Desde hace demasiados años, sufre España una radicalización en la vida política que ha provocado un creciente rechazo entre los ciudadanos. Un proceso que, en sus variantes extremas, ha llevado a la descalificación sistemática del adversario político e incluso a intentar su muerte civil. Algunas cadenas de televisión, rescatadas de la ruina por el Gobierno del Partido Popular, no han vacilado durante años en atacar con saña a muchos miembros de dicho Gobierno.
Ha proliferado la judicialización de la Política, que no es otra cosa que externalizar en el Poder Judicial la labor de oposición, por la que se cobra del erario público. Se denuncia, o se hace que alguien denuncie, a adversarios políticos por prevaricación, conducta cuya tipificación –dictar una autoridad o funcionario público una resolución injusta a sabiendas– incluye elementos subjetivos de difícil acreditación. Una denuncia de la que no está libre cualquier responsable político cuyas decisiones no sean del agrado de algún grupo político, económico o vecinal.
Al aceptar que todo político investigado por determinados delitos debe dimitir, sin respetar su presunción de inocencia, queda abierta la posibilidad de eliminar a cualquier persona mediante una denuncia, fundada o no, causando un daño irreparable, no sólo a su carrera política sino también a su futuro profesional. Un daño que no paliarán, en su caso, el archivo de la denuncia, el sobreseimiento de la causa o la sentencia absolutoria. Todos conocemos a personas que, tras ser arrastradas ante la opinión pública por presuntos delitos que nunca cometieron, no han visto su nombre rehabilitado en los medios o en la vida política al demostrarse la falsedad de la denuncia.
En la Segunda República, tan añorada por algunos, no existían incompatibilidades entre la labor parlamentaria y la actividad privada y cuando los diputados eran funcionarios percibían dos tercios de su retribución anterior y se les guardaba la plaza. El resultado fue que los diputados no vivían, en general, de la política y conservaban una independencia económica respecto de su partido que hoy cada vez es más restringida.
Las incompatibilidades, absolutamente imprescindibles en los cargos del Ejecutivo, se han incrementado de forma excesiva en las últimas décadas en lo referente a los cargos representativos. Esto empobrece la vida parlamentaria, al dificultar el acceso a la representación política a personas con experiencia profesional y laboral en los sectores económicos y sociales sobre los que habrían de ejercer las funciones legislativas y de control del Ejecutivo propias de un parlamentario.
Un país necesita personas preparadas y competentes, no sólo en las empresas y en las profesiones liberales sino también en la Política. Y –a base de incompatibilidades, publicaciones en internet de rentas y bienes, críticas a la incorporación o reincorporación a la actividad empresarial y fiscalización implacable de la vida familiar– es cada vez más difícil atraer a la Política a personas bien preparadas y con experiencia profesional, aunque les sobre patriotismo y vocación de servicio público. E incluso, si decidieran dar ese paso, se encontrarían con la oposición de sus familias, testigos del sufrimiento que ha producido en otras esa forma de oposición que busca destruir al adversario.
Describe Stefan Zweig, en su biografía de Fouché, cómo en la Revolución Francesa el miedo a no ser considerados como suficientemente puros llevó a algunos iniciadores de la Revolución a entregar con facilidad a la guillotina las cabezas de los adversarios, primero, y de los próximos, después, hasta que les tocó a ellos subir a la carreta que les llevaba al cadalso, para mayor distracción de las «tricoteuses», cuyo equivalente actual serían los televidentes de algunas cadenas.
En esta hora decisiva para España, es preciso recuperar los valores de diálogo, moderación y respeto al adversario con los que políticos españoles de muy diversas ideologías quisieron expresamente en la Transición superar sus diferencias y agravios históricos para dar a nuestra Patria un nuevo futuro. Por cierto, unos políticos que, en muchos casos, no hubieran llegado jamás al Ejecutivo o al Parlamento con las incompatibilidades y restricciones actuales al ejercicio de la noble labor política.
Luis Peral Guerra, economista, abogado y exsenador por la Comunidad de Madrid.