Aunque en los últimos veinte años se ha ido logrando un acuerdo implícito en diversos temas educativos, existen todavía temas controvertidos y problemas de difícil solución. Un pacto educativo solo merece la pena si es capaz de encontrar un punto de acuerdo en la mayoría de los disensos existentes y en la forma de abordar los retos pendientes. Analicemos, pues, desacuerdos y retos.
Se mantienen cuatro controversias importantes en la enseñanza: las competencias del Gobierno central y de las comunidades autónomas, las relaciones entre las redes pública y concertada, el estatus de la formación religiosa en las escuelas y la financiación de la educación. Con respecto a la primera, sería importante lograr la participación de los partidos nacionalistas vascos y catalanes. En el tratamiento de las diferentes redes de enseñanza ha existido un frágil acuerdo en las últimas décadas. Habría que profundizar en él para que los centros públicos y concertados tuvieran similares derechos e idénticas responsabilidades en la admisión de todos los alumnos. La enseñanza de la religión es más una cuestión de justicia que de calidad de la educación. El posible estudio de la religión no debería provocar agravios comparativos y obligaciones a los que no lo eligen. Finalmente, el acuerdo sobre la financiación resulta imprescindible para recuperar al menos lo perdido en estos años y abordar los retos que afectan a la calidad y a la equidad educativa.
¿Cuáles son estos retos que exigen una mayor financiación? El excesivo número de alumnos que repiten y que abandonan sus estudios; las desiguales oportunidades de los alumnos para acceder a programas formativos de calidad; la falta de un sistema para el desarrollo profesional de los docentes; y la insuficiente oferta de calidad en la educación infantil y en la formación profesional. Para abordar estos desafíos, es necesario un incremento sostenido del gasto educativo.
¿Por qué es necesario un mayor gasto público? Porque los alumnos con más dificultades de aprendizaje necesitan desde los comienzos de su educación más apoyos, atención y orientación, y ello supone incrementar los profesores y profesionales dedicados a estas tareas; porque garantizar el acceso de todos los alumnos a programas y actividades de calidad supone financiarlos para aquellos con escasos recursos económicos, ya que sí acceden a ellos los que pueden pagarlos, por lo que el incremento de los presupuestos a los centros y la ampliación de las becas es imprescindible; porque diseñar un sistema atractivo y exigente para el desarrollo profesional de los docentes, que combine la evaluación de su trabajo, personal y en equipo, y la innovación educativa con la incentivación económica y profesional, exige mayor financiación; porque aumentar la oferta educativa en mejores condiciones –menos niños o más maestros en el aula– para los más pequeños (no olvidemos que la mejor inversión educativa es aquella que se dedica a la infancia) es costoso; también lo es ampliar la oferta de formación profesional para que los alumnos puedan acceder a aquellas titulaciones que se ajustan mejor a sus intereses y competencias.
Hemos de recordar que la media de los países de la Unión Europea destina bastante más dinero que España a la educación, lo que indica la importancia que otorgan al desarrollo de su país y a la formación de sus ciudadanos. Además, es preciso garantizar el acceso de todos los alumnos a los diferentes programas educativos, lo que exige un presupuesto para ello.
Un dato que avala esta segunda razón aparece en el informe sobre las Cuentas de la Educación en España 2000-2013. Recursos, gastos
y resultados elaborado por la Fundación BBVA y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie): las familias han incrementado su gasto en educación en un 28% desde 2009 a pesar del descenso de sus ingresos durante la crisis y en estricta correspondencia con la disminución del gasto público. Ello indica la importancia que las familias otorgan a la educación de sus hijos.
Como señala el informe, una mayor dependencia de la educación del gasto de las familias afecta a la igualdad de acceso a la educación, ya que aquellas con mayores ingresos dedican a la educación porcentajes muy superiores al resto. Sería justo, pues, que también las familias que no disponen de suficientes recursos económicos puedan recibir la misma atención educativa que aquellas que pueden financiarlos.
Conviene detenerse en este momento en las cifras oficiales de gasto procedentes del programa de estabilidad enviado por el Gobierno a Bruselas y de las estadísticas del Ministerio de Educación para valorar la magnitud del desastre de los últimos años y del tremendo riesgo que se cierne para los siguientes:
—Presupuesto educativo 2009: 53.895 millones de euros (5,0% PIB)
—Presupuesto educativo previsto 2017: 45.603 millones (3,93 % PIB)
—Presupuesto educativo previsto 2020: 48.133 millones (3,67 % PIB)
¿Es posible un pacto educativo cuya perspectiva sea que el gasto educativo se reduzca al 3,7% del PIB en el año 2020, lejos del nivel de compromiso económico con la educación alcanzado en 2009?
Considero necesario alcanzar de nuevo un gasto público en educación en torno al 5% del PIB para revertir las actuales desigualdades en la educación y mejorar la calidad para todos los alumnos. ¿En cuánto tiempo? Un prudente calendario, consciente de las dificultades de alcanzar el equilibrio presupuestario, sería en diez años con un incremento medio anual en torno al 0,1% del PIB. Un compromiso que debería extenderse también a los presupuestos de las comunidades autónomas para que el gasto sea similar entre ellas: la media del gasto público por alumno en centros públicos en 2013 fue de 5.231 euros; en Madrid, 4.505 euros; en el País Vasco, 9.175 euros.
Este posible pacto no debe pretender que las controversias en el ámbito educativo desaparezcan, sino que debe aceptar la existencia de ideologías diferentes que han de seguir presentes –respetando lo acordado– en la gestión de las políticas públicas y en los debates sociales. Con estos mimbres y estos compromisos, un pacto educativo tendría pleno sentido para los ciudadanos.
Álvaro Marchesi, catedrático emérito de Psicología Evolutiva y de la Educación en la Universidad Complutense de Madrid.