Este tiempo, sometido a tantas turbulencias, podría ser un buen momento para la educación. Ante todo porque debemos cambiar nuestro modelo económico, excesivamente basado en el ladrillo y en el 'monocultivo' del sol, por otros de mayor productividad exigentes de una mano de obra más cualificada. Y, en segundo lugar, porque se anuncia la posibilidad de un gran pacto educativo para superar la mediocre situación que este fundamental sector tiene en España. Que la educación es un antídoto contra el desempleo resulta indiscutible. Nuestra Encuesta de Población Activa, con datos previos a la fase álgida de la crisis, ofrecía este panorama: los trabajadores adultos-jóvenes (25-34 años) que no terminaron la secundaria presentaban una tasa de paro del 13%; el índice baja al 10% para los que culminan esta etapa, se reduce al 8% para quienes ostentan un título de Bachillerato o FP y desciende hasta el 6,4% para las personas con Educación Superior.
Siempre es necesaria la buena educación, pero ahora resulta imprescindible si queremos que el futuro no registre las zozobras que han provocado las deficiencias e insuficiencias de nuestro modelo formativo actual. En todas las fases tenemos carencias profundas que nos llevan a la irrelevancia en las clasificaciones internacionales. Dos únicos brotes muestran lo verdes que aún estamos: más del 30% de los alumnos que acaban la ESO no continúa estudiando y entre los que inician la Universidad uno de cada tres no termina la carrera. Todos los niveles naufragan en este mar de mediocridad. El Informe PISA deja en pañales a nuestra Enseñanza Media; la Formación Profesional progresa razonablemente, pero aún necesita mejorar; y la Universidad no ha podido, o no ha querido, dar el salto de la cantidad a la calidad, que es asignatura relegada permanentemente para septiembre.
Por ello, porque necesitamos un sistema formativo mejor que rompa definitivamente con los viejos demonios que la encorsetan, necesitamos un gran pacto por la Educación, aunque su viabilidad resulte complicada. Un pacto cuyos agentes somos todos -las familias, las asociaciones educativas, los profesores, los sindicatos, las organizaciones empresariales, los estudiantes...-, pero que precisa consensos imprescindibles entre los partidos políticos , la Administración del Estado y las comunidades autónomas. A los partidos y al Parlamento les corresponde dar estabilidad al sistema educativo con leyes pactadas y sostenibles en el tiempo hasta que den síntomas de obsolescencia y les compete también dotar al sistema educativo de los medios financieros suficientes para llevar a cabo los cambios necesarios. A las comunidades les atañe implementar las políticas pactadas con el respeto a principios básicos e indiscutibles. Han de cumplir la Constitución para que quienes lo deseen puedan estudiar en español, y han de respetar el sentido y la unidad de ciertas materias que se convierten a veces en una constelación de saberes fragmentados y en una panoplia de orgullos étnicos. No convirtamos la educación, que sin duda es un elemento vertebrador, en un instrumento para alimentar las desavenencias ideológicas o los atavismos históricos.
Como ha dicho el ministro Gabilondo, el acuerdo es posible y debe articularse, al menos, en nueve materias para el diálogo inicial y la búsqueda de consensos parciales. Algunos son viejos temas pendientes, como la reducción del fracaso escolar o la mejora de la FP. Otras derivan de nuevas necesidades, como universalizar la formación de 0 a 3 años o la modernización tecnológica de la educación. Las hay que entroncan con procesos en marcha como la adaptación a Bolonia y, por ella, la internacionalización de la Universidad, el diálogo con los estudiantes o la proyección social de la formación (y la investigación) mediante una colaboración fecunda con la empresa. Y no podían faltar compromisos para mejorar la financiación. Probablemente el catálogo deba ser ampliado y las acciones propuestas discutidas y conciliadas, pero es preciso echar a andar.
No sé si algún día llegaremos a escribir un Gran Pacto con mayúsculas. No es ésta tierra de consensos sobre los grandes asuntos que conciernen a la ciudadanía, cada vez más descreída de su clase política. El país se ha convertido en uno de esos guiñoles de feria donde los personajes armados con contundentes garrotes sólo se mueven de su sitio para dar un estacazo al prójimo. Pero éste es un asunto demasiado decisivo como para no dejar las armas. Ojalá lo entiendan así quienes tienen en sus manos los destinos educativos del país y desoigan, por una vez, la máxima de San Ignacio, aquella de que 'en tiempos de turbación no conviene hacer mudanza'. Todo lo contrario, la mudanza educativa resulta imprescindible si queremos mejorar la posición. Es preciso avanzar en la formalización del pacto y escribir poco a poco su letra pequeña. Sólo así podremos construir el modelo educativo, basado en el conocimiento, que la sociedad española precisa y demanda.
Rafael Puyol, presidente de IE Universidad.