Otra oportunidad perdida para dar su lugar al Senado

Les propongo una adivinanza: ¿Qué tiene que ver la manifiestamente mejorable calidad de la educación en nuestro país con la difícilmente empeorable gestión de Magdalena Alvarez al frente del Ministerio de Fomento? Respuesta: que los dos asuntos han sido objeto, respectivamente, de la primera y la última moción parlamentaria propuestas por el Partido Popular en el Senado en la legislatura que ahora concluye. Si hace casi cuatro años dábamos inicio a nuestra labor parlamentaria instando al Gobierno a no suspender o derogar mediante un autoritario «ordeno y mando» la Ley de Calidad de la Educación sin abrir antes un auténtico proceso de diálogo, ahora rematamos nuestra tarea mediante la reprobación de la aún ministra de Fomento por las calamitosas razones que todo el mundo, excepto Zapatero, conoce. No acaban ahí, sin embargo, las semejanzas. En ambos casos, nuestras propuestas se convirtieron en mandatos políticos del Parlamento al Gobierno, tras ser aprobadas pese a la oposición del Partido Socialista. Item más, ambas mociones coinciden también en sus consecuencias prácticas; es decir, ninguna, porque, como tantas otras en estos cuatro años, han merecido el mismo desprecio olímpico del presidente. La LOCE fue derogada deprisa y corriendo, a nuestra educación se le cayó la C de calidad y, tal como acaba de poner en evidencia el último Informe Pisa, así nos va. Y en cuanto a la señora Alvarez..., ahí la tienen: la reprobamos («dimos por mala», según la Real Academia) un martes y el miércoles acudió al Senado como quien oye llover.

No se trata, sin embargo, de hechos aislados, sino que los he traído a colación porque me parecen perfectamente representativos del balance general de las relaciones mantenidas por el Gobierno de Zapatero con el Senado, un balance merecedor de un sonoro suspenso, tal como queda de manifiesto repasando los hitos fundamentales de la legislatura y recordando, especialmente, con qué expectativas comenzó y qué ha sido de ellas en su conclusión.

Primero, de manera insólita en nuestra historia democrática reciente, las elecciones de 2004 se resuelven con dos mayorías distintas en las dos Cámaras, del PSOE en el Congreso de los Diputados y del PP en el Senado.

Segundo, Zapatero obtiene la investidura con un programa de gobierno que incluye su compromiso de promover la reforma constitucional del Senado mediante una «hoja de ruta» en la que sea un informe del Consejo de Estado el que marque la pauta para la reforma de cuatro aspectos concretos de la Constitución, entre ellos el de la Cámara Alta.

Tercero, al comenzar la legislatura, Zapatero comparece en el Senado como el redentor llamado a resucitar esta Cámara «después de tantos años de languidez» -son sus palabras textuales- y, entre otras solemnidades, se compromete a buscar «la mejor comprensión y el mayor respaldo parlamentario a su acción de gobierno» no sólo en el Congreso de los Diputados, sino «en ambas Cámaras»; a que el Senado «no sea, sin más, el objeto de la reforma», sino «parte fundamental de su génesis»; y a celebrar el debate sobre el estado de las Autonomías con la periodicidad anual prevista en su Reglamento.

Dada nuestra paradójica situación como fuerza de oposición en mayoría parlamentaria, en el Grupo Popular en el Senado entendimos que debíamos hacer un esfuerzo especial para cumplir con el mandato ciudadano de aportar alternativas sólidas a los profundos errores y carencias del Gobierno. Tal ha sido el guión de nuestra labor parlamentaria de estos cuatro años y a él nos hemos atenido siempre, tal y como demuestran los hechos.

De ahí que el Partido Popular haya hecho valer su mayoría para que el Senado, por vez primera en nuestra andadura democrática, opusiera su veto a dos Presupuestos Generales del Estado y a otros dos proyectos de ley, además de introducir el mayor número de enmiendas legislativas parciales de toda su historia. De ahí, además, que haya sido aprobada una buena cantidad de proposiciones de ley, entre ellas, por ejemplo, la de supresión del retrógrado e inaceptable canon digital. Tal ha sido el trabajo de revisión legislativa llevado a cabo por el Senado que, no sin razón, hay quien ha llegado a decir que muchas veces parecía que en esta legislatura la Cámara de segunda lectura no era el Senado, sino el Congreso, obligado a una permanente rectificación de lo aprobado por aquél.

