Para avanzar en la erradicación de la violencia de género es imprescindible poner el foco en la conducta social y establecer objetivos de cambio social. Ello requiere un pacto de Estado que involucre a todas las Administraciones y unos presupuestos acordes con esa prioridad. Pero esto no será posible mientras las Administraciones públicas carezcan de herramientas eficaces y sigan dominadas por la inercias machistas. Es urgente que intervengamos para rediseñar los servicios generales y específicos y garanticemos que se cumplan, en todo el territorio nacional, las labores de prevención, detección, valoración de la violencia y sus consecuencias, planificación de la intervención, coordinación entre instituciones y profesionales y documentación. Labores o procesos que vienen determinados en leyes y acuerdos de coordinación, pero que no están garantizados en todos los lugares y servicios y que con frecuencia no se cumplen o solo lo hacen dependiendo de la voluntariedad, la bondad, la capacidad, los recursos y el compromiso de las personas que intervienen.
Cuando en las intervenciones pesa más el compromiso, la capacidad y los recursos que la tolerancia hacia la violencia, el desconocimiento, el agotamiento o la precariedad, el resultado es positivo. Pero cuando lo que tiene más peso es la inercia machista o la falta de recursos humanos o materiales, el resultado es negativo.
No es intrascendente para la protección y recuperación de las víctimas que quede a la voluntariedad de las personas cumplir la obligación, establecida en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, de notificar al juzgado o a fiscalía, adoptando y recomendando pautas de protección, cuando se tengan noticias de la posible existencia de un delito. No es intrascendente que unas fiscalías estén organizadas con recursos humanos y materiales para atender esas notificaciones y proteger a las víctimas y otras no.
No es intrascendente que en unos lugares se emitan informes de valoración de la violencia detectada y su impacto por parte de los servicios especializados en atender a las mujeres y se les entreguen a estas, y en otros no. No es intrascendente que en unos lugares los servicios especializados estén formados por personas verdaderamente especializadas y que en otros tengan de especializados tan solo el nombre, bien porque las personas no tienen especialización alguna, bien porque lo que se les abona por su trabajo es tan insignificante y desproporcionado que el trabajo de calidad se convierte en una cuestión de voluntarismo (como, por ejemplo, en los turnos de oficio específicos).
No es intrascendente que a veces, tras una intervención policial en un club de alterne, se tome nota como posibles testigos o fuentes de información de los clientes y que otras veces se les invite a irse a su casa sin tomar sus datos para preservar su intimidad. No es intrascendente que en unos equipos forenses se dé relevancia a la violencia psicológica y en otros no. No es intrascendente que en unos lugares la atención a la víctima esté personalizada en base a valoraciones con claros criterios profesionales que queden documentados y en otros no.
En definitiva, no es intrascendente que en unos lugares se den automatismos judiciales y extrajudiciales y en otros se analice con detalle cada caso, se haga visible la violencia de género que exista en concreto y se responda de manera ajustada. No es intrascendente ni para las mujeres, ni en los casos de violencia en la pareja, para sus hijos e hijas.
Los mandatos de igualdad y de erradicación de la violencia de género son enterrados día a día por la inercia machista de las Administraciones. Hay servicios dirigidos en teoría a hacer visible la violencia de género pero donde algunos se esfuerzan en todo lo contrario, bien porque están motivados personalmente para negar la violencia, bien porque no están preparados para verla, o porque han sido orientados desde dentro del servicio para tapar la violencia de género. Hay un negacionismo de la violencia de género que se está desarrollando en algunos casos desde dentro de las propias instituciones, en pugna con quienes sí trabajan por la igualdad.
Por tanto, además de un pacto de Estado, es necesario evaluar los distintos servicios públicos —incluyendo a la Administración de justicia— y sujetos a convenio. Muchas deficiencias se podrían resolver a corto plazo a nivel local y autonómico si se hiciera esa evaluación desde la honestidad y no desde la complacencia. ¿A qué esperamos para hacerlo? ¿Por qué no se está haciendo ya?
Amparo Díaz Ramos es abogada especialista en violencia de género.