Otra visión económica de la II República

Pocos periodos de la historia han suscitado tanto interés en la opinión pública como la II República española, sus antecedentes y sus consecuencias. Sin embargo, la mayoría de los libros al alcance del público no especializado se refieren principalmente a la situación política y social de aquellos años y sólo marginalmente se analiza la situación económica a la que tuvieron que hacer frente los gobiernos españoles y las medidas que adoptaron al efecto. Por ejemplo, en la «Bibliografía comentada sobre la II República Española (1931-1936)» de María Gloria Núñez (1993) se reseñan 4.544 publicaciones, de las que sólo 307 (el 6,75%) se refieren a temas económicos (incluso incluyendo en estos la reforma agraria). Este limitado acceso, en la práctica, del público en general a la situación económica durante la II República refuerza que hoy en día -a pesar de los más de ochenta años transcurridos- se enjuicie tantas veces ese periodo decisivo de la historia de España en función de las afinidades o divergencias personales con las fuerzas políticas y sociales de aquellos años.

El análisis de dichas políticas económicas -en el marco de las grandes convulsiones del entorno internacional de los años treinta- permite una visión más objetiva. Se constata de esta manera una notable continuidad entre las políticas monetarias y fiscales de todos los gobiernos de la II República, cualquiera que fuese su posición ideológica y desde una concepción nítidamente ortodoxa de la política económica. Continuidad que se extiende también a las políticas fiscales, hidráulicas, de monopolio del petróleo y de proteccionismo del carbón y del trigo nacionales que llevaron a cabo la dictadura de Primo de Rivera y el régimen de Franco.

En relación con las prioridades en el gasto del Estado, a pesar del incremento importante en Educación (con un incremento medio anual entre 1931 y 1935 del 10%), fue la Seguridad Ciudadana la que experimentó un mayor crecimiento en esos años (con un incremento medio anual del 14,2%), debido a los problemas de orden público que tuvieron que afrontar los gobiernos de la República.

España soportó mejor que otros países occidentales el impacto global de la Gran Depresión internacional. La caída de la peseta y la no pertenencia de nuestra moneda al patrón oro redujeron, en un primer momento, las consecuencias de la crisis mundial en la economía española, al no producirse, como en otras naciones, una gran deflación en los precios interiores y un crecimiento muy grande del paro. Durante aquellos años, España tenía las cuartas reservas de oro del mundo y una gran reputación como país deudor en el cumplimiento de sus compromisos derivados de la deuda pública.

A partir de 1932, el comercio internacional de España se vio perjudicado por las medidas proteccionistas y por las devaluaciones competitivas de otros países y por la sobrevaluación de la peseta, derivada de su vinculación de hecho con el Bloque del Oro liderado por Francia.

Entre las expectativas de reformas sociales radicales que produjo la llegada de la II República, tal vez la reforma agraria y la consiguiente redistribución de la tierra fueron las que crearon más decepción, al no poder ser atendidas con el alcance y rapidez esperadas. La reforma agraria no triunfó por su complejidad, por su insuficiente financiación y deficiente gestión y, también, por haber primado su orientación ideológica y la redistribución de la tierra frente al fomento de la producción y al acceso a la propiedad de los campesinos.

Entre 1931 y 1935 hubo una gran estabilidad de precios y el PIB tuvo un crecimiento anual medio del 2%. A finales de 1935 -tras dos años sucesivos de crecimiento económico y atenuadas las causas internas de la depresión- España podía considerar superada la crisis económica. El Gobierno de centro-derecha estaba apoyado por una mayoría parlamentaria elegida hasta noviembre de 1937, plazo suficiente para desarrollar sus proyectos de inversiones públicas para promover la economía y crear empleo, al tiempo que se reformaban la Constitución y la ley electoral.

No es aventurado pensar que en octubre de 1936, tras el abandono por Francia del patrón oro y la consiguiente devaluación, España hubiera permitido un cambio más razonable para la peseta, con el mismo resultado positivo para sus exportaciones y para el conjunto de su economía que el que obtuvieron los demás países del extinto Bloque del Oro.

Pero nada de esto iba a suceder. El sectarismo ideológico, el egoísmo social, las mezquinas diferencias internas en el centro y la derecha españolas y la increíble irresponsabilidad de algunos dirigentes políticos privaron a nuestra patria de esas expectativas favorables y de una gran oportunidad de futuro.

Luis Peral Guerra es economista y abogado.

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