Oportunidad perdida

En un reciente artículo en Agenda Pública expuse que la opinión emitida por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal sobre la Seguridad Social realiza un diagnóstico equilibrado, que identifica importantes retos pero huye del alarmismo. Y formula propuestas sobre el futuro de las pensiones que apuntan a un escenario de reformas acordadas, condición imprescindible para su utilidad. Unas semanas después se ha perdido la primera oportunidad, al terminarse bruscamente y sin acuerdo los trabajos de la Comisión del Pacto de Toledo. Es una mala noticia para los que defendemos el sistema público de Seguridad Social y su sostenibilidad social y financiera.

Mi experiencia como abogado laboralista, sindicalista y parlamentario me dice que es muy importante saber capitalizar a tiempo y en acuerdos la fuerza que dan las movilizaciones. De lo contrario, la energía movilizada se diluye y uno se queda con la razón pero sin avances en los derechos reivindicados.

Estos años se han producido importantes movilizaciones para exigir la revalorización de las pensiones en función del IPC y reivindicar una mejora en su cobertura. Luchas que, junto al trabajo de los partidos que les daban apoyo y la acción de CC OO y UGT, obligaron a Rajoy a dar marcha atrás en la aplicación de la ley que en 2013 acabó en la práctica con la revalorización de las pensiones e implantó el llamado factor de sostenibilidad.

Se trata de una victoria provisional y las frustradas recomendaciones del Pacto de Toledo suponían un paso más en esa dirección. Sé que los términos en los que se redactan estas recomendaciones tienen un amplio margen de aplicación futura, pero es importante destacar que iban en la buena dirección.

Mucho más si pensamos en la incertidumbre de las elecciones del 28-A y el escenario político que de ellas pueda salir. En ese sentido, tiene lógica el rechazo del PP a unas recomendaciones que, en su orientación, contienen una enmienda a la reforma que Rajoy impuso en 2013. Al PP le sobra el Pacto de Toledo, como demostró con su hibernación durante la legislatura de su mayoría absoluta.

Sinceramente, me cuesta más entender la decisión de Unidos Podemos. Es legítimo que se quiera marcar perfil propio, pero en política suele dar mejor resultado hacerlo en positivo que en negativo. La votación a favor de las recomendaciones, acompañada de los votos particulares y discrepantes a alguna de ellas, permitía ese factor de diferenciación y al mismo tiempo capitalizar una lucha en la que Unidos Podemos ha estado muy implicada, en la calle y en el pacto con el Gobierno. Además de condicionar la acción de un futuro gobierno.

Más allá de estas consideraciones coyunturales me inquieta la concepción que intuyo hay detrás de esta posición. En algunas plataformas se rechaza el Pacto de Toledo por considerar que da cobertura a recortes de las pensiones, afirmación que no casa con la realidad. Se parte de una concepción de la política basada en un rechazo casi genético a los acuerdos.

En contra de lo que se afirma habitualmente, el Pacto de Toledo no sirve para sacar a las pensiones del debate político, lo que además de una ingenuidad sería una aberración. Existen propuestas distintas y confrontadas sobre la Seguridad Social y la sociedad debe conocerlas y discutir sobre ellas. Si los partidos no discuten de Seguridad Social, ¿para que sirve el debate político?

El Pacto de Toledo nació con un objetivo mucho más digno: buscar puntos de encuentro entre las diferentes opciones sociales y políticas. Llegar a acuerdos sobre qué volumen de recursos públicos se dedican, con qué prioridades y cómo se financian las pensiones es tan importante como confrontar propuestas. Conflicto y acuerdo son las dos patas de una sociedad democrática.

Por supuesto, esos posibles acuerdos no son fruto de la bondad de las propuestas ni de la habilidad de los negociadores, sino de la hegemonía ideológica y de la correlación de fuerzas que en cada momento se sepa construir.

La historia de los 25 años del Pacto de Toledo incluye elementos tan positivos como la separación de fuentes de financiación y el aumento de la aportación fiscal a la financiación del sistema, la consolidación del complemento de mínimos, la universalización de las pensiones no contributivas o las mejoras en las de viudedad. Incluso en momentos de crisis y recortes ha jugado su papel, atenuando el impacto de las políticas de austeridad sobre las pensiones.

La política no consiste en dejarse llevar por los caminos fáciles. Política es sobre todo la pedagogía de explicar las cosas complejas. La movilización social y los acuerdos que capitalicen su fuerza son claves para defender y consolidar la seguridad social pública. Si se renuncia a alguno de estos dos factores se debilita la posición de defensa de las pensiones. Esperemos que la ciudadanía con su voto el 28-A ofrezca una nueva oportunidad y que esta vez no la malgastemos.

Joan Coscubiela es exportavoz de Catalunya Sí que es Pot en el Parlament.

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