Y de ahí también que, junto a las dos mociones citadas, el Partido Popular haya logrado sacar adelante, sólo en el Pleno de la Cámara Alta, aproximadamente 150 mandatos parlamentarios al Gobierno más sordo que se recuerda. Sobre educación y fomento, sí; pero también sobre política exterior o economía, sobre inmigración o vivienda, sobre medio ambiente, cultura o financiación local. Considero, en suma, que el Partido Popular ha hecho los deberes que le correspondían y que de ese modo ha contribuido hasta donde podía a que el Senado cumpliera sus cometidos constitucionales.

Pasemos ahora al campo de Zapatero. No me duelen prendas en reconocerle el mérito de haber iniciado la práctica de comparecer mensualmente en el Senado, en las sesiones de control al Gobierno, aunque no haya sido para contestar sino para mantener un permanente pugilato contra la verdad. Pero menos es nada y ha sabido rectificar su antigua negativa a que el presidente Aznar acudiera al Senado y ha tenido el acierto de poner en práctica un compromiso electoral, no del PSOE, que de esto nada decía en su programa, sino del PP.

Así pues, Zapatero ha cumplido algo que no prometió. Veamos ahora qué ha pasado con lo que sí prometió. A su apuesta personal por la reforma del Senado bien puede aplicársele el conocido verso de José Hierro: «Después de todo, todo ha sido nada». Nada porque, cuando el presidente del Gobierno tuvo en su poder el informe del Consejo de Estado en febrero de 2006, lo único que hizo fue guardarlo en el fondo de un cajón. Nada porque, como consecuencia del único debate sobre el estado de las Autonomías celebrado, en noviembre de 2005, por Zapatero -y eso que iban a ser cuatro, uno por año-, el Senado acordó constituir una nueva ponencia de estudio para su reforma, pero la legislatura ha concluido sin que ni siquiera haya llegado a constituirse. Y es que la revisión constitucional pasaba necesariamente por un acuerdo con el PP, pero eso es algo que no tenía encaje en la minuciosa estrategia de cordones sanitarios y pactos radicales de aislamiento a la oposición puesta en práctica por el señor Zapatero. De ahí que ni siquiera se haya tomado la molestia de intentarla.

¿Y de su hermoso compromiso de buscar el «mayor respaldo parlamentario» del Senado, qué fue? Pues que esta legislatura pasará a la Historia como aquélla en la que el Ejecutivo, sin despeinarse, gobernó a espaldas de una de las Cámaras del Legislativo. Sí, nuestro sistema parlamentario responde a un diseño razonablemente asimétrico, pero eso en ningún caso legitima al Gobierno de turno para someter al Senado a un ninguneo tan concienzudo como el practicado por Zapatero al despreciar constantemente los mandatos políticos de sus mociones o hacer como si sus vetos legislativos y presupuestarios sencillamente nunca hubieran existido. Si en 2004 los ciudadanos decidieron que hubiera mayorías distintas en el Congreso y en el Senado, ello obligaba a Zapatero, más aún que a ninguno de sus predecesores en el cargo, a realizar un esfuerzo especial de entendimiento con el partido que, pese a estar en la oposición, era mayoritario en una de las dos Cámaras de las Cortes Generales. Pero lo único cierto es que Zapatero, el político que tanto presume de ser un modelo de demócrata dialogante, ni ha dialogado, ni siquiera ha escuchado, sino que no se ha cansado de pasar una y otra vez como una apisonadora por encima de la voluntad soberana del Senado.

A las pruebas me remito: aunque haya sido pese al señor Zapatero y a su pesar, en el balance de esta legislatura al Senado se le puede aplicar cualquier calificativo excepto el de lánguido. Al final queda la sensación de que, más que la tan repetida reforma del Senado, la que urge es la del Gobierno de España. Tenemos motivos para afirmarlo: el Senado está por la reforma del Gobierno. Pero eso sólo le corresponde a la voluntad democrática de los ciudadanos. El próximo 9 de marzo tendrán la oportunidad.

Pío García-Escudero, portavoz del Grupo Popular en el Senado y coordinador de la campaña electoral del PP.