El control de los Gobiernos a través de las elecciones es un ejercicio esencial para el buen funcionamiento de las democracias representativas. El politólogo Bernard Manin lo define como el elemento que más permite a los ciudadanos influir en las decisiones de los gobernantes. El carácter repetido de los comicios incentiva a un Gobierno que aspira a la reelección a tener en cuenta a la opinión pública. No reelegir al partido en el poder es la forma de castigar malas políticas.
Ahora bien, dicho control retrospectivo necesita la concurrencia de otros factores. El correcto funcionamiento de las instituciones y el mantenimiento de los principios del Estado de derecho se revelan vitales. Así, la independencia del poder judicial, el respeto a las leyes, la libertad de expresión y la pluralidad son fundamentales en una democracia. De poco sirve tener elecciones si el poder judicial está secuestrado o si la prensa es censurada. La pluralidad política es asimismo crucial, y con ella el papel de la oposición. ¿Cuál es el papel de la oposición, sobre todo la que tiene posibilidades de acceder al poder? ¿Cómo debe actuar?
Es evidente que una de las tareas esenciales de la oposición es controlar al Gobierno. El discurso de la oposición, junto con los medios de comunicación, es una de las fuentes de información más importantes para los ciudadanos de cara a formar su opinión respecto a la actuación del Gobierno. Cuestionar sus políticas, presentar alternativas, intentar influir en el diseño de las leyes, hurgar en los rincones más oscuros y proclives a prácticas corruptas son tareas básicas del partido situado al otro lado de la bancada azul.
Existe un problema inherente a este ejercicio de control: el partido en la oposición, como es lógico, quiere convertirse en Gobierno lo antes posible. Estar en la oposición no es fácil. Fuera del Gobierno arrecian las voces críticas y los conflictos internos y el futuro se mira con cierto pesimismo. En este sentido, la frontera entre el ejercicio de control al Gobierno y el puro interés electoral se torna difusa. Pero tener como objetivo la conquista del poder y, a la vez, controlar al Gobierno no tienen por qué ser incompatibles. Que dicha conjugación sea positiva o perniciosa para la democracia depende de que la oposición se ejerza de forma responsable o irresponsable.
Una oposición responsable ejerce una crítica constructiva, señalando deficiencias en la acción del Gobierno, pero sugiriendo alternativas. Asimismo es capaz de moderar la lógica electoral y consensuar políticas de Estado con el partido en el Gobierno cuando así lo demandan las circunstancias.
Por el contrario, una oposición irresponsable se caracteriza por contaminar el debate político con ruido y confusión, con acusaciones arbitrarias que sólo persiguen obtener algún rédito electoral y ponen en tela de juicio a las instituciones y a los principios del Estado de derecho. Desde la llegada al poder del PSOE en 2004, la oposición del Partido Popular ha sido buen ejemplo de ello. Su forma de ejercer la oposición ha destacado por el aumento de la polarización en el debate político y por la promoción de sonadas denuncias que con el tiempo se han demostrado inconsistentes.
Para muestra algunos botones: el PP alentó tras el 11-M la teoría de la conspiración que sugería la complicidad de policías, jueces y el propio Partido Socialista en los atentados terroristas; organizó una recogida de firmas por toda la geografía española para rechazar la reforma del Estatuto catalán y coqueteó con un boicot a los productos de esta tierra; forjó un bloqueo institucional en la renovación del CGPJ que tensó la situación de la justicia hasta límites vergonzosos, y acusó al Gobierno de ceder al chantaje de ETA cuando éste exploraba vías de pacificación política en Euskadi, tal y como lo habían hecho Gobiernos anteriores, incluido el de José María Aznar.
Hoy, cuando muchos dirigentes del PP se encuentran en medio de un entramado de corrupción, la dirección de ese partido mira hacia otro lado y avala situaciones aberrantes como la no-inhibición del presidente del TSJV, Juan Luis de la Rúa, "amiguísimo" del imputado Camps. Aun más, contraataca afirmando que el Gobierno realiza escuchas ilícitas con el beneplácito de los servicios de seguridad. La oposición de los populares parece basarse en una estrategia de desestabilización que pretende instaurar la idea de que el presidente del Gobierno está echando por la borda el Estado de derecho, el espíritu de la transición y hasta España.
El PP demuestra día tras día que haciendo oposición no llega al aprobado. La obcecada estrategia del "calumnia que algo queda" le impide ejercer su legítimo derecho a disentir, discutir y proponer alternativas a las situaciones planteadas, lo que enriquecería al Gobierno y, como consecuencia directa, al conjunto de los ciudadanos.
Esto no quita que el PP pueda volver a La Moncloa en pocos años, pues esto dependerá en gran parte de cómo evalúen los votantes al Gobierno socialista al finalizar la actual legislatura. No obstante, como ciudadanos, no deberíamos dejar pasar la ocasión que supondrán las siguientes elecciones generales para también analizar y controlar a la oposición de forma retrospectiva. Pues los mismos dirigentes que hoy juegan con los cimientos de nuestra democracia podrían ser los que el día de mañana terminen por trastornarla.
Sebastián Lavezzolo, politólogo e investigador en la Universidad de Nueva York.