Pacto por un derecho

Por Manuel Bustos, presidente de la Federació de Municipis (EL PERIÓDICO, 12/10/07):

Más de una treintena de las principales entidades e instituciones de nuestro país [Cataluña] hemos firmado el pacto nacional por el derecho a la vivienda que permitirá cambiar de raíz las condiciones de este mercado. Este pacto es un ejemplo de cómo una sociedad compleja como la nuestra es capaz de establecer unas bases de actuación entre el mundo público y el mundo privado y de abordar con responsabilidad uno de los principales problemas sociales. Aunque todos los que han firmado el pacto son necesarios, los ayuntamientos somos imprescindibles porque tenemos que impulsar las políticas urbanísticas que deben generar el suelo para construir las 160.000 viviendas protegidas recogidas en el acuerdo, además de otorgar las licencias para rehabilitar los pisos.
Este acuerdo se consigue precisamente en un buen momento para hablar de suelo. Generar suelo a un precio adecuado y controlado es una de las bases del éxito futuro del pacto firmado. Y, precisamente, nos falta terreno para poder dar un salto cualitativo en la construcción de vivienda de protección oficial y mantener el esfuerzo que desde hace años los ayuntamientos están aportando a sus ciudadanos.
Servirá también para acordar con el mundo privado un volumen suficiente de viviendas de alquiler. Solamente con un acuerdo con los propietarios y los promotores podremos situar en el mercado un número importante de viviendas, en este momento cerradas, y que pueden dar respuesta a la elevada demanda social. Además, es la oportunidad para situar a los colectivos más desfavorecidos, a los jóvenes, los ancianos y las personas con riesgo de exclusión social, como los principales beneficiarios de las políticas públicas de vivienda. El acuerdo va a representar también un salto cualitativo en los recursos destinados a la rehabilitación: una parte del parque de viviendas se renovará en sus estructuras e incorporará ascensores, lo que va a mejorar sus condiciones.
Aun así, la solución no será inminente. Cualquier política en materia de vivienda necesita tiempo: conseguir terreno y construir vivienda es un proceso largo. La garantía de éxito debe ser la predisposición de los ayuntamientos en mantener su esfuerzo, la incorporación del mundo privado como un agente básico en la generación de vivienda de protección oficial y de alquiler, y un nivel de recursos que permita abordar el conjunto de las actuaciones acordadas.
La tramitación parlamentaria de la ley por el derecho a la vivienda establecerá al máximo nivel estos acuerdos. Puede parecer solo semántica; sin embargo, la ley recogerá como un derecho definido el principio constitucional de garantizar el acceso a una vivienda digna y suficiente para todos los españoles. Por lo tanto, será exigible, y lo que era una voluntad pasa a significarse como un derecho universal.
La ley y su tramitación parlamentaria serán el primer paso. El segundo va a ser dotarla de recursos, y luego vendrá la expansión de terreno y la construcción de las viviendas. Ahí es donde el mundo privado va a intervenir y los compromisos firmados se tendrán que plasmar en el mercado de la vivienda. Este acuerdo histórico se desarrollará sobre la red de municipios que en los últimos años ha incrementado buena parte de su suelo y ha experimentado el crecimiento más importante de su historia. Solo en los últimos 25 años, el suelo urbano ha crecido igual que en toda la etapa anterior.

ES IMPRESCINDIBLE que este nuevo parque de viviendas venga acompañado de las suficientes infraestructuras sanitarias, educativas, deportivas y, ante todo, es básico que exista una planificación adecuada de las infraestructuras que nos permita acceder a las nuevas bolsas de vivienda con celeridad. Muchos municipios han tenido que resolver déficits históricos por construcción rápida de vivienda sin los servicios necesarios en su entorno, y no queremos que esto vuelva a suceder. Sabadell es un ejemplo de esta buena conjunción entre políticas para generar vivienda pública acompañándola de los equipamientos necesarios. Es de este modo, manteniendo la cohesión ciudadana y unas buenas condiciones para la convivencia y la calidad de vida de los vecinos, que este acuerdo podrá desarrollarse en el territorio.