicado en Cataluña) y menos burocracia.

6. Una clara definición de lo que queremos que sea la escuela: el lugar en donde las nuevas generaciones van a aprender o un lugar de socialización y/o entretenimiento en donde el esfuerzo ha de ser mínimo y el alumno (y sus padres) ejercen como clientes y, por consiguiente, siempre tienen la razón. En este marco se han de plantear unas pruebas externas que garanticen que en todos los centros haya unos mismos estándares de exigencia. Que nadie se rasgue las vestiduras. Las pruebas externas ya existen, pero parecen orientadas al control del profesorado por parte de la Administración y no a la evaluación de los alumnos. Una prueba externa al final de bachillerato idéntica a la selectividad pero ligada al título pudiera ser objeto de consenso. De no ser así, España sería uno de los poquísimos países en donde no existe una prueba similar.

7. Un incremento del gasto educativo cuyo primer objetivo sea derogar el decreto que incrementaba la carga lectiva del profesorado y devuelva derechos perdidos.

Creo que si los partidos se centran en los problemas técnicos y reales del sistema es posible el acuerdo. Si empezamos por cuestiones que no tienen nada que ver con la mejora de la educación sino con disputas ideológicas volvemos a debates ya superados en Europa y que distraen de lo que es central en la educación. Conviene tener en cuenta la experiencia de otros países, por ejemplo, la revisión a fondo del modelo de escuela comprensiva hasta los 16 años que ha tenido lugar en el Reino Unido (recomendable leer el informe del gobierno inglés Excellence in schools). Sin prejuicios ideológicos previos y centrando el debate en cuestiones que afectan directamente a la calidad del sistema, el pacto, que es ineludible, además es posible.

Felipe José de Vicente es presidente de la Asociación Nacional de Catedráticos de Instituto.

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