Otra vez el requisito lingüístico

El Informe de política lingüística que acaba de publicar la Generalitat pone en evidencia un año más el papel residual que ocupa el catalán en la Administración de Justicia en Catalunya. Y no hay que ir muy atrás en el tiempo para comprobar una vez más la falta de voluntad política en España para que esta situación cambie. El pasado18 de octubre, la Comisión de Justicia del Congreso vivió un episodio muy instructivo sobre los actuales límites del pluralismo lingüístico en España. Ese día tocaba debatir la proposición no de ley sobre la protección y garantía de los derechos lingüísticos en el ámbito de la justicia presentada por el grupo parlamentario confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. La proposición instaba al Gobierno a asegurar el derecho de opción lingüística de los ciudadanos ante la Administración de Justicia y terminaba sugiriendo que se modificase la legislación para fijar como requisito para los magistrados, jueces, fiscales y letrados “el conocimiento suficiente oral y escrito de todas lenguas oficiales de la demarcación judicial en la cual ejerzan su profesión”.

En el debate, todos los grupos simpatizaron con la idea abstracta del derecho de opción lingüística, pero no todos aceptaron la verdadera condición para que ese derecho sea efectivo (léase el requisito lingüístico). El grupo de Ciudadanos y el Popular se expresaron al unísono en modo negativo. En palabras de la diputada Carmen Dueñas, “el conocimiento de las lenguas cooficiales debe ser un mérito y no un requisito. Apostamos por el mérito y no por la imposición, una imposición que a nuestro juicio rompe el principio de igualdad para los que quieran ejercer en Catalunya”. (Días más tarde, todo un presidente del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya utilizó una variante del mismo argumento en el mismísimo Parlament catalán.) Lo que acaso Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea no esperaba es que el grupo Socialista tampoco suscribiera la exigencia del requisito: la proposición quedó rechazada porque la abstención del PSOE impidió que el número de ‘síes’ fuera superior al de ‘nos’.

Lo sucedido el 18 de octubre en la Comisión de Justicia no es precisamente nuevo. Desde que gobierna el PP, una media de una vez al año llegan al Congreso propuestas para introducir el requisito lingüístico entre los jueces. El impulsor es diferente (CiU, el PNV o el Parlament de Catalunya), pero el resultado siempre es el mismo: no, no y no. El PP lleva años apostando por la estrategia del mérito, una estrategia que lleva años sin hacer posible lo que el Consejo de Europa también lleva años reclamando: que se cumpla el punto de la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias en virtud del cual España se comprometió a facilitar que los procesos judiciales se desarrollen en la lengua regional o minoritaria elegida por los ciudadanos. En este pulso cronificado brilla con luz propia la posición errática del PSOE: si esta vez se abstuvo, en el 2015 votó a favor; en el 2014 también se abstuvo y en el 2013 votó a favor.

El rechazo persistente del PP (ahora con el acompañamiento de Ciudadanos) es lamentable visto con los ojos del Consejo de Europa y para la garantía de los derechos lingüísticos en general, pero sin duda causa un indisimulado regocijo entre las huestes independentistas, que tras cada negativa del PP (y cada vacilación del PSOE, todo hay que decirlo) ven una confirmación de que con España no hay nada que hacer. Entre el inmovilismo de los unos y el rupturismo acelerado de los otros, la política comparada nos indica que las soluciones existen. En realidad, no hace falta acudir al ejemplo de los estados federales multilingües habituales: en Italia, un país que está a medio camino del Estado unitario francés y el Estado autonómico español, existen regiones autónomas donde se aplica apaciblemente el requisito lingüístico. Los jueces italianos deben disponer de un certificado de bilingüismo (italiano y alemán) para ejercer en la provincia mayoritariamente germanófona de Bolzano-Bozen. Lo más interesante de este caso es que a ningún Gobierno italiano se le ha ocurrido cargarse este criterio: el bilingüismo italiano-alemán en Bolzano-Bozen está tan blindado como el concierto vasco, la prueba hispánica más palpable de que cuando hay que hacer asimetrías se hacen, aunque puedan poner en tensión el principio de igualdad de todos los españoles.

En el reciente debate de investidura de Mariano Rajoy el portavoz del PSOE, el sufrido Antonio Hernando, prometió que el papel de su grupo no consistiría en hacer seguidismo del Gobierno. Cuando en el 2017 llegue al Congreso la petición anual de introducir el requisito de bilingüismo para los jueces que ejerzan en Catalunya, los socialistas españoles tendrán una ocasión de oro para demostrar que lo de PPSOE es un ‘meme’ que no responde a la realidad.

Albert Branchadell, profesor de la Facultad de Traducción y de Interpretación de la UAB.

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