Otros ahorros son posibles

El Gobierno ha planteado, finalmente, una política de ahorros para las cuentas públicas. De hecho, hace ya más de año y medio (al menos desde octubre del 2008) que todos sabíamos que había que reducir el gasto corriente de las administraciones públicas. Los llamados estabilizadores automáticos (subsidios de paro por el lado del gasto y menor recaudación de impuestos por el lado del ingreso) ya generaban por sí solos un enorme agujero presupuestario. Es una lástima que el Gobierno se lanzara a un nuevo plan de gasto completamente inútil. Una verdadera desgracia porque lo que se gastó en el plan E fue un derroche de gigantescas proporciones que en estos momentos estamos pagando muy caro.

Ahora llega el momento de enfrentarse a la «restricción presupuestaria». Las medidas anunciadas por José Luis Rodríguez Zapatero el 12 de mayo y las que ha ido enunciando después han sido criticadas por antisociales. ¿Sirven de algo estas economías? Sin duda, la reducción del sueldo de los funcionarios en un 5% debería servir, porque su masa salarial es una buena parte del gasto público. Pero hay que ahorrar más. Hemos vivido, como país, con un gasto público muy por encima de nuestras posibilidades. La euforia inmobiliaria podía pagarlo todo, y le ahorraba al Gobierno su principal responsabilidad: cobrar impuestos a todo el mundo. La primera cosa que deberíamos arreglar es que todos contribuyéramos de forma equitativa. Sería un desastre histórico si saliéramos de esta crisis con enormes bolsas de fraude fiscal. Ahora toca pagar algo menos de impuestos, pero apretar las tuercas fiscales para que todos paguen. No vale apretar las tuercas a los que ya están exprimidos, sino a los que aún no lo están. Esto nos haría mejores y más fuertes cuando saliéramos de la crisis.

¿En qué partidas se puede ahorrar? En número de políticos. Propongo dedicar más atención a las administraciones territoriales de elección indirecta. Nuestra democracia creó en la Constitución un cuarto nivel administrativo que se interponía entre el Estado y las provincias (por debajo no se tocaron los ayuntamientos). Para crear las comunidades autónomas hubieran tenido que eliminarse las diputaciones provinciales. No se hizo, y fue un grave error.

Los partidos políticos descubrieron que las diputaciones provinciales eran maravillosas: tenían muchos ingresos, poco gasto y ningún control electoral competitivo. Liquidar las diputaciones provinciales es el ahorro más fácil de obtener. Si hay que mantener algo de las provincias mientras no se cambia la Constitución, que se vacíen de contenido inmediatamente. El Estado autonómico es incompatible, conceptualmente hablando, con las diputaciones provinciales. Ahí tendríamos un ahorro que sería aplaudido por la ciudadanía. Ahí donde se han creado otros niveles intermedios de gestión, de elección indirecta, como en Catalunya (los consejos comarcales), la necesidad de reducir capas de administración territorial es aún más urgente.

En Catalunya, en plena crisis, se ha llegado a plantear la creación de un sexto nivel de administración territorial ¿las veguerías¿. Esto es lo contrario de lo que hay que hacer: reducir administraciones y no aumentarlas. Eliminar administraciones de elección indirecta es una de las principales fuentes de ahorro y de mejora de la eficiencia que podemos introducir.

Y ¿cómo podemos volver a situarnos en un sendero de crecimiento con tantos ahorros? Lo más importante se puede hacer sin costes: facilitar la aparición de nuevos empresarios. ¿Quién contratará a los que están sin empleo? ¿Las actuales empresas? Muy poco. Son ellas las que están en crisis. Los contratarán las empresas que se creen en el futuro. Dependemos de los empresarios que surjan. Y para que surjan debemos facilitar la contratación de trabajadores permanentes (ya sabemos que basar proyectos empresariales en trabajadores temporales es lo peor de nuestro actual sistema productivo), lo que implica también que el despido de esos mismos trabajadores, en situaciones razonables, no sea un vía crucis.

Necesitamos menos trámites para crear empresas, menos impuestos sobre las empresas y menos impuestos sobre el trabajo. Es por esto que existe un clamor por la reforma laboral, pero hay que ir con cuidado con qué reforma laboral se hace, no vayamos a acabar peor de lo que estamos.

En resumidas cuentas: queremos otros ahorros (sin discutir algunos de los que se proponen), como podrían ser el adelgazamiento de las administraciones provinciales, que se persiga el fraude sin que aumenten los impuestos y que se simplifique la aparición de los protagonistas de la recuperación ¿los empresarios que aún no existen¿. Para construir un futuro económicamente y socialmente sostenible necesitamos unas administraciones públicas más eficientes en el uso de los recursos públicos y más empresarios que quieran y puedan contratar indefinidamente. De ahí vendrán los impuestos que nos solucionarán la crisis.

Albert Carreras, Catedrático de Economía UPF.