Ordóñez, la justicia pendiente

Gregorio Ordóñez y su hijo Javier se miran fijamente en una fotografía de 1994. Sus perfiles aparecen casi en perfecta simetría, contemplándose el uno al otro como si fueran el reflejo de un espejo. El bebé cuenta con unos pocos meses de edad; su padre, con 36 años. La mirada diáfana del hombre joven, pero maduro, observa al pequeño y a la inversa. Sus semblantes conforman un tierno retrato de padre e hijo en la exposición Gregorio Ordóñez. La vida posible en San Sebastián. Javier había cumplido 14 meses cuando Gregorio fue asesinado por ETA el 23 de enero de 1995 poco después de tomar esta instantánea. Hoy, sus rostros nos interpelan sobre las implicaciones humanas y políticas de ese crimen con el que el terrorismo nacionalista pretendía acallar su voz y aterrorizar a una ciudadanía que encontró en él a un referente de valentía.

«Nadie presta su apoyo a quien se doblega», escribió Jan Karsky. Gregorio Ordóñez no se doblegó en una sociedad atemorizada y acobardada que reaccionó ante la vileza de su asesinato con una suerte de pánico moral. «Fuerte conmoción política y popular», tituló el Diario Vasco tras el asesinato, describiendo esa reacción de indignación y furia que precipitaría una creciente movilización cívica contra el terrorismo hasta su eclosión con el asesinato de Miguel Ángel Blanco en 1997. Los centenares de cartas que Ana Iríbar recibió de ciudadanos de toda España reflejan ese pánico moral desencadenado por el asesinato de su marido, un político único. «Todo un corazón impetuoso, generoso, cabal, cuya conducta cívica tenía para muchos el valor de un ejemplo», retrata uno de aquellos españoles por los que Ordóñez estuvo dispuesto a morir para defender su libertad. «Ninguna muerte digna es inútil. Mucho menos aún la que se deriva, como la de su esposo, de una valiente defensa de actitudes éticas fundamentales», escribe un jesuita que agradece a Gregorio «su cordialidad y eficacia que excedía en mucho los deberes de un munícipe con el ciudadano». El ex presidente Leopoldo Calvo Sotelo elogió «sus extraordinarias virtudes personales, su lucidez, sus convicciones arraigadas, su capacidad para arrastrar con él a otros y, por encima de todas ellas, su valentía». «Todos le debemos mucho, y yo quiero dejar en estas líneas mi gratitud verdadera», concluyó. Un grupo de universitarios se conjura: «Gregorio, no estabas solo y no estarás solo». Pero los muertos y sus familiares sí quedan sumidos en la soledad de una sociedad incapaz de asumir su responsabilidad colectiva para impedir que quede impune la causa nacionalista en cuyo nombre fue asesinado.

Ordóñez, la justicia pendienteComo advierte Susan Sontag, «la compasión es una emoción inestable. Necesita traducirse en acciones o se marchita». La compasión hacia las víctimas del terrorismo integra un doble significado etimológico: pasión-con y pasión-por. O sea, ser capaces de sufrir conjuntamente y pasión por los seres humanos, por su vida, por su dignidad, por su defensa. Ambas formas de compasión requieren vencer la indiferencia y el miedo, como hizo Ordóñez con liderazgo. Al recordar ahora su asesinato estamos obligados también a la compasión, esto es, a defender la dignidad del asesinado. Como Aurelio Arteta previno, «los tribunales condenan penalmente a estos criminales, pero a todos nos toca arriesgarnos a juzgar y condenar también la doctrina y objetivos que les inspiran esos crímenes». Esa condena exige denunciar que los fines nacionalistas de partidos como PNV y Bildu –descrito por el Tribunal Supremo como «testaferro de ETA» y «parte de la estrategia de la organización terrorista»– no son ajenos a los medios violentos a través de los cuales se persiguieron. Entre ellos el asesinato de Ordóñez, el representante del pueblo que no pudo ser alcalde de San Sebastián porque el terrorismo lo impidió. «¿Cuándo se ha visto tanto cinismo?», se preguntaba Ana Iríbar al criticar que el proyecto político de ETA compitiera en las elecciones con las formaciones democráticas sin que los cómplices de la banda condenaran su asesinato y el del resto de sus víctimas.

Omitir esa condena, rehusar el combate ideológico y político contra la ideología nacionalista que inspiró el crimen, equivale a aceptar que el asesinato de Goyo es ya un crimen amortizado. También lo es aceptar el apoyo de quienes justifican su asesinato para formar el Gobierno de la nación. Defender la dignidad de las víctimas del terrorismo etarra obliga a hacer política batallando contra la impunidad de quienes se han beneficiado del asesinato para aterrorizar a los ciudadanos no nacionalistas. El recuerdo honrado de Gregorio Ordóñez exige reconocer que, como señaló Mikel Azurmendi, «las instituciones del Estado y los partidos políticos democráticos no han sido capaces de que el terrorista con múltiples asesinatos haya sido juzgado políticamente». El poder fáctico y cómplice necesario del terrorismo nacionalista ha recibido un indulto político, social y moral incompatible con el verdadero homenaje a Ordóñez que este país todavía le debe al político donostiarra. La justicia negada es todavía justicia pendiente tras la injusta rehabilitación política y social del entorno terrorista que hoy ocupa las instituciones democráticas de las que los asesinos expulsaron a Goyo.

En una sociedad en la que muchos jóvenes no saben quién fue Gregorio Ordóñez, nuestro reto radica en lograr que la ciudadanía conozca y comprenda en toda su magnitud lo que su asesinato supone, tanto humana como políticamente. Y, por tanto, las implicaciones que todavía hoy se derivan de la eliminación física de un político no nacionalista como Gregorio. En consecuencia, la defensa de la dignidad de Gregorio Ordóñez debe impeler a rebelarse contra los réditos que el nacionalismo ha extraído de su asesinato. Honrar a Gregorio Ordóñez 25 años después del crimen político perpetrado por ETA es incompatible con la ausencia de rendición de cuentas a los responsables del terrorismo nacionalista y a quienes todavía lo legitiman desde las mismas instituciones democráticas. Parafraseando a Martín Alonso, los autores y los cómplices del asesinato de Goyo mantienen «vigentes y activados los ritos de apuntalamiento ideológico-identitario» que sustenta el terrorismo sin distanciarse del mismo. Por eso, cuando contemplamos la mirada de Javier y Gregorio Ordóñez en aquella fotografía tomada poco antes de su asesinato, la realidad nos devuelve el espejo de una sociedad en la que se ha consolidado una profunda injusticia política y moral. Se ha eludido la necesaria deshonra y deslegitimación de los verdugos, hoy normalizados como demócratas pese a justificar la violación de los derechos humanos para imponer sus objetivos nacionalistas.

Recordar y honrar a Gregorio Ordóñez obliga a mucho más que evocar su coraje frente al miedo, su gran capacidad para conectar con los ciudadanos, su tenacidad, su audacia, su entrega como servidor público, su energía, su sinceridad, su sencillez, su claridad, su sentido del deber y de la justicia que le impedían callarse ante la injusticia, su espíritu rebelde. Como escribió Milan Kundera, «el hombre queda separado del pasado (incluso del pasado de hace unos segundos) por dos fuerzas que se ponen inmediatamente en funcionamiento y cooperación: la fuerza del olvido (que borra) y la fuerza de la memoria (que transforma)». La fuerza del olvido que borra y la fuerza de la memoria que transforma hacen que con el paso del tiempo la conciencia pública vaya perdiendo la magnitud política y humana de lo que supuso realmente el asesinato. Por eso debemos alimentar la conciencia del significado político del asesinato político de Gregorio Ordóñez perpetrado por la organización terrorista nacionalista ETA. Si se prescinde de esa conciencia política, se niega la realidad, se manipula la historia del terrorismo y se deshonra la memoria de sus víctimas. Gregorio Ordóñez fue asesinado porque combatía la intimidación del nacionalismo. Fue asesinado porque no se doblegó ante el terrorismo nacionalista. Si Gregorio Ordóñez hubiera sido nacionalista, hoy estaría vivo. Si perdemos esa conciencia, también pierde sentido el castigo de ese crimen, así como la justicia política y moral que aún exige.

Rogelio Alonso es catedrático de Ciencia Política en la Universidad Rey Juan Carlos. Su último libro es La derrota del vencedor (Alianza).

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