Se atribuye a Napoleón Bonaparte una célebre frase: «Si quieres que algo sea hecho, nombra un responsable. Si quieres que algo se demore eternamente, nombra una comisión». Cada gobierno nombra una comisión de expertos para la Reforma Tributaria. Participé como miembro en la nombrada en 2013 por el gobierno Rajoy que presentó un fundamentado informe en marzo de 2014 con 125 propuestas. Pocas fueron incorporadas en las medidas aprobadas a finales del citado año. En abril de 2021 el Gobierno actual nombró otra comisión de expertos, integrada por un solvente equipo de profesores universitarios que deberá terminar su labor para el 28 de febrero de 2022. Pero, ¿es necesaria otra reforma fiscal? Claro que sí, pero no una reforma tributaria que sólo afecta a los impuestos sino una reforma fiscal que debe comprender gastos e ingresos públicos.
Recuerdo que el profesor de bachillerato que primero nos habló de la palabra economía nos dijo que procede de dos voces griegas, ‘oicos’ y ‘némein’, que podemos traducir por casa y administrar. Y nos decía que una buena economía debe administrarse como una casa, ajustando el gasto al ingreso. Pero el error cuando se nombra una comisión de reforma es hacerlo al revés, darle como dato el gasto y pedirles que reformen los impuestos para financiarlo sin agravar el déficit porque la comisión sólo podrá proponer un aumento de los impuestos. Sería pretencioso tratar de exponer en un artículo una reforma fiscal. Me limitaré a exponer posibles líneas de reforma con apoyo en ejemplos de casos divulgados por los medios de comunicación.
En primer lugar, empezar con un riguroso análisis del gasto público proponiendo la reducción, e incluso eliminación, de gastos innecesarios porque los contribuyentes pagan impuestos para que no se dilapiden. Las carteras del Gobierno en España se han incrementado hasta 22 ministerios mientras que Alemania tiene 13. En la misma plaza de una capital de provincias existían tres oficinas de turismo, municipal, provincial y autonómica. Proliferan televisiones y radios públicas en las autonomías y en muchos ayuntamientos, que no se autofinancian y lo hacen con impuestos pagados por los ciudadanos aunque no sean usuarios de las mismas. La gratuidad en la entrada a muchos museos públicos supone un elevado coste que podría reducirse con el copago. El rescate de las autopistas radiales de Madrid se estima que va a costar a los contribuyentes alrededor de 4.000 millones de euros. Los escándalos de los ERE y de la formación en Andalucía hurtaron cerca de 1.000 millones a las arcas públicas con los que podría haberse eliminado el anacrónico impuesto sobre el patrimonio. Sobran los comentarios.
En segundo lugar, habría que proponer medidas para reducir el elevado fraude fiscal. En España la economía sumergida se estima en el doble de la media europea pero la paradoja radica en los ‘incentivos’ que el propio sistema fiscal contiene para defraudar como veremos en el siguiente párrafo. En el informe de la anterior comisión de expertos se dedicaba un capítulo a exponer medidas para combatir el fraude fiscal pues no es de recibo que sigan siendo las rentas salariales las que más recaudación aporten muy por encima de su participación en la renta nacional.
En tercer lugar, la reforma tributaria debería limpiar el sistema de las paradojas fiscales que constituyen absurdos incentivos para defraudar. Cualquier ciudadano rechaza tener que pagar un impuesto en ausencia de capacidad económica cuando suscribe una hipoteca porque su falta de capacidad económica le obliga a endeudarse; o tributar por una renta irreal por tener una segunda vivienda; tributar por una ‘plusvalía ficticia’ si hace una donación; si hereda, además de pagar Sucesiones, soportar la ‘plusvalía del muerto’ en el impuesto municipal de plusvalía; que le graven una plusvalía monetaria sin tener en cuenta el efecto de la inflación en la venta de su vivienda; por la desorbitada carga fiscal de la segunda vivienda que soporta una triple imposición: Patrimonio, IBI y IRPF; cuando en ciertas herencias se puede llegar a un tipo marginal superior al 80 por ciento; aun sin llegar a ello, en 2021 renunciaron a su herencia 55.000 ciudadanos; cuando en la compra de una vivienda usada, con solo tres transmisiones, aumenta el precio en un 30 por ciento por la tributación acumulada; o cuando la cuota conjunta del IRPF con el impuesto sobre el patrimonio en España puede llegar al disparate de superar el 100 por ciento de la renta y, a pesar de ello, pretendan que paguen los ‘ricos’ sin que ‘voten con los pies’ para tributar menos en otro país. Y muchos casos más que desprestigian nuestro sistema fiscal, incentivan a los ciudadanos a defraudar y cuya eliminación contribuiría a incrementar la recaudación.
En cuarto lugar, habría que hacer una urgente reasignación de recursos a necesidades esenciales como veremos en los tres ejemplos siguientes. En una entrevista radiofónica, la viuda de Francisco Luzón comentaba que la Fundación Luzón atiende a muchos enfermos de ELA. Pero la financiación pública únicamente contribuye con un 0,7 por ciento del total del gasto de la Fundación, corriendo a cargo de donaciones privadas el 99,3 por ciento restante. En otro reportaje se hace referencia a Joan Hunt que creó la Fundación Cudeca para pacientes de cáncer en fase terminal que le son enviados desde los hospitales públicos para ser atendidos gratuitamente sin que, hasta hace poco, recibiera subvención pública alguna. Tuvo el reconocimiento de la Reina Isabel II de Inglaterra que le concedió la Orden del Imperio Británico a pesar de que su labor se desarrolla totalmente en España.
Sara Almagro estuvo a punto de perder la vida por una septicemia que le hizo perder todas sus extremidades. A pesar de ello el 13 de diciembre de 2021 se proclamó subcampeona del mundo de surf adaptado. Su padre tuvo que luchar mucho para conseguir unas prótesis adecuadas para su hija que la sanidad pública no le facilitaba. Éstas deben ser reemplazadas cada 5 y 8 años estimándose en 2,5 millones de euros el coste de las mismas durante la vida de Sara lo que no puede soportar ninguna familia si no se lo financia la sanidad pública. Los tres ejemplos anteriores y otros muchos más de insuficiencia de financiación pública contrastan con la suficiencia financiera que parecen tener otras partidas de gasto innecesario o de menor entidad que los mencionados.
En conclusión, una reforma fiscal rigurosa debería empezar por reducir o eliminar gastos innecesarios; reducir el fraude fiscal; eliminar las paradojas fiscales impropias de un sistema fiscal moderno; reasignar financiación pública a necesidades esenciales del ciudadano, y, en último extremo, si no hubiera otro remedio para controlar el déficit y la deuda pública, incrementar levemente el tipo impositivo de IRPF o IVA, que son los de mayor capacidad recaudatoria pues déficit y deuda son impuestos diferidos.
Rafael Ortiz Calzadilla es catedrático de Hacienda Pública de la UCM.