Otro enfoque sobre la España despoblada

La despoblación no es fenómeno nuevo sino que viene de lejos, es global y parece irreversible, pero ahora tiene más rendimiento político. Aunque la despoblación de amplias zonas de España es el resultado de un largo proceso histórico, la ingeniosa, mediática y electoralista expresión «la España vaciada» lo ha puesto de moda pese a ser una expresión simple y equívoca. Nadie ha vaciado partes de España, ni la ausencia de población quiere decir que estén vacías, ni la despoblación es intrínsecamente negativa. Sin duda ha contribuido a la relevancia de este concepto el equilibrio político actual que hace que un solo diputado sea decisivo para formar el gobierno estatal y, para conseguir ese diputado, es más útil volcar la atención en las regiones donde menos votos se necesitan para elegirlo, es decir, en las provincias menos pobladas. Cabe pues preguntarse si tantas llamadas a «recuperar la España vaciada» responden al romántico deseo de retrotraernos a una España rural, que ya no existe, o son sólo promesas para ganar esos valiosos votos.

Más de la mitad de la población mundial vive ya en ciudades y se estima que en 10 años ese porcentaje aumentará al 60%. La concentración de la población en grandes urbes es tendencia mundial e irreversible por ahora porque las personas siempre han cambiado el lugar de residencia buscando mejores condiciones de vida y, en estos momentos de acceso generalizado a la información y a la comunicación por internet, las invitaciones a mejorar las condiciones de vida son más tentadoras que nunca. Por el contrario, se apagan los deseos de residir en zonas sobre las que se difunden muchos mensajes negativos sobre despoblación y deficiencias y pocos sobre las oportunidades y ventajas que podrían ofrecer.

La redistribución espacial de la población española ha sido consecuencia de muy diversas causas a lo largo de la historia. El «vacío» o la despoblación proviene de épocas pretéritas y España ha estado siempre muy débilmente poblada, con amplias zonas con densidades próximas a la despoblación absoluta. Actualmente, dos tercios de los más de 8.000 municipios tienen menos de 1.000 habitantes y el 72% de la población se concentra en el 1% del territorio. Los municipios de menos de 5.000 habitantes pierden ineludiblemente población y la actual percepción de la calidad de vida, que modifica algunos de los criterios de localización, intensifica la tendencia a la concentración en grandes aglomeraciones. Contrariamente a lo que se podría pensar, las mejoras en infraestructuras y medios de transporte contribuyen a esta concentración urbana porque desvinculan el lugar de residencia del de trabajo y, debilitada la barrera de la distancia, se tiende a ubicar el domicilio donde hay mejor dotación de servicios y oportunidades para el ocio.

La Constitución de 1978 estableció una nueva organización político administrativa del territorio: descentralización y mayor autonomía municipal, pero no puede decirse que ello haya tenido incidencia positiva frente a la despoblación. Se ha consolidado un mapa de municipios y de provincias excesivamente fragmentado y, salvo honrosas excepciones, las comunidades autónomas no han visto conveniente afrontar políticas de ordenación territorial; los distintos poderes públicos se han centrado en estrategias de competitividad, buscando réditos políticos locales a corto plazo, y han despreciado las ventajas que comportaría la cooperación interterritorial.

Se reclama legítimamente atención a la «España despoblada»; sin duda todos los españoles tienen igual derecho a acceder a servicios y equipamientos y hay interés general en que no se deprecien patrimonios en áreas amenazadas de despoblación, pero no sería realista obviar que sin unos umbrales mínimos de demanda no se pueden mantener actividades económicas ni servicios públicos con dotaciones adecuadas. La inercia de concentración de la población en grandes áreas metropolitanas no se modificará con actuaciones puntuales y voluntaristas en zonas despobladas. Está suficientemente constatada la ineficiencia de grandes inversiones en infraestructuras de transporte y serán inútiles los incentivos fiscales para fomentar iniciativas vinculadas al territorio si no van a ser viables cuando terminen las ayudas.

Sin embargo, hay oportunidades que el horror al vacío demográfico no nos deja ver. Algunas zonas despobladas pueden ser, como espacios naturales, otro gran atractivo de España puesto que el medio natural configura territorios muy diversos y valiosos por sí mismos, con población o sin ella. Quizás no seamos conscientes del gran valor que supone contar con extensos territorios apenas alterados por la huella del hombre en la Europa del siglo XXI, un ámbito generalmente superpoblado, con una población crecientemente ociosa y donde el mejor cuidado de la naturaleza deviene ineludible. Ante esta perspectiva merece la pena estudiar otro enfoque de la «España despoblada» en el que el remedio no sea intentar forzar artificial e inútilmente la residencia en áreas escasamente pobladas.

Concluiríamos diciendo que es necesaria una política de vertebración territorial adaptada a los tiempos y que abordara prioritariamente los siguientes retos: reconsiderar el número de municipios, o incluso provincias, como han hecho otros países de nuestro entorno, además de aplicar criterios de cooperación territorial para compartir instalaciones y servicios frente a los de competitividad. Prestar mayor atención al cuidado y promoción de los espacios naturales para que constituyan un atractivo en sí mismos y sean objeto de disfrute ordenado por una sociedad europea que cada vez va a tener más tiempo libre. Afrontar la transformación del modelo económico, sustentado en la construcción y el desarrollo urbanístico, por otro basado en la conservación y reutilización del patrimonio existente. Fomentar en las zonas rurales las actividades sostenibles de producción de carácter local. Aprovechar en áreas rurales las innovaciones tecnológicas ya disponibles tales como la autosuficiencia energética, la multiplicidad de medios de transporte y el salto en las comunicaciones que está suponiendo el 5G para la vigilancia, conservación y promoción del patrimonio en áreas despobladas. Y siempre desde la certeza de que estamos ante una sociedad nueva y muy dinámica, con criterios de localización residencial y hábitos de consumo muy ligados a la ciudad.

Obviamente esta política habría de ser consensuada para que perdurara más allá de una legislatura y valiente por los profundos cambios que implica. El resultado sería mayor sostenibilidad territorial, revalorización de patrimonios particulares e institucionales y generación de otro tipo de riqueza y empleo en zonas escasamente pobladas, aunque probablemente estos empleados no residirán permanentemente allí.

Julio Vinuesa es catedrático emérito de Geografía Humana (UAM) y Pedro Moraleda es abogado y analista de energía.

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