International criminal justice grinds slowly, but it can grind exceedingly small. Charles Taylor was first indicted in 2003 for crimes against humanity, in a UN court over which I presided. Then, he strutted the world stage as a head of state. Ghana refused our request to arrest him when he visited, and Nigeria gave him refuge for several years. There was a general expectation that he would escape trial, but the whirligig of time brings its changes and revenges: Taylor was sentenced to 50 years imprisonment, for aiding and abetting 11 kinds of war crimes and crimes against humanity – ranging from terrorism, rape and murder of civilians, to recruiting child soldiers and child sex slaves.… Seguir leyendo »
Ten years ago, when the treaty creating the International Criminal Court took effect, the prospect of holding heads of state and powerful warlords to account for mass slaughter seemed like science fiction.
Today the signs carried by Syrian protesters demanding “Assad to The Hague” are powerful testimony that the court is making its presence felt.
But as the I.C.C.’s influence grows, its promise of impartial justice for the world’s worst crimes is at risk of being undercut by international politics.
The I.C.C. has committed its share of missteps. Some are performance problems of its own making. At the same time, it runs the toxic risk of appearing to be used to advance the political objectives of powerful states.… Seguir leyendo »
El expresidente de Costa de Marfil, Laurent Gbagbo, ha sido trasladado a la prisión de la Corte Penal Internacional en La Haya. Es la primera vez que este Tribunal detiene a un jefe de Estado. ¿Quiere decir eso que la justicia internacional empieza, por fin, a imponerse en todas partes, que la era de la impunidad ha llegado a su fin y los poderosos del mundo deben temblar?
Una pequeña matización que añadir al entusiasmo suscitado por esta noticia es que debemos tener en cuenta la geografía de los procesamientos. Desde su creación en 2002, el Tribunal se ha hecho cargo de siete situaciones, todas vinculadas a países africanos: Uganda, la República Democrática del Congo, la República Centroafricana, Sudán, Kenia, Costa de Marfil, Libia.… Seguir leyendo »
La memoria es un tema apasionante. Lo es porque una cosa es lo que sucedió en el pasado, otra lo que se explica, y otra lo que la mayoría de la gente cree. A esta última, que puede no tener nada que ver con la primera, los historiadores la llaman «la verdad social». Suele ser un relato construido a partir de equívocos interesados, tergiversaciones y lugares comunes, pero a veces permanece en el imaginario de las sociedades a lo largo de generaciones.
Aún recuerdo el escándalo que se generó en 1995 en Argentina cuando el capitán de corbeta de las Fuerzas Armadas Adolfo Scilingo confesó en un arrebato de desesperación que durante el régimen castrense que gobernó el país de 1976 a 1981 los militares drogaban a las personas a las que habían detenido ilegalmente (los desaparecidos), las subían a un avión de madrugada y las lanzaban al mar del Plata con bloques de cemento atados a los pies.… Seguir leyendo »
Last week, after the prosecutor of the International Criminal Court charged six senior Kenyan officials with orchestrating widespread violence following the 2007 national elections, President Obama rightly called on all Kenya’s leaders to “cooperate fully” with the court.
Similarly, declaring that “there has to be accountability,” Obama called on Sudan to cooperate with the court after it accused President Omar Hassan al-Bashir of Sudan of genocide in Darfur in July.
To its credit, this U.S. administration has repeatedly affirmed the centrality of international justice to U.S. foreign policy. But many wonder at the apparent disconnect between American support for justice abroad and Obama’s determination to “look forward not backward” at home.… Seguir leyendo »
Au temps des politiques de nettoyages ethniques, la justice pénale internationale représente un fantastique espoir de lutter contre l’impunité dans beaucoup de sociétés, mais elle est aussi accusée d’être politiquement manipulée. Ces virulentes controverses souffrent d’une lacune qui est désormais en partie comblée: il manquait en effet une analyse factuelle globale sur l’impact de la justice internationale qui démontre que seulement 1% des criminels de guerre sont inculpés par la justice internationale. Ce n’est donc pas le moindre des paradoxes que ce soit le professeur de droit américano-égyptien Cherif Bassiouni, qui a dédié sa vie à la lutte contre l’impunité qui aboutit à ce résultat, après avoir mené une vaste étude rassemblant des centaines de spécialistes originaires des quatre coins du monde pendant deux ans.… Seguir leyendo »
The application of the criminal law to the conduct of governments and their agents will, over time, reduce the commission of heinous war crimes such as genocide, torture, serious breaches of the Geneva conventions and crimes against humanity.
For every Radovan Karadzic who is put on trial there is another homicidal head of state who will realise there are personal consequences if he or she breaches those international criminal standards.
For this approach to work there must be universal jurisdiction – wherever suspects are, even if only as a visitor, the courts of that place must be able try them. And there must be respect that this is a proper criminal process, not simply an opportunity for political stunts.… Seguir leyendo »
El principio de jurisdicción universal es una aportación de juristas españoles en el desarrollo del debate que suscita Bartolomé de las Casas por los crímenes, hoy llamados de lesa humanidad, cometidos por algunos españoles en América. Diego de Covarrubias es el primero en sostener en su Practicarum quaestionum (Salamanca, 1556) que el autor de algunos delitos muy graves puede ser perseguido en el Estado donde los comete y también en el que se refugia, quien debe detenerlo y extraditarlo o juzgarlo él mismo. En la célebre controversia de Valladolid (1550-1551), Covarrubias apoyó a De las Casas frente a Ginés de Sepúlveda, quien sostenía que los indios no tenían derechos y se les podía someter a los más crueles tratos impunemente.… Seguir leyendo »
The attempt to obtain an international arrest warrant for deputy Israeli prime minister Ehud Barak is the latest development in what lawyers describe as a rapidly growing area of law – "universal jurisdiction".
Under this principle, the most abhorrent crimes – such as genocide, torture and war crimes – can be prosecuted in the national courts of countries other than where they were committed. Customary international law and treaties such as the torture convention now place obligations on states to ensure that alleged perpetrators of these crimes are brought to justice, even it means trying them in their own courts.
The UK has not been as active as other European countries in implementing universal jurisdiction.… Seguir leyendo »
Una limitación razonable del principio de jurisdicción universal es perfectamente posible. La limitación subrepticia, introducida tardíamente en el proyecto de Ley Orgánica sobre la Oficina Judicial aprobado en el Congreso de los Diputados por una inmensa mayoría de los legisladores, no lo es. El carácter furtivo de la reforma del principio de jurisdicción universal, que se produce curiosamente en un momento en el que son notables las presiones de países poderosos ante las causas abiertas contra sus conspicuos dirigentes pasados o presentes, no sólo evidencia una falta de respeto por la deliberación democrática, sino que, como suele ocurrir con las reformas atropelladas, va en contra de su calidad normativa al desvirtuar el concepto que pretende limitar.… Seguir leyendo »
El pasado jueves el Congreso de los Diputados aprobó el proyecto de reforma del art. 23.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Sin embargo, no es probable que ello rebaje la intensidad de la discusión sobre la legitimidad de la extensión de la competencia jurisdiccional española al enjuiciamiento de delitos contra la comunidad internacional cometidos en cualquier parte del mundo. La reforma aprobada por la Cámara Baja parece dar la razón al Tribunal Supremo, que en su día (STS 327/ 2003) intentó llevar a cabo una reducción teleológica del texto todavía vigente, sobre cuya extraordinaria amplitud literal no caben dudas.… Seguir leyendo »
El apresamiento de piratas somalíes por la fragata española Marqués de la Ensenada el pasado mes de mayo puso de manifiesto, una vez más, las tensiones y conflictos que frecuentemente se dan entre jueces y fiscales de la Audiencia Nacional y otros órganos del Estado. Ante las contradicciones entre el juez Fernando Andreu y el fiscal Zaragoza, el Ministerio de Defensa acabó presionando para que los piratas apresados no quedasen en libertad y fuesen entregados en el puerto keniano de Mombasa, para ser juzgados, de la misma forma que han hecho otros buques de guerra de países de la Unión Europea, en base a una Decisión del Consejo de Europa, que acordó con Kenia la competencia judicial de este país, a cambio de una remuneración económica de varios millones de euros.… Seguir leyendo »
El Gobierno español, de acuerdo esta vez con la oposición (rara avis), se dispone a modificar el marco jurídico en el que se sitúa la legislación española en relación con los crímenes de lesa humanidad. El artículo 23 de nuestra ley orgánica del Poder Judicial atribuye a la justicia de nuestro país la capacidad jurisdiccional sobre determinados delitos, cuya extrema gravedad ofende a la humanidad entera, con independencia del lugar donde tales crímenes se hayan podido perpetrar.
Ahora se pretende recortar drásticamente esta atribución usando una salida lateral, por no decir una puerta trasera de nuestro ordenamiento legislativo, aprovechando el trámite de enmiendas al proyecto de ley de Reforma de la Legislación Procesal para la Implantación de la Oficina Judicial.… Seguir leyendo »
La gran aportación del principio de universalidad, consagrado en el artículo 23.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), aplicable a los crímenes más espantosos, y que autoriza que los tribunales españoles sean competentes para entender de esos delitos, aunque se hayan cometido por extranjeros contra extranjeros en el extranjero (el Preámbulo del Estatuto de la Corte Penal Internacional de 1998 [ECPI] «[tiene] presente que, en este siglo, millones de niños, mujeres y hombres han sido víctimas de atrocidades que desafían la imaginación y conmueven profundamente la conciencia de la humanidad»), reside en que, gracias a él, ha sido posible acabar, en parte, con la impunidad de los autores de tales hechos.… Seguir leyendo »
Hace algunos meses fui invitado a intervenir en el seminario internacional sobre 'La Nueva Diplomacia de los Derechos Humanos', copatrocinado por el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación. Coincidí con el ex diplomático italiano, ahora escritor, Enrico Calamai, quien, resumiendo su experiencia diplomática a la vez que de defensor comprometido de los Derechos Humanos, me dijo en un tono grave y a modo de reflexión final de toda una vida profesional: «Diplomacia y derechos humanos son términos antagónicos en su esencia», con lo que me daba a entender que eran los segundos los que siempre perdían.
Me causaron gran impacto las claudicantes conclusiones de este antiguo cónsul italiano en Buenos Aires, quien durante la dictadura argentina consiguió proporcionar salvoconductos a cientos de perseguidos evitando su desaparición y muerte segura.… Seguir leyendo »
Después de muchos crímenes que van más allá del tiempo y de la memoria, tras la Segunda Guerra Mundial algunos de los supervivientes más clarividentes crearon un lenguaje muy civilizado para expresar la vergüenza por lo sucedido y levantar un muro contra la impunidad. El derecho penal internacional que surgió de los Principios de Nürenberg, del Convenio contra el Genocidio y de los Convenios de Ginebra sobre el derecho de la guerra, fue fortaleciéndose en medio de las barbaries posteriores con el Convenio contra la Tortura y otras normas internacionales sobre las que se ha construido una comunidad jurídica que reconoce el principio de jurisdicción universal para enjuiciar estos crímenes.… Seguir leyendo »
La hoja de ruta para limitar la práctica de la justicia universal en España es una lamentable realidad. El Congreso acaba de aprobar una propuesta de resolución por la que se pretende reducir su ejercicio a los casos en los que los presuntos responsables se encuentren en España o que existan víctimas españolas y, en todo caso, siempre que un tribunal internacional o el país donde sucedieron los hechos no esté procediendo a su "persecución efectiva". Es la culminación formal de las recientes críticas a la Audiencia Nacional: ¿por qué está enjuiciando las torturas de Guantánamo, los vuelos de la CIA, la masacre de Gaza, la represión del Tíbet o de los miembros de Falun Gong, los genocidios de los pueblos guatemaltecos o saharauis, el asesinato del periodista Couso o los de los jesuitas en El Salvador, o los crímenes de Mauthausen?… Seguir leyendo »
La jurisdicción universal abre la posibilidad de juzgar, en la mayor parte del mundo, crímenes que conmueven la conciencia de la humanidad y de cualquier sociedad civilizada.
Su origen más cercano se encuentra en los juicios de Núremberg, que en su tiempo merecieron la entusiástica aprobación y reconocimiento de los estados que ahora se irritan o se muestran diplomáticamente molestos ante la apertura de procesos dirigidos a exigirles responsabilidades por hechos hoy elevados a la categoría de delitos contra la humanidad.
Lo que el tribunal militar aliado de Núremberg tuvo que construir sobre la marcha --eso sí, con materiales nobles que han resistido el paso del tiempo-- más adelante fue asumido por las Naciones Unidas en las reglas de Núremberg y hoy lo tenemos plasmado, en forma de ley, en el Estatuto de la Corte Penal Internacional firmado por la abrumadora mayoría de países integrados en las Naciones Unidas, con llamativas reservas a su jurisdicción formuladas por países como Estados Unidos o China.… Seguir leyendo »
La detención de Radovan Karadzic, su puesta a disposición del Tribunal Penal para la ex-Yugoslavia (TPIY) y la apertura de investigaciones por parte del Tribunal Penal Internacional (TPI) contra el presidente de Sudán, Omar Al-Bashir, han avivado el debate sobre la utilidad y la eficacia de una justicia penal internacional.
Es importante no confundir el TPI, establecido en el 2002, que atiende casos de genocidio, crímenes de guerra y contra la humanidad cometidos por individualidades, con el Tribunal Internacional de Justicia (TIJ) de Naciones Unidas creado en 1945, que dirime conflictos entre estados.
La guerra fría impidió avanzar en la idea de una corte penal internacional.… Seguir leyendo »
La captura de Radovan Karadzic, presunto criminal de guerra en el que se reflejan todos los odios étnicos y todas las atrocidades de los Balcanes poscomunistas, concede un repentino crédito a una justicia internacional que se creía desfalleciente. También se espera en Europa que desencadene una nueva dinámica virtuosa en el Tribunal Penal Internacional para la ex-Yugoslavia (TPIY), que su controvertida fiscal Carla del Ponte había llegado a considerar en estado comatoso luego de que Slobodan Milosevic, expresidente de Serbia, fuera hallado muerto en su celda de la prisión de Scheveningen, en La Haya, sede de la jurisdicción, el 11 de marzo del 2006.… Seguir leyendo »
Utilizamos cookies para el correcto funcionamiento de la página web y analíticas para estadísticas.ACEPTARPolítica de privacidad
