A pocas semanas de expirar su mandato, el presidente Trump ha decidido nombrar un nuevo miembro del Tribunal Supremo en sustitución de la Jueza Ruth Bader. Muchos nos escandalizamos ante maniobras como esta. Pero no es, en el fondo, muy diferente de lo que nos está ocurriendo en España con el bloqueo de órganos constitucionales.
En la política de ambos países estamos asistiendo a lo que los constitucionalistas norteamericanos denominan constitutional hardball y que podríamos traducir por juego duro. Existe juego constitucional duro, dice Mark Tushnet, cuando las prácticas del Legislativo o del Ejecutivo, aun cuando se mueven dentro de las reglas escritas, están en tensión con las premisas y convenciones que sostienen el orden constitucional.… Seguir leyendo »
Las líneas generales de la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que, según se dice, Podemos ha puesto sobre la mesa del presidente del Gobierno para forzar la renovación del Consejo General del Poder Judicial llevan a establecer un inmediato paralelismo con la grave situación que ha provocado en Polonia su actual gobierno de ultraderecha.
Ya sabrán que el Poder Judicial polaco atraviesa una grave crisis y que el Estado polaco se encuentra incurso en una serie de procedimientos ante la Comisión y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por, entre otras razones, violación de los principios fundamentales que se prevén en el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea.… Seguir leyendo »
Las renovaciones del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional son hoy un asunto prioritario de la política nacional, lo que no debiera extrañar, pues se trata de dos órganos fundamentales de nuestra arquitectura constitucional. Su trascendencia es mayúscula para el normal funcionamiento de las instituciones y, por tanto, la responsabilidad política debiera aconsejar que, una vez cumplido el mandato de sus miembros salientes, se procediera a su reemplazo sin más dilación. Sin embargo, desgraciadamente para los que defendemos la vigencia del orden constitucional, en estos momentos no se dan los estándares mínimos que garantizan el normal funcionamiento que las instituciones requieren, por lo que proceder sin más a la renovación, como solicita espuriamente el Gobierno, sería un acto de irresponsabilidad política que pondría en peligro los cimientos de nuestra democracia.… Seguir leyendo »
El 14 de septiembre de 2010 se estrenó en Madrid La fiesta de los jueces, obra escrita y dirigida por Ernesto Caballero. Los protagonistas eran varios miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que, al final del solemne acto de Apertura del Año Judicial, deciden representar, en versión libre, El cántaro roto, una farsa costumbrista del dramaturgo alemán Heinrich von Kleist. En un escenario cubierto de procedimientos judiciales previamente pasados por una trituradora de papel, los actores, mediante la técnica del teatro dentro del teatro, se juzgan a sí mismos, en un original juicio popular. «La Justicia es una tierra de pelea entre los distintos partidos, continuamente puesta en solfa», dijo Santiago Ramos, que interpretaba el papel del juez Adán.… Seguir leyendo »
Mi pertenencia al Consejo General del Poder Judicial, que quizás en algún momento decline, legitima la exposición de mi entendimiento sobre un posible futuro del órgano constitucional con la finalidad de disipar las dudas que, con frecuencia de manera acrítica, plantea su designación y funcionamiento. Debe partirse de que la descripción de sus competencias puede diversificarse en dos grandes capítulos. Por un lado, con carácter principal, la capacidad de nombrar cargos judiciales y, colateralmente, todas las restantes que ciertamente no han generado críticas relevantes, pues todos los problemas detectados afectan a la política de nombramientos. Esta se ve maliciada a origen por lo que algunos consideran perniciosa designación parlamentaria con la consiguiente “dependencia” política que se irradia sobre la designación de los cargos judiciales.… Seguir leyendo »
La destitución como portavoz parlamentaria del Partido Popular de Cayetana Álvarez de Toledo está siendo ampliamente glosada por cuanto simboliza las encrucijadas que hoy atraviesan España y la formación conservadora. No añadiré más valoración general que mi agradecimiento a la diputada por Barcelona por haber demostrado mejor que nadie la necesidad de que en España se haga más política apelando a la razón y menos a las emociones.
La polémica generada se está relacionando con las noticias de una negociación entre el PSOE y el PP para renovar el órgano de gobierno de los jueces, que supuestamente podría verse ahora facilitada.… Seguir leyendo »
Como una serpiente de verano, vuelve en este extraño agosto del coronavirus la noticia de la negociación para renovar el Consejo General del Poder Judicial entre el PSOE, representado por Juan Carlos Campo, ministro de Justicia, y el responsable de Justicia del PP, Enrique López; ambos jueces de carrera.
A la mayoría de los juristas a los que los medios de comunicación nos piden nuestra opinión no nos queda más remedio que actualizar cansinamente lo que dijimos en el otoño de 2018, cuando se pactó la última renovación rota por culpa de un whatsapp revelador -publicado en exclusiva por EL ESPAÑOL- de lo que supone para algunos políticos la independencia judicial (controlar los nombramientos en los tribunales por la puerta de atrás de un presidente amigo).… Seguir leyendo »
Los partidos políticos de nuestro país se embarcaron hace ya bastantes años en un proceso de colonización que les ha llevado a ocupar todos los espacios de participación y decisión de nuestro sistema político y social.
En nuestra democracia los partidos son el instrumento esencial para la participación política plural de la ciudadanía y es lógico que exista una importante vinculación entre ellos y las instituciones que ejercen poder público. Pero esa lógica tiene unos límites, en particular los necesarios para garantizar el correcto funcionamiento del Estado de Derecho. El más importante de esos límites procede de la separación entre poderes y la independencia del Poder Judicial.… Seguir leyendo »
Además de morirnos, recuperar Gibraltar y conseguir un plan nacional de educación que sobreviva más de una legislatura, hay pocos asuntos que los españoles tengamos más asumidos como tareas inacabadas que la reforma del Poder Judicial. Para muchos, su génesis democrática expresada en el Título VI de la Constitución y en la Ley Orgánica del Consejo General del Poder Judicial de 1980 alumbraba un futuro prometedor en términos de independencia: confiaba su gobierno (“nombramientos, ascensos, inspección y régimen disciplinario”) a un Consejo formado por veinte vocales, de los cuales doce serían elegidos por y entre los propios jueces, y los ocho restantes por las Cortes entre juristas de reconocida competencia.… Seguir leyendo »
Tenemos una judicatura de la que podemos sentirnos orgullosos, pese a la ausencia de inversión en justicia y pese a los ataques políticos y presiones a los que nos vemos expuestos. Los jueces/as de este país preservan los derechos de los ciudadanos con absoluta independencia en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales y con una vocación innegable de servicio público. Pero también es cierto que, junto a esa inmensa mayoría de jueces vocacionales, los hay también en reducido número dispuestos a promover mecanismos de padrinazgo político y cadenas de favores dentro de la carrera judicial como forma de ascenso profesional.
En 1980, nuestro país gozaba de un Consejo General del Poder Judicial en el que los 12 vocales judiciales se elegían por los jueces y los ocho juristas de reconocida competencia, por las Cortes.… Seguir leyendo »
La investidura de un presidente y la formación de Gobierno abrirán las puertas para iniciar –en unos casos- o retomar –en otros- la renovación de instituciones y órganos constitucionales cuyos miembros se encuentran en la actualidad con mandato agotado. A día de hoy, esa es la situación del Defensor del Pueblo, del Tribunal Constitucional, del Tribunal de Cuentas, del Consejo de Seguridad Nuclear, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, del Consejo de Administración de Radiotelevisión Española… y seguro que me olvido de más de uno pero, en lo que ahora interesa, también lo es del Consejo General del Poder Judicial.… Seguir leyendo »
Desde la perspectiva de la praxis constitucional, el Consejo General del Poder Judicial se ha revelado un órgano incómodo.
La opinión pública percibe al Consejo General como una institución extremadamente politizada, cuya actuación distorsiona la imagen de independencia e imparcialidad que debe caracterizar el ejercicio de la potestad jurisdiccional por jueces y magistrados.
Distintos especialistas del ámbito académico y también numerosos analistas políticos coinciden en señalar de forma rotunda el fracaso del calificado autogobierno judicial. Objetan tanto la designación de los vocales del Consejo General como aspectos relativos a la determinación de la composición, estructura y organización.
A este escenario de desafección institucional y social contribuye la parquedad e indeterminación de la definición del Consejo General del Poder Judicial como “órgano de gobierno del mismo” que efectúa la Constitución, en la medida que resulta equívoca.… Seguir leyendo »
El mandato del actual Consejo General del Poder Judicial terminó el 4 de diciembre de 2018. Lleva en funciones desde entonces y seguirá en ellas al menos otro medio año, ejerciendo todos los poderes del órgano. Ha ocurrido otras veces. Pero el Consejo de 2013 está particularmente desautorizado, porque fue designado tras una reforma legislativa muy criticada, que concentró sus poderes en la mayoría y en su presidente, y cuyo resultado gustó tan poco que hasta los impulsores de aquella apoyaron en 2018 otra reforma que lo devuelve al sistema anterior.
Conviene analizar la política, también la judicial, de modo realista: como aconseja Alejandro Nieto, procurando entender cómo es y cómo funciona y además por qué es así y por qué funciona así.… Seguir leyendo »
La calidad de un sistema democrático se mide principalmente por tres criterios: 1. Respeto a los derechos fundamentales; 2. defensa del imperio de la ley; y 3. existencia de la separación de poderes. Se podría discutir si incluir algún otro criterio, pero no que los tres apuntados son decisivos en un verdadero sistema democrático. Vamos a centrarnos en el análisis del tercer criterio: la separación de poderes, donde, como es sabido, su columna vertebral es la independencia del poder judicial del resto de poderes del Estado que controla.
La ministra de Justicia, Dolores Delgado, se reunió el pasado 10 de enero con las siete asociaciones que representan a los jueces y fiscales de nuestro país.… Seguir leyendo »
Además de morirnos, recuperar Gibraltar y conseguir un plan nacional de educación que sobreviva más de una legislatura, hay pocos asuntos que los españoles tengamos más asumidos como tareas inacabadas que la reforma del Poder Judicial. Para muchos, su génesis democrática expresada en el Título VI de la Constitución y en la Ley Orgánica del Consejo General del Poder Judicial de 1980 alumbraba un futuro prometedor en términos de independencia: confiaba su gobierno (“nombramientos, ascensos, inspección y régimen disciplinario”) a un Consejo formado por veinte vocales, de los cuales doce serían elegidos por y entre los propios jueces, y los ocho restantes por las Cortes entre juristas de reconocida competencia.… Seguir leyendo »
Al final de la década de los 70 las ideas de la Transición estaban en el ambiente, de modo que ésta era la atmósfera en la que se desarrollaba la vida política. Los políticos respiraban el espíritu de la Transición, en el que aparecía como elemento importante la creación de un órgano nuevo, el Consejo General del Poder Judicial, cuya función habría de ser la de garantizar la independencia de los jueces, atribuyéndole para ello los cometidos -nombramientos, asensos, etcétera-, anteriormente en manos del Poder Ejecutivo, que pudieran afectar a esa independencia. Se tenía por cierto que en su composición sólo los ocho abogados y juristas de reconocida competencia iban a ser elegidos por las Cortes, en tanto que los otros 12 serían jueces elegidos por los propios jueces.… Seguir leyendo »
La Asociación Judicial Francisco de Vitoria ha decidido promover, junto con las asociaciones que se quieran sumar, una propuesta de modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial en lo relativo al modo de designación de los vocales de origen judicial; son doce, designados desde 1985 en su totalidad, junto con los ocho que les atribuía el artículo 122 de la Constitución, por Congreso y Senado. Se pretende que sean elegidos por sufragio directo por jueces y magistrados.
Y lo ha hecho, por un lado, por ser algo que ha venido defendiendo desde siempre, en coherencia con el principio general de que en el gobierno de todo organismo o corporación intervienen sus miembros, que participan en la elección de sus órganos rectores.… Seguir leyendo »
Elegidos por los jueces y los magistrados los 12 vocales de origen judicial, y por los parlamentarios los de directa designación política, tal como mandaba la Constitución, el primer Consejo General del Poder Judicial inició su caminar, y como primero de sus actos procedió libremente a la votación del presidente del Tribunal Supremo, que como función inherente a su cargo incluye la de presidir el propio Consejo. Esto ya nunca volverá a acontecer. A partir de entonces, en los sucesivos Consejos, la votación del presidente del Tribunal Supremo será una ficción, un mero juego de cartas marcadas en el que la decisión del Gobierno en colusión con el partido mayoritario de la oposición pasará por encima de la voluntad rendida de los vocales electores.… Seguir leyendo »
Alfonso Guerra asesinó, o al menos enterró, a Montesquieu en el imaginario popular, por más que el político socialista lo desmintiese en sus memorias con poco éxito. En realidad, el crimen atribuido a Guerra era injusto, ya que la víctima no era Montesquieu, sino una versión posterior, edulcorada y dogmática: el Estado constitucional como máquina de precisión, capaz, por arte de birlibirloque, de garantizar la libertad ciudadana por su simple despliegue jerárquico y luminoso. Lo curioso es que a Montesquieu lo de la separación de poderes no le importaba gran cosa, como descubrí con sorpresa, al leer, hace ya muchos años, Del espíritu de las leyes y encontrarme buscando por todas partes tan conocida doctrina, sin apenas encontrarla.… Seguir leyendo »
Decía Forrest Gump, el personaje de la novela de Winston Groom que Robert Zemeckis llevó al cine con gran éxito de público, que tonto es el que hace tonterías. Imagino que también puede aplicarse al que las dice. O al que las escribe.
Esta asociación de ideas me vino el domingo por la noche a la cabeza, precisamente mientras leía las noticias en este mismo diario para el día siguiente. Como soy suscriptor, puedo leer la edición del día siguiente la noche previa a su publicación. Se conoce que en este diario están más interesados en la información de sus lectores que en su descanso, porque hay noticias que quitan el sueño y te las dan así, sin pan y sin posibilidad de tener un día para digerirlas.… Seguir leyendo »
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