Las negociaciones para aprobar los nuevos Presupuestos Generales del Estado se basan en el pacto firmado por el PSOE y Podemos. El mismo incluye aumentos de gastos, cuantificados en el mismo documento, por unos 5.500 millones de euros. A eso hay que sumar el coste de otras medidas que no está cuantificado. Para compensar al menos una parte del mayor gasto se incrementan y crean diversos impuestos. En el mejor de los casos, de eso saldría un déficit fiscal, para el conjunto de las Administraciones Públicas, de cerca del 2% del PIB para 2019, sensiblemente mayor al objetivo inicial de 1,3%.
Ese pacto incluye muchas otras medidas, como la subida del salario mínimo a 900 euros, la derogación de los “aspectos más lesivos” de la reforma laboral, la modificación de la ley electoral o la incorporación de la “perspectiva de género en el sistema impositivo”.
La economía española tiene una alta deuda pública (por lo que conviene eliminar cuanto antes el déficit público), un elevado endeudamiento exterior (para revertirlo se necesita mantener el superávit en las cuentas exteriores) y un excesivo nivel de desempleo (por lo que se debe seguir creando empleo).
Las medidas del pacto PSOE-Podemos van en contra de lo que necesita la economía. El mayor déficit fiscal hará crecer la deuda pública en unos 20.000 millones de euros más que lo previsto anteriormente. Por una parte, la subida de impuestos restará competitividad a la economía, entorpeciendo el mantenimiento del superávit exterior, precisamente en el momento en que está siendo debilitado por el alza del precio del petróleo. Por otra, hará menos atractiva la inversión productiva, lo que implica un debilitamiento del ritmo de creación de empleo. Ritmo que también quedaría amenazado por la exagerada subida del salario mínimo y el aumento de costes laborales que supone la derogación, aunque sea parcial, de la reforma laboral.
Tal vez el presidente Sánchez sepa los riesgos que implican las medidas de ese pacto, pero acepte correrlos para alcanzar sus objetivos políticos. Es probable que se sienta capaz de, una vez aprobados los Presupuestos, diluir sus aspectos más radicales.
Desde el punto de vista de Podemos, el asunto se ve de modo totalmente distinto. Lo que para una mayoría son riesgos, para ellos es la forma de avanzar en su agenda antisistema. No solo no le preocupan esos riesgos; es probable que deseen su materialización, para tener la excusa de poner en práctica sus objetivos largamente perseguidos (aunque hábilmente ocultados en los últimos tiempos): suspender el pago de la deuda pública, salir del euro, devaluar, creación de un corralito para evitar la salida de dinero al exterior, nacionalizar la banca y los “sectores estratégicos”. Todos objetivos delineados por Pablo Iglesias Turrión en una charla en el Ateneo de Madrid, el 6 de febrero de 2014, que puede verse en YouTube .
Por si quedaba alguna duda de los verdaderos objetivos de Podemos, pocos días atrás, su ideólogo, Juan Carlos Monedero, lo dijo con claridad: están para romper “el bipartidismo” (¿para reemplazarlo por un sistema de partido único?), “el centralismo” (¿para disgregar España?) y “la monarquía” (¿para reemplazarla por un “amado líder”?).
Un profesor me enseñó que primero “hay que pensar bien de la gente”. Si por esa vía no se alcanzan conclusiones razonables, entonces hay derecho “a pensar mal”. “Pensando bien”, habría que concluir que el pacto presupuestario PSOE-Podemos es una obra monumental de la torpeza. Me parece ingenuo creer que ese sea el caso. Por eso, tiendo a pensar que el pacto presupuestario es para Podemos un intento de demoler el sistema desde dentro, aceptado por un presidente temerario. ¿Qué puede salir mal?
Diego Barceló Larran es director de Barceló & asociados.