Otra infidelidad en el Gobierno que pone al rojo la legislatura

La fusión de CaixaBank y Bankia, a espaldas de Podemos, hace crecer la división en el seno del Gobierno y tensa la legislatura. La incertidumbre de unas nuevas elecciones mantiene vivo el pacto entre Iglesias y Sánchez.

Si hasta ayer la relación en el Gobierno entre Podemos y el PSOE era ya la propia de un matrimonio de conveniencia mal avenido y repleto de reproches, el anuncio, conocido, cocinado y avalado por Pedro Sánchez, de las conversaciones para fusionar CaixaBank y Bankia ha tensado la relación hasta dejarla al borde de la ruptura. ¿Qué es lo único que lo impide? Que ni PSOE ni, sobre todo, Podemos se quieren arriesgar ahora a ir a unas elecciones que podrían desalojarlos del poder. Para Podemos, el anuncio para crear ese nuevo gigante de la banca no ha sido una infidelidad más de Sánchez. Ha sido peor. Lo dijo ayer el gurú económico de Podemos, Nacho Álvarez: «Es una noticia preocupante». No lo matizó Álvarez, pero para Podemos es preocupante tanto en el fondo como en la forma. Ha demostrado que Sánchez ni cree en la banca pública con la que sueña Podemos ni cree que deba informar a sus socios en el Gobierno de sus planes para Bankia. Los cimientos del pacto de progreso no contienen lealtad ni confianza.

Iglesias aún albergaba la esperanza de nacionalizar Bankia y okuparla en el nombre del pueblo. Para los acólitos del carismático líder morado, que Bankia fuera rescatada por el Estado era el salvoconducto suficiente para meter a los suyos en los órganos de gestión. Desde el principio, y haciendo gala de una cierta ingenuidad, creyeron que una vez en el Gobierno tendrían patente de corso para desplazar al equipo de Goirigolzarri y practicar esa banca heterodoxa con la que sueña Podemos, capaz de aplicar parámetros de justicia en el mercado de las hipotecas, respaldar a autónomos, pymes y empresas de la economía social e invertir en vivienda, también social. Eufemismos reunidos cuya realidad se resume en una frase: financiar cosas que no financiaría nadie. Una banca «social», no profesional y sin ánimo de lucro. O lo que es lo mismo, el camino más corto hacia la quiebra. El problema para Podemos es que, afortunadamente, la regulación bancaria internacional se ha dotado ya de unas reglas de juego que desactivan los sueños de grandeza de los mesías políticos locales. Por mucho que se empeñe Iglesias, es muy difícil, por no decir imposible, que un Juan Carlos Monedero o un Pablo Echenique entren en el consejo de Bankia. Esto no es el Gobierno, donde la voluntad política puede convertir el Consejo de Ministros en una reunión familiar.

A pesar de que el propio Banco Central Europeo había dejado claro en varias ocasiones que la ortodoxia era una condición ineludible -y eso afectaba también a los nombramientos en las entidades-, en Podemos no acababan de asumirlo. Ya se verá, venían a decir. En ningún momento creyeron que lo de la intervención de Bankia condicionada a la posterior privatización fuera totalmente en serio y por eso en su programa la entidad seguía siendo un objeto de deseo. Cuando ayer se despertaron con la fusión de Caixabank y Bankia casi encauzada por Nadia Calviño y bendecida por el propio Sánchez, Iglesias y los suyos sintieron un extremo amargor que empieza a resultar insoportable por la reiteración de los desengaños. Un amargor que empuja a Iglesias a lanzar el televisor por la ventana. Un amargor que pone en riesgo la coalición de Gobierno y la propia legislatura y con ello la aprobación de unos nuevos Presupuestos Generales del Estado «progresistas».

Cuando Sánchez decidió asumir el riesgo de insomnio al pactar con Podemos, lo hizo con la convicción de que había margen para contentar a sus socios. Que todavía el ciclo económico era lo suficientemente favorable para hacer algunas concesiones a la irracionalidad y asegurar de este modo el respaldo de los 35 diputados de Podemos a un proyecto en el que sólo tiene seguros sus 120 escaños. La crisis sanitaria, pero sobre todo económica, provocada por el Covid-19 ha dado un giro brutal a los acontecimientos y ahora todo es más difícil porque ya no hay margen presupuestario para que Podemos juegue a la política social, que consiste fundamentalmente en subir impuestos y en repartir más dinero público, que en muchas ocasiones se destina a crear redes clientelares. Con las nuevas condiciones, pocas cosas de las que pactaron Podemos y PSOE para que Sánchez fuera presidente se van a hacer realidad. Europa le impone a Sánchez un ejercicio de ortodoxia que le obliga a mirar hacia su derecha para buscar aliados y dibujar unos números creíbles. De ahí el acercamiento a Ciudadanos que tanto ha dolido en el seno de Podemos. Ya el mercado empieza a descontar que la anunciada subida adicional de impuestos que exigía Podemos y que abrazaba también el PSOE no será realidad. El ingreso mínimo vital que ha querido capitalizar Iglesias como una de sus grandes aportaciones ha quedado más en un anuncio político que en una realidad, una vez que los técnicos del ministro Escrivá han metido la podadora a una medida que se sabía que era difícilmente financiable tal como la presentaba Podemos.

La tensión era ya tan evidente que Iglesias había empezando a perder las formas y a tensar la cuerda. Descalificó públicamente al propio Escrivá por la «falta de agilidad de la Seguridad Social», en la gestión del ingreso mínimo vital. Se filtró que el vicepresidente había sido crítico con Isabel Celaá por la falta de previsión en la vuelta al cole. Desautorizó a María Jesús Montero al corregir la versión que había dado la portavoz sobre las bajas laborales a padres con niños contagiados por Covid. Y ahora mismo está presionando a Sánchez para que el CIS lance una pregunta trampa a la ciudadanía sobre la Monarquía. Si Iglesias ya era ayer el socio cabreado e incómodo que nadie quiere tener, la operación para crear ese gigante de la banca a sus espaldas, sin control del Estado, no va a aplacar la hiperactividad del vicepresidente.

Es posible que Sánchez ya tuviera descontados estos arrebatos para los que tiene algunos placebos. Pequeños regalos con los que engrasa la relación. Esto explicaría que el PSOE se haya puesto de perfil en la defensa de la monarquía, o que la fiscal General del Estado, Dolores Delgado, haya abierto la puerta a que una juez argentina de 83 años, María Romilda Servini, de la escuela de Baltasar Garzón, y a 12.000 kilómetros de distancia, abra 40 años después de que los españoles pasaran página una nueva causa general al franquismo y a la Transición. Explicaría que se reactive la mesa de partidos o que el PSOE haya bloqueado cualquier posibilidad de investigar en las Cámaras la caja B de Podemos. Como dijo alguien sentado en el banco del dentista: «Doctor, no nos haremos daño».

Iñaki Garay, director adjunto de Expansión.

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