Pagos transparentes

Incrementar el uso de los pagos electrónicos en España es una tarea pendiente que este país debe afrontar si no queremos perder el tren de la economía digital. Pese a que las administraciones públicas son conscientes de los beneficios de la digitalización, los números siguen sin mostrar un avance real en España en el ámbito de los pagos electrónicos. No hay más que ver los datos del Banco Central Europeo: el 87 por ciento de las transacciones comerciales en España se realizan en efectivo. Sólo tres estados de la Unión Europea utilizan más el efectivo en sus pagos: Malta (92 por ciento), Grecia (88) y Chipre (88). Tampoco España consigue buenos resultados en aceptación de medios de pago alternativos al efectivo. A pesar de que un reglamento europeo bajó las comisiones de los pagos con tarjeta en 2015 -al que España se adelantó bajándolas a la mitad que la media europea para cuantías de pequeño importe-, sólo el 66 por ciento de los puntos de venta de nuestro país aceptan pagos electrónicos, mientras que la media europea alcanza el 72 por ciento.

En cuanto a economía sumergida, los datos tampoco son alentadores: la práctica totalidad de los estudios que miden la economía informal nos sitúan por encima de la media de los países de la OCDE y de la eurozona en porcentajes que varían, según la metodología utilizada, entre el 18,5 y el 24,5 por ciento del PIB.

Ante esta situación, nos encontramos en un momento en el que Gobierno y partidos en la oposición están promoviendo los pagos electrónicos o, al menos, así se manifiestan. Pero algunas medidas parecen moverse en sentidos opuestos. Durante la transposición de la segunda directiva de servicios de pago, el anterior Gobierno promovió la obligación a empresarios o profesionales de ofrecer a los consumidores la posibilidad de utilizar instrumentos de pago alternativos al efectivo en transacciones superiores a treinta euros. Sin embargo, en el texto definitivo aprobado por real decreto-ley hace apenas unas semanas, se prescindió de esta medida. Mientras, el Congreso aprobaba recientemente una proposición no de ley para combatir el fraude fiscal, limitando los pagos en efectivo a mil euros y estableciendo el derecho de los consumidores a pagar con tarjeta de crédito importes superiores a diez euros.

En paralelo, el Gobierno ha anunciado su intención de presentar un proyecto de ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal donde, entre otras medidas, se pretende reducir de 2.500 a 1.000 euros las operaciones en efectivo en las que alguna de las partes actúe en calidad de empresario o profesional, y de 15.000 a 10.000 euros los pagos en efectivo para no residentes. Estas reducciones son positivas, aunque siempre cabe la posibilidad de ser más ambicioso instando, como establece la directiva sobre prevención del blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, a adoptar disposiciones más estrictas por parte de los estados miembros. Es relevante destacar que los pagos electrónicos aportan cuantiosos beneficios, tanto a consumidores y comerciantes, como a las administraciones públicas, aportando más seguridad y menos costes de gestión; más comodidad y rapidez a la hora de hacer los pagos, mayor control sobre la recaudación y una mayor planificación de políticas públicas para mejorar la experiencia de los ciudadanos y los turistas.

Debido a esto, las administraciones públicas tanto a nivel local, autonómico o nacional, están empezando a prestar especial interés a los pagos electrónicos para promover políticas públicas que reviertan beneficios para sus economías, como son el turismo de compras, la digitalización de los comercios minoristas o la integración de la tecnología EMV en el transporte público. Sin embargo, y a la luz de los datos aquí expuestos, es evidente que los españoles contamos con una menor cultura en el uso de pagos electrónicos que otros países de nuestro entorno. Y aunque vamos mejorando en el índice de la economía y sociedad digitales de la Comisión Europea (Desi), aún queda mucho camino por recorrer y avanzar en el uso y aceptación de los pagos electrónicos.

La fragmentación del Parlamento, en el momento actual, dificulta que se puedan aprobar nuevas leyes. Pero los riesgos a los que nos enfrentamos son importantes: la experiencia ha mostrado cómo las políticas de incentivo de uso y aceptación de medios de pago electrónicos están reduciendo la economía sumergida en los países nórdicos, y aumentando la recaudación fiscal. Y es que por mucho que en el pasado se bajaran las comisiones en el pago con tarjetas, los datos del BCE son demoledores: el uso de las tarjetas no está aumentando lo que se preveía. Si España no quiere continuar en los puestos de cola de Europa en el uso y aceptación de medios de pago electrónicos, si queremos ser efectivos en la lucha contra la economía sumergida y en fomentar mayor transparencia y eficiencia en pagos públicos y privados, las administraciones públicas deben implicarse a fondo para impulsar y garantizar una mayor aceptación de medios de pago distintos al efectivo.

Pascual Fernández es Presidente del Colegio de Economistas de Madrid.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *