Para los defensores de la democracia, los resultados de las elecciones del domingo en Hungría pueden parecer decepcionantes, pero en nada deben sorprendernos. Durante los últimos 12 años, Viktor Orbán ha creado un régimen semiautoritario que limita las opciones de victoria de la oposición. Durante la campaña, Fidesz, el partido de Orbán, no sólo aprovechó su enorme superioridad mediática —tanto medios públicos como privados, propiedad de empresarios cercanos a Orbán, hicieron un campaña exclusivamente progubernamental—, sino que también hizo uso de un número inusitado de dádivas. De hecho, en los últimos meses, el Gobierno gastó más de 4.000 millones de euros al introducir una paga extra para pensionistas, una exención del IRPF para menores de 25 años y progenitores, además de varios aumentos salariales para miembros de las fuerzas policiales, militares y otros funcionarios.
Desde su victoria electoral allá por 2010, Orbán ha tenido enfrente una oposición profundamente dividida, sobre todo por culpa de un sistema electoral que, debido a su alta desproporcionalidad, le ha permitido obtener tres mayorías constitucionales seguidas con menos del 50% del voto. De ahí que para estas elecciones todas las fuerzas opositoras, excepto la extrema derecha y el partido satírico MKKP, decidiesen unirse en una sola coalición. Este movimiento generó inicialmente grandes expectativas, hasta el punto de poner temporalmente a la oposición por delante en las encuestas. El Gobierno reaccionó inmediatamente lanzando una campaña de desprestigio contra el nuevo líder de la oposición, Péter Márki-Zay. Desafortunadamente, tales ataques se vieron favorecidos por tensiones dentro del propio frente opositor, formado por hasta seis partidos de muy diverso origen ideológico. El propio Márki-Zay, elegido líder tras unas primarias, pero con poca experiencia a nivel nacional, tuvo grandes dificultades para coordinar los diversos equipos de campaña.
La principal estrategia gubernamental para repetir victoria electoral ha sido la de vincular al bloque opositor con Ferenc Gyurcsány, antiguo primer ministro socialista y actual presidente de Coalición Democrática. Su mala reputación se debe al famoso Discurso de Őzsöd, de 2006, en el que reconoció que había mentido a los ciudadanos sobre el estado de la economía y permitido la brutalidad policial contra manifestantes y alborotadores. A fin de poner en evidencia esta conexión, un productor en la órbita de Fidesz llegó a gastar tres millones de euros en una película que, contando entre otros con el camarógrafo de Pedro Almodóvar en Entre tinieblas, Josep M. Civit, documentaba los “crímenes” de Gyurcsány. Es más, y a pesar de ser un antiguo votante de Orbán, los carteles de Fidesz han continuado presentando a Márki-Zay como un simple peón del ex primer ministro.
Otro gran tema de campaña utilizado para desacreditar a la oposición ha sido el de la “protección infantil”. Así, el Gobierno planteó un referéndum sobre la enseñanza de temática homosexual que tenía como principal propósito el vincular a la oposición con el “lobby LGTBQ+”. De hecho, durante la campaña Orbán no dejó de asociar liberalismo con homosexualidad y pedofilia.
La invasión rusa ensombreció todos estos asuntos, poniendo a Orbán en un brete —dados sus vínculos ideológicos y económicos con Putin— a tan sólo un mes de las elecciones. Pero, contra todo pronóstico, Orbán se las arregló para revertir la situación a su favor al pintar a Márki-Zay como un político imprudente capaz de arrastrar Hungría a la guerra enviando soldados y armas a Ucrania, así como de aumentar los precios de los servicios públicos al apoyar las sanciones a la exportación del gas ruso.
Por todas estas razones, y dadas las dificultades del contexto electoral, no es sorprendente que Orbán haya conseguido revalidar su mayoría constitucional. La democracia liberal en Hungría tendrá que esperar cuatro años más.
Fernando Casal Bértoa y Zsolt Enyedi son profesores de Ciencias Políticas en las universidades de Nottingham (Inglaterra) y Centroeuropea (CEU, Hungría), respectivamente, y colaboradores de Agenda Pública